La reunión en Puerto Iguazú congregó a los gobernadores de las provincias mas pobres del país, del noroeste y el noreste argentino. La agenda, sin embargo, no se concentró en cómo superar las condiciones de pobreza de la región, ni tocó siquiera el problema ambiental que atraviesan las provincias del norte y que se manifiesta actualmente bajo una sequía enorme. La agenda estuvo dominada por los paquetes de subsidios y obras públicas, cuyos beneficiarios centrales no son los golpeados trabajadores del norte argentino sino los grupos capitalistas locales, las llamadas “economías regionales”. La defensa de estos lobbys, responsables de la crisis social del norte del país, unifica desde el radical jujeño Gerardo Morales al kirchnerista chaqueño Jorge Capitanich.

Gran parte de la reunión tuvo su centro en un conjunto de reclamos sobre obras y subsidios para las provincias del norte. Ocurre que el paquete de obra pública que se había negociado en ocasión de la sanción del Presupuesto 2022 quedó en veremos luego de que cayera el tratamiento del mismo. Las llamadas “economías regionales”, o sea de los intereses del capital que actúan en cada una de las provincias, dependen fuertemente de fondos públicos para realizar sus negociados.

Logística

Un conjunto de estas obras están concentradas en el llamado “corredor bioceánico”, el sistema de transporte que conecta la costa chilena con la brasileña por el norte argentino. Este corredor se conecta con la Hidrovía Paraná Paraguay, que requiere obras de dragado y mantenimiento de puertos en todo el litoral. Las obras en torno a este complejo son centrales para todas las oligarquías provinciales. Esta llamada “integración” está puesta al servicio de un desarrollo extractivista y del monocultivo, sea sojero (en el Chaco, este de Salta y Santiago del Estero), del citrus en Tucumán, o maderero en Misiones. Los costos de los fletes son un punto crucial para continuar la expansión de la frontera agraria en toda la zona, por lo cual las obras con fondos públicos van a alimentar nuevos desmontes y enormes desequilibrios ambientales.

Mientras se desarrolla la reunión se quema gran parte de la provincia de Corrientes y avanzan los incendios también en Misiones, alimentados por una sequía profunda que además se pone de manifiesto en la bajante histórica de los ríos. Pero la agenda central sigue pasando por el desmonte y la expansión de la frontera agraria.

Energía

Un segundo gran punto en discusión es la cuestión energética, con el pedido de mayores subsidios. Efectivamente, en una zona que en gran parte de su territorio carece de conexión de gas (el gasoducto del NEA todavía no tiene prácticamente conexiones domiciliarias), el costo de la energía eléctrica es confiscatorio sobre los usuarios y frena proyectos de desarrollo industrial. Los que sí se desarrollan, vinculados a viejos negociados oligárquicos, suelen contar con esquemas propios de subsidio energético a través de parques industriales, como ocurre con el tanino, las textiles, y otros.

Frente al reclamo de mayores subsidios el gobierno se comprometió a alimentar con 1.000 MW extra las redes del norte. Sin embargo, el reclamo de mantenimiento de los subsidios choca con las promesas de reducción del déficit al Fondo Monetario. El gobierno prepara un tarifazo en regla. Y los propios gobiernos provinciales lo están llevando adelante.

Transporte

Otro punto importante de la reunión fue el tema del subsidio a la tarifa de transporte. Se anunció un aumento en los subsidios de un 72% sobre el 2021, superior a la inflación. El gobierno intentará descargar este aumento sobre los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires, mediante el traspaso de las lineas de colectivo a la Ciudad de Buenos Aires. Esta redistribución implica en realidad un ajuste en sintonía con lo reclamado por el FMI, porque el monto total va a una reducción.

Hay que hacer notar que la tarifa de colectivo en el norte del país oscila entre $40 y más de $60 (en los casos de Corrientes o Misiones). Estas tarifas confiscatorias, junto a los subsidios, alimentan una caja negra fuera de control de los usuarios y trabajadores. Es que el sistema de transporte está fuertemente controlado por grupos locales, monopólicos. El grupo Ersa en Corrientes, Chaco y Formosa, Saeta en Salta, Don Casimiro en Posadas. En cada una de las provincias, usuarios y trabajadores han reclamado por las condiciones del servicio y las tarifas, denunciando los negociados de las empresas y los gobiernos.

En materia del transporte de pasajeros, como en la de obra pública o energía, la agenda de los gobernadores está dictada por los negociados de los grupos de poder locales.

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