Diputados y senadores recibirán un 40% de aumento en sus dietas, con lo que sus sueldos rondarán los 300 mil pesos, muy por encima del sueldo de los trabajadores, la mitad de los cuales gana menos de 65 mil pesos, y de las jubilaciones, que en el caso de la mínima asciende a apenas 23 mil pesos.

Este nuevo “dietazo” pone fin a un congelamiento en las dietas que se había dispuesto en diciembre de 2019, como “gesto político” en medio de la anulación de la movilidad jubilatoria. Pero mientras que los legisladores ahora recomponen sus sueldos, los jubilados se han quedado con un nuevo índice que calcula a la baja los haberes.

El nuevo aumento de los congresistas obedece a que sus sueldos están enganchados al del personal legislativo, que acaba de cerrar su paritaria. Los diputados y senadores ganan un 20% por encima de un empleado administrativo de la categoría más alta del Congreso. El problema obviamente no son los trabajadores legislativos, sino las dietas del personal político, cuyo aumento debería correr por otro carril.

Diputados y senadores no son los únicos privilegiados. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y los jueces también tienen sueldos elevadísimos. Es el personal estatal de la burguesía, que se ve debidamente recompensado por sus servicios cotidianos a la clase dominante.

En diálogo con la emisora Cadena 3, el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, señaló que “no es la magnitud del gasto [lo más importante], es el hecho político de que ganen 300 lucas cuando un laburante tiene un promedio de 30 mil mangos”, en referencia al ingreso promedio de los trabajadores del Gran Córdoba.

Y recordó la lucha contra el “dietazo” de 2016, cuando un pacto entre bastidores de Emilio Monzó y Héctor Recalde (entonces presidente de la Cámara de Diputados y del bloque del peronismo, respectivamente) dictaminó un aumento vía la duplicación de los gastos de representación (un componente del sueldo) y de los canjes por pasajes no usados.

La acción de los diputados del Frente de Izquierda desenmascaró la maniobra en el parlamento. Ante el malestar popular causado por la repercusión del tema, Macri se vio obligado a ordenar a Monzó que la dejara sin efecto. “Estábamos en medio del ajuste macrista y esto resultaba una cosa escandalosa”, rememoró Pitrola, entonces diputado nacional. Nueve meses después, sin embargo, cuando bajó la espuma, Cambiemos y el PJ volvieron a pactar y aplicaron el aumento.

Pitrola defendió el proyecto presentado como diputado, que aún tiene estado parlamentario, que plantea que los legisladores ganen cuatro salarios mínimos. “Si quieren mejorar el salario de ellos, van a tener que mejorar el salario mínimo de la población que hoy son $26.500”, apuntó.