A un mes del hallazgo del cadáver de Omar Carrasco, “se sabe todo de la víctima, pero nada del victimario”; asó lo denuncian los propios abogados de la familia de Omar Carrasco. La manifestación más clara del encubrimiento montado por el alto mando militar y el poder ejecutivo es que no ohay un solo imputado por el crimen: “La investigación se traba desde el Ministerio de Defensa y en el regimiento de Zapala”, denuncian los mismos abogados, “se insiste con un pacto de silencio” (Río Negro, 27/4).

“Acá no hay sólo un homicidio… está el encubrimiento, haber mantenido durante tanto tiempo las comunicaciones indicando su fuga”, ha dicho el forense, denunciando la “lentitud pasmosa” (y deliberada) de la “investigación” (Ambito Financiero, 27/4). Hay que añadir que, en el curso de esos treinta años, altos oficiales de la brigada desparramaron la versión de la “deserción” y, más tarde, estuvieron en condiciones de asegurar que era Carrasco el cadaver que la justicia federal no lograba identificar.

La detención de un oficial y de un suboficial por la parte de la justicia militar, que los acusa de “abuso de autoridad” es, para los abogados de la familia “una cortina de humo, parte del encubrimiento” (Río Negro). Según La Nación (23/4), “el envío del sumario coincde con el intento de algún sector oficial de vincular a estas personas con el asesinato y así atenuar la prsión … calmar a los legisladores y a la opinión pública”(23/4).

A esta altura, dice La Nación (25/4)… “existirían muy pocas dudas (de que la cadena de complicidades en el ocultamiento del cadáver y del hecho treparía grados por encima del de subteniente (pero) la trama de complicidades explicaría porqué la investigación no puede ir más allá de Sanchez o Canevaro” (los detenidos).

Desobediencia civil y “estado de derecho”

El “pacto de complicidad y de silencio” se completa con la destrucción de pruebas en el regimiento de Zapala, la intimidación a los conscriptos que volvieron al cuartel y la “libertad vigilada” para los conscriptos que no retornaron y a los cuales el juez acaba de rechazar un recurso de amparo. “Los soldados saben, pero tienen miedo y se callan”, dice la madre de Omar Carrasco (Río Negro, 22/4).

Los 51 conscriptos tienen ahora 30 días de licenciamiento mientras se apela el fallo del juez y otros 30 si se va a la Corte. Gracias a este mecanismo se logra que la justicia respalde el reclamo del alto mando para que los soldados vuelvan al cuartel y sea ratificado el servicio militar, sin el riesgo de provocar al mismo tiempo una desobediencia generalizada de padres y conscriptos. Precisamente, debido a esta situación la presión sobre los soldados se ha acentuado, como lo prueba la citación, por parte del juez militar, paxra que presten declaración los 51 conscriptos sobre el tema de “abusos de autoridad”. En definitiva, es la justicia militar y no la civil, la que está poniendo “orden”.

Tapar el crimen: una “cuestión de estado”

Porque los encubridores y los responsables superiores de estos resisten en el cuerpo de oficiales y en el alto mando, el propio Menem ha salido a enfrentar violentamente las movilizaciones por el juicio y castigo como un ataque a las “instituciones” (“individuos que perdieron en la guerra de la subversión, dijo, (quieren) enfrentar al pueblo con las fuerzas armadas”).

Lo que está en juego explica la política de complicidad con el alto mando de parte de la UCR y el Frente Grande. La UCR dejó morir su proyecto de ley de licenciamiento de los conscriptos de Zapala, cuando Camilión proclamó en el Parlamento que había una razón de “estado” y “no  legal” para oponerse: “lo piden los generales” (Clarín, 22/4).

En la segunda marcha del “silencio” en Zapala, no se vieron funcionarios, ni legisladores, ni autoridades” (Río Negro, 27/4).

El obispo frentegrandista, de Nevares, se ha  sumado a esta política de boicot al “advertir” que “existe gente  que pretende ‘infiltrarse’ en las movilizaciones” para “crear un clima contra las Fuerzas Armadas en general” (reportaje en El Tribuno, Salta,24/4).

Todo esto plantea la necesidad de profundizar la movilización política por el juicio y castigo a los culpables y encubridores.

Madres de Plaza de mayo, Familiares y otras organizaciones combativas de Derechos Humanos deberían asumir la responsabilidad de llamar a todas las organizaciones de la juventud, sindicales y políticas, a organizar una marcha a Plaza de Mayo.