El gobierno nacional, sus socios opositores y los medios oficialistas han lanzado una intensa campaña contra cuatro extranjeros detenidos en la cacería policial del miércoles 24,  que supone un salto en calidad de su larga política antimigrantes y en el avasallamiento de las libertades democráticas.

Los hermanos venezolanos Felipe y Eduardo Puelo Artigas, el paraguayo Luis Fretes y el turco Anil Baran fueron detenidos de forma arbitraria en las inmediaciones del Congreso, cuando la policía avanzaba contra la manifestación de repudio al Presupuesto del FMI y levantaba a manifestantes y transeúntes al voleo.

Los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad) realizaron una conferencia de prensa en la que defendieron los atropellos policiales, acusaron a los migrantes –sin poder exhibir prueba alguna- de pertenecer a “grupos violentos que intentaron poner en riesgo el ejercicio de la democracia” y anunciaron que esperaban “poder expulsarlos del país lo más rápido posible”, cuando no cuentan siquiera con una condena por delito alguno. El plan de deportación exprés supone la cancelación inmediata de su residencia (ya anunciada) y la realización de un “juicio abreviado”, que, espera el Ejecutivo, se resuelva el lunes mismo. El término es mentiroso, ya que para ser un “juicio abreviado” debería haber acuerdo de los acusados; lo que espera el gobierno, que ya los condenó de antemano, es un juicio sumario. No hay pretensión alguna de calificar y resolver hechos en base a pruebas. Horacio García, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, fue claro: “sería una solución para poder expulsarlos y que tengan su debido proceso judicial” (nótese el orden de las acciones). El diario La Nación dice que “en el gobierno no ocultan su fastidio por la demora de la Justicia”, cuando no pasaron tres días de los hechos (La Nación, 26/10). El senador del PJ Miguel Ángel Pichetto, de extenso historial xenófobo, fue más lejos: dijo que esperaba “ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país”, denunció la marcha contra el Presupuesto como un “hecho preinsurreccional” y protestó porque entren venezolanos al país.

El ataque gubernamental vino acompañado por un sinfín de calumnias e intrigas contra los migrantes en los medios oficialistas, para crear un clima condenatorio. Infobae publica que los hermanos Artigas “serían agentes desestabilizadores del gobierno de Nicolás Maduro” porque “una fuente segura de la AFI contestó con un lacónico ‘sí, es lo más probable’ a la consulta” de si lo eran (¡!), lo que le bastó al ministro de Justicia porteño Martín Ocampo para sugerir un complot continental: “si hay una organización vinculada al Estado venezolano que viene a la Argentina a realizar actos de violencia, ya es un conflicto internacional”. En clave de espionaje macartista, La Nación (lo mismo Clarín) busca demonizar al turco Baran a partir de sus publicaciones de Facebook: “se lo puede ver como partícipe de marchas, como la de repudio a la llegada de Obama en 2016 y en una visita a la casa de Ernesto “Che” Guevara en Alta Gracia” (La Nación, 26/10). Y aprovecha para hacer referencia a “una de las hipótesis que barajaban en el gobierno respecto de que los detenidos podrían haber ingresado al país recientemente para ocasionar disturbios en repudio de la cumbre del G-20”, incluso cuando el mismo artículo debe reconocer que la residencia de Baran y del paraguayo Fretes refuta esa “hipótesis”.

De Cané y Roca al Decreto 70/2017

La acción del gobierno recuerda inevitablemente a la nefasta Ley de Residencia de 1902, que habilitaba a la expulsión de inmigrantes sin juicio previo. La norma, pedida desde hacía años por la Unión Industrial Argentina y los más destacados cuadros de la oligarquía, apuntaba a golpear al movimiento obrero por la vía de la deportación de luchadores anarquistas y socialistas provenientes del exterior, en el cuadro de crecientes luchas de los trabajadores abierto por la huelga ferroviaria de 1888. También tuvieron sus operadores mediáticos: en noviembre de ese mismo año, La Prensa afirmaba que “una ley de defensa del país contra aquel elemento perturbador, que faculte a los Poderes Públicos para embarcar a todo individuo convicto de la prédica mencionada contra el orden social, y devolverlos a sus países, matará la única simiente posible y allí terminará la lucha” (29/11). La norma estuvo 56 años en vigencia, y desde 1946 fue utilizada por el gobierno de Perón contra trabajadores “contrarios a la CGT”, superando al texto original “al decidir el destino final de la víctima deportada, permitiendo su castigo en el país de origen, bajo un yugo militar”, como fue el caso de portugueses puestos en manos de la dictadura de Salazar y griegos que quedaron “en el campo de concentración de Makronisos” (Anred, 4/2/2012).

La persecución a los migrantes está en el ADN del gobierno, que la plasmó en su decreto 70/2017, que apunta a la criminalización y posterior expulsión de extranjeros –como vienen denunciado las organizaciones de la Campaña Migrar No es Delito. Frigerio, de hecho, se jactó ayer de que “en los últimos 12 meses tuvimos más deportaciones que en los últimos diez años” (Infobae, 25/10). En la Ciudad de Buenos Aires, las razzias contra los trabajadores ambulantes senegaleses se han hecho no solo más frecuentes, sino cada vez más grandes. El macrismo hasta puso en marcha una app en los celulares de funcionarios y policías de la Ciudad para perseguir a quienes tienen una situación irregular en materia de documentación, mientras son empujados crecientemente a ello por largas demoras (de hasta dos años) en los turnos, el encarecimiento de los trámites y todo tipo de obstáculos –transformándolos así en mano de obra aún más barata para las empresas, como un ariete contra los salarios de toda la población trabajadora. 

Entusiasmado por el fenómeno Bolsonaro, el gobierno y sus cómplices dan con el operativo contra Fretes, Baran y los hermanos Artigas un salto en esta política. Se dirigen con ello, como sus antecesores, contra la movilización popular, y es la movilización popular la que deberá quebrar esta campaña infame. Abajo las imputaciones. No a la quita de la residencia. Abajo las deportaciones. Viva la unidad de los trabajadores de todos los países contra el ajuste y la persecución de los gobiernos capitalistas.