El "orden" reina en la ciudad "autónoma"
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Aunque el nuevo Código de contravenciones porteño terminó de aprobarse en la madrugada del viernes 24, el camino de su sanción ya había sido largamente abonado por Macri, Ibarra y Kirchner. Durante meses, estos últimos presentaron al Código como una “escalada del macrismo”. Pero el 80% de sus artículos fueron "consensuados* con transversales y progres. Para la última sesión, quedaron los artículos “controvertidos", donde estos últimos se reservaron la posibilidad de “votar en minoría", pero habilitando la sesión. “Lo importante es que tenemos un nuevo Código", festejó Aníbal Ibarra. El macrismo hizo el trabajo sucio de fogonear el estatuto reaccionario que aplicarán los “progresistas" de la dudad, bajo la batuta de la Federal.
La Federal al poder
Uno de los méritos que se atribuyen los diputados del progresismo es haber introducido, en las nuevas figuras contravendonale8, términos dirigidos a “atenuar* su alcance. Así, será punido quien “ofrezca o demande sexo" en la calle, pero si lo hace “de manera ostensible". O castiga la venta ambulante con características “lucrativas", aunque no aquella que asegure “la mera subsistencia” de quien la ejerce. ¿Quién determinará los límites de la ostensibilidad del sexo, o de la lucratividad de la venta callejera? “La mayor parte de las actuaciones quedarán a cargo de la Policía Federal, lo que le otorga un formidable poder a esa fuerza" (Página/12, 25/9). Sólo en el caso de la prostitución actuarán previamente los fiscales, aunque las “denuncias de vecinos”, de todos modos, se realizarán -o se fabricarán previamente- en las comisarías. Como se ve, la creación de un Estado policial en la dudad comienza con un reforzamiento sustancial de sus “recursos propios”.
¿Espacio público?
Para la Legislatura y el gobierno el nuevo Código preserva el “espacio público". En realidad, la persecución a vendedores ambulantes y meretrices callejeras entrega ese mismo espacio a los capitalistas que procuran su acaparamiento. Los vendedores “autorizados” serán aquellos “arreglados” con la burocracia del “sindicato de vendedores”, en acuerdo con los inspectores de habilitaciones y los monopolios de la industria frigorífica (embutidos). Por su parte, la persecución a las meretrices callejeras apunta en dos sentidos: en primer lugar, a favorecer la prostitución de “puertas adentro” o las casas de masajes, los cabarets o departamentos profusamente anunciados en nuestros dignos “diarios de negocios”. La norma sancionada prevé, por otra parte, la creación de “espacios públicos autorizados”, esto es, una “zona roja”. La creación de la misma estará precedida, seguramente, por una feroz pelea entre zonas “liberadas” o no para la “oferta de sexo”. Pero si se ponen de acuerdo, la “zona” estará regenteada... por la Policía. Es que el Código habilita, para los azules, el “gerenciamiento” de este futuro mega-cabaret callejero.
Permiso para luchar
Finalmente, el nuevo Código incorporó las sanciones para las marchas, movilizaciones o piquetes, que deberán anunciarse “con razonable antelación” y someterse a las indicaciones del gobierno, es decir, convertirse en desfiles. La Policía o los fiscales determinarán cuándo se está ejerciendo-o no- este “derecho a peticionar”. De todos modos, la reglamentación de la lucha popular por medio del “derecho” entraña la restricción. La reglamentación para ganar las calles habilita también el monopolio de su propio espacio a los dueños del suelo, del espectáculo o de la salud. La confiscación del derecho a manifestar sólo puede enfrentarse ejerciendo, sin cortapisas, la acción directa.
Contra el Argentinazo
El nuevo Código está redactado contra las asambleas populares -que no podrán ocupar recintos ociosos-, los piqueteros -que no podrán obstruir el tránsito-, los ahorristas -que serán penados por “merodear ante los bancos”-, los deudores hipotecarios -que no podrán “bloquear subastas”- y el pueblo en general -que deberá “pedir permiso” para movilizarse-.
La crisis de poder que estalló en diciembre de 2001 se tradujo, en la Capital, en una gran lucha por la ocupación de las calles y del espacio público. El Argentinazo les dio un carácter verdaderamente “público” a muchos de los espacios de la ciudad. Los Ibarra y los Macri pretenden resolver esa inmensa crisis de poder con contravenciones y multas. Pero la lucha por el derecho a las calles de la ciudad continuará, en especial cuando está en curso liberar a todos los presos y el desprocesamiento de los luchadores.
Hace casi una década, el progresismo porteño levantó la perspectiva de la “autonomía de la Ciudad” como el equivalente a la “autogestión”. Le ha servido para convertir a la ciudad en el más represivo de los estados del país.