No es inocente que en el marco de los debates sobre el feriado del 24 de marzo un funcionario del macrismo nuevamente salga a cuestionar el número de desaparecidos en la dictadura militar e incluso niegue la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas y robo de niños en el periodo de la dictadura militar. No es inocente ni una postura aislada, refleja el objetivo político de este gobierno de un nuevo punto final al juzgamiento de los genocidas.

 

Esta vez, fue el reciente restituido jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Sus declaraciones  reflejan el compromiso del actual gobierno con los sectores militares y de derecha que vienen batallando por el final de los juicios contra los genocidas y como en este caso son parte del gobierno.

 

El funcionario, quien fuera defendido por la “demócrata” Elisa Carrió cuando recientemente se lo acusó por corrupción, tiene entre sus antecedentes haber participado como “carapintada” en dos levantamientos contra el gobierno de Raúl Alfonsín, durante la semana santa de 1987 y en enero de 1988.

 

Sus vinculaciones con el gobierno del Pro son de larga data. Fue director de la Agencia Gubernamental de Control porteña durante el mandato de Mauricio Macri y el  incendio de Iron Mountain, donde murieron diez bomberos aplastados por una pared mientras combatían las llamas.

 

En sus  declaraciones, el funcionario macrista niega la existencia de un plan premeditado de represión y exterminio, llegando incluso a defender el accionar militar, justificándolo en el marco de una “guerra”, donde las desapariciones serían el resultado de medidas “caóticas y descentralizadas” en lugar de un plan genocida. También negó la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores.

 

Nada de lo referido es nuevo ya que el propio Macri se refirió a  la “guerra sucia”, al expresarse sobre los desaparecidos.

 

El “plan sistemático genocida” fue negado -salvo en raras excepciones- por la Justicia en la era K. Se admitió que se trataba de delitos de lesa humanidad, llevados adelante por la estructura del Estado, pero se negó la existencia de un plan genocida contra una generación militante y sus organizaciones.

 

Las declaraciones de Gómez Centurión acerca de que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras”, excede el objetivo de minimizar el número de desapariciones. Apunta a desautorizar a los organismos de derechos humanos que han luchado por Memoria Verdad y Justicia tratando de presentarlos como mentirosos.

 

Estas declaraciones son una expresión más de la política actual del gobierno nacional de minimizar las consecuencias de la represión dictatorial, política de Estado en búsqueda de un definitivo nuevo Punto Final.

 

• Apertura ya de todos los archivos de la dictadura.

 

• Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas por todos los compañeros.