En medio de la crisis política que sacude al Frente de Todos, Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, dijo que dentro del oficialismo hubo “cómplices para designar a los jueces” que ahora están en la mira del gobierno y su cruzada judicial. Capitanich es uno de los gobernadores que acompañan a Fernández en su pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el resto de los miembros del organismo.

Efectivamente, así fue. En 2016, Macri envió al Senado los pliegos de los juristas Rosatti y Carlos Rosenkrantz, para que ocupen las vacantes en la Corte. Ambas designaciones fueron aprobadas en el Senado por amplia mayoría, y el Frente de Todos (en ese entonces, la coalición se llamaba Frente para la Victoria-PJ) aportó el grueso de los votos. Gerardo Zamora, por ejemplo, quien es cercano a la vice Cristina Kirchner y secunda a Fernández en su movida contra la “mafia judicial”, fue uno de los senadores que avaló las designaciones. El oportunismo, contradictoriamente, llevó a los pejotistas y kirchneristas a colocarse, de una forma peculiar, en el campo del “lawfare” contra CFK.

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La Corte es el máximo tribunal del Estado argentino y el órgano más importante del Poder Judicial. Está compuesta por cinco miembros que son elegidos por el presidente y refrendados por el Senado en una votación (para ello se necesita mayoría especial de dos tercios). La Corte es el último tribunal interno para “impartir justicia” (sic) en Argentina, y sus fallos solo pueden ser cuestionados en instancias internacionales. Los jueces tienen carácter vitalicio, perciben rentas millonarias, no pagan Ganancias, y se retiran del cargo con una jubilación de privilegio.

Rosatti, por otro lado, se convirtió en presidente de la Corte en 2021, como producto de un acuerdo entre los cortesanos Juan Carlos Maqueda (ministro de Justicia designado en 2002 por Eduardo Duhalde), Rosenkrantz (quien pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de la Corte) y… el propio Rosatti, quien se autovotó.

Los métodos para designar a los jueces y establecer jerarquías en la Corte tienen un cariz antidemocrático. Al ser un eslabón del Estado burgués, la Justicia, conformada por una clique privilegiada, se encuentra completamente divorciada de la sociedad. Su fin último es defender la propiedad capitalista de los medios de producción, o sea, sostener el dominio social de la burguesía. El hecho de que la designación de los jueces sea el fruto de una rosca entre los partidos del establishment da cuenta de que la democracia en sí es una farsa. La democracia es solo para los capitalistas y sus personeros. Es la democracia de los opresores.

Lo que dijo Capitanich, además, clarifica algunos problemas políticos. En primer lugar, (re)confirma que el Partido Justicialista y sus distintas alas han colaborado en todos los planos con el gobierno de Mauricio Macri. Asimismo, revela que el peronismo defiende el andamiaje antiobrero de la Justicia. El justicialismo ha detentado el control del Senado durante 39 años, por lo tanto ha sido una pieza clave en la construcción de la llamada mafia judicial. Por otra parte, Rosatti es un cuadro de la burguesía que proviene de las filas del PJ, es conocido entre otras cosas por haber impulsado el 2×1, un fallo para liberar a los genocidas de la última dictadura militar. Esa tentativa fue derrotada por la movilización popular. El peronismo no pretende alterar el carácter mafioso y propatronal de la Justicia, sino modificar su composición, para absolver a sus exponentes (y a los capitalistas amigos) en las causas que tienen por corrupción. Lo mismo persigue el macrismo.

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La guerra de carpetazos, la intromisión de los servicios de inteligencia en la vida política toda, y la corrupción generalizada, son algunos síntomas de la descomposición del régimen político argentino. Lo que está en la base de las crisis que se desarrollan en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, así como de la guerra judicial en curso, es la bancarrota económica del país, agudizada por la aplicación del programa con el FMI y por el agravamiento de la crisis mundial. En última instancia, el régimen político está corrompido justamente porque es un aparato al servicio de la defensa de los intereses de la burguesía y del capital financiero internacional.

La única forma de terminar con esta podredumbre, con el saqueo del país, y satisfacer las necesidades de la clase obrera es destruyendo el régimen político actual. Los trabajadores debemos gobernar.

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