El lunes 23 se llevó adelante una nueva audiencia pública con las distribuidoras de electricidad que operan en el AMBA, Edesur y Edenor. Estas reclaman nuevos tarifazos, amenazando con cortes de luz y el no pago de sus deudas. El interventor del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, simuló una pose de rechazo, pero es el propio gobierno el que habilitó la audiencia, en el marco de su política fondomonetarista de facturar a la población el ajuste en los subsidios.

Lo que se discute es el aumento del valor agregado de distribución (VAD) que remunera a las empresas distribuidoras y conforma una parte de la boleta de la luz. Es el último eslabón de la cadena energética que provee el servicio a los hogares y empresas. Recordemos que las tarifas ya vienen de ser aumentadas por la segmentación que reconoció un mayor precio a las generadoras eléctricas, en una medida orientada a recortar subsidios para cumplir con la meta fiscal impuesta por el FMI.

Edenor y Edesur alegan que, de no otorgarse los aumentos que piden, no podrán cumplir con las inversiones comprometidas para el mantenimiento del servicio. Esto cuando el gobierno además viene de condonarles $52.000 millones de los casi $500.000 millones adeudados a Cammesa (la administradora mayorista estatal del sistema eléctrico), acumulada porque no le pagan buena parte de los despachos de energía.

Sin embargo, las empresas continúan sin invertir un solo peso, algo de lo que dio cuenta el apagón del 1 de enero que dejó a 400 mil usuarios sin luz, o el corte del suministro durante el fin de semana largo de diciembre que afectó a más de 500 mil usuarios del Amba. En Berazategui se están organizando protestas por la falta de suministro.

Este descontento además es una realidad nacional. En Salta se está llevando adelante una verdadera rebelión de vecinos y usuarios contra el tarifazo en las facturas de la luz de diciembre, que hicieron retroceder al gobernador Gustavo Sáenz, quien debió retrotraer parte de los aumentos, aplicar multas a las distribuidoras por el pésimo servicio, y hasta tuvo que responder al reclamo histórico de establecer un subsidio a la tarifa por zona caliente a nivel provincial.

Estas empresas, además de monopolizar el servicio de distribución, están en otros sectores de la producción eléctrica que se benefician con los tarifazos. Edenor cambió de manos, Pampa la vendió a un grupo controlado por José Luis Manzano, Daniel Vila (quienes también son dueños de la mendocina Edemsa) y Filiberti.

Enel puso a la venta los activos de Edesur en Argentina y en varios países de Latinoamérica, es decir se desprenderá de la distribuidora y cederá sus operaciones alegando que los precios de las tarifas no se condicen con los altos precios internacionales de la energía. La italiana también es propietaria de centrales térmicas a gas, como Costanera y Dock Sud, y de la hidroeléctrica El Chocón. Además, posee las líneas de transmisión CTM y Tesa, que conectan los sistemas de energía eléctrica del noreste argentino con Brasil, y Yacylec, transportadora de la energía de Yacyretá. Es decir, un pulpo energético que continuará pugnando por mayores beneficios a sabiendas de que cuenta con la propiedad de la mayor parte de la producción.

Los salarios, por su parte, no corren la misma suerte que las tarifas. Las paritarias han cerrado en un promedio del 80% para 2022, muy por debajo de los niveles inflacionarios, y el salario mínimo no supera la línea de indigencia. Sin embargo, muchos ingresos familiares quedaron en los niveles más altos según la segmentación tarifaria (el 35% de los usuarios de la ciudad de Buenos Aires y el 28% de los usuarios del conurbano), haciendo que los aumentos incrementen los precios en casi un 80%. En tanto, el FMI exige un redoble del ajuste para el primer semestre de 2023, lo que vendrá acompañado de mayores aumentos en las tarifas y el recrudecimiento del ataque a los ingresos de la población laboriosa.

El suministro eléctrico no puede estar en manos de estas patronales parasitarias que viven del Estado, y el peronismo ha fracasado en resolver las necesidades básicas de la población, como es la energía. La solución requiere la apertura de los libros de las empresas del sector a trabajadores y usuarios, la intervención de toda la cadena energética y un plan de inversión y refacción de todo el sistema de distribución energética.

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