La dirección del partido comunista de Uruguay no sufre los desgarramientos ni la crisis ‘‘de conciencia” de su colega de la otra orilla. Aunque en el mes de febrero de 1973 apoyó las primeras tentativas oficiales del alto mando militar para dar un golpe de estado (comunicados 4 y 7 de las fuerzas armadas); aunque traicionó todos los grandes movimientos huelguísticos que hubieran podido impedir el ascenso golpista, y en especial la huelga general con ocupaciones de fábrica de junio del 73; y aunque firmó junto al partido colorado y a la democracia cristiana el ‘‘pacto del club naval” con la dictadura militar (que garantizaba la estabilidad de la camarilla militar) y posteriormente el “acuerdo de garantías de los depósitos bancarios” (un reconocimiento oficial de la deuda externa y de la “patria financiera”); en resumen, aunque tiene un historial que no “empalidece” en comparación con el del PC argentino, los orientales no tuvieron necesidad de flagelarse con ninguna clase de “autocrítica”, ni pasaron por una crisis interna, ni se vieron obligados por lo tanto a hacer retoques en su “historia oficial”. Esto quiere decir que por boca del PC de Uruguay habla el stalinismo sin los subterfugios a los que debe recurrir a veces su contrapartida rioplatense. Hay otra cosa más, con todo, que justifica el análisis de las posiciones del PC de Uruguay: el PC de nuestro país considera al frente amplismo que se aplica desde un cuarto de siglo en Uruguay, como el “modelo” político de la estrategia frentista en Argentina.

Este PC de Uruguay consideró como muy importante intervenir agudamente en las cuestiones que se plantearon a partir de semana santa en Argentina. Una razón obvia para ello es que en su propio país el régimen democratizante obtuvo la sanción parlamentaría de una ley de “no juzgamiento” de los crímenes cometidos por la dictadura, un engendro naturalmente inconstitucional que no ha merecido el pronunciamiento del poder judicial de Uruguay. Una razón más profunda para esa intervención es que los sucesos argentinos plantearon una crisis política y aun un principio de fractura del aparato estatal, cuyo desenvolvimiento podía llevar aguas abajo a toda la impotente experiencia democratizante de América del sur, que los stalinistas apoyan hasta sus últimas consecuencias. En oportunidad de discutirse la impunidad en Uruguay, el líder del Frente Amplio, Líber Seregni, propuso nada menos que la suspensión de los juicios a militares por el lapso de un año hasta encontrar una salida “concertada” del problema. Semejante posición habla suficientemente del “democratismo” de los frentistas uruguayos.

Ya el 15 de abril, en medio de la crisis ' de semana santa, el comité ejecutivo del PCU se reunió en forma “extraordinaria” (El Popular, 24.4) para dar a conocer un comunicado que decía "Apoyamos la firme (!!) determinación del gobierno...argentino de defender la democracia...”, precisamente cuando Alfonsín en el Congreso anunciaba lo que iba a ser la viga maestra de la capitulación de Pascuas y de todas las agachadas que le siguieron, a saber, “los tres niveles de responsabilidad”. Pero aun con prescindencia de este discurso en el congreso, ningún comunista puede caracterizar como “firme” la política de un gobierno burgués proimperialista que no hace nada efectivo contra una asonada militar; que con su conducta permite la ampliación de ésta; y que tiene por política negociar mediante el clero y la embajada norteamericana un acuerdo con los sublevados. El PC de Argentina no ha criticado nunca la posición de su “modelo” frenteamplista uruguayo, un índice inconfundible de que es éste el que formula sin retaceos la posición política común. La política de Alfonsín no fue de “firme” defensa de la democracia, sino de sistemático engaño de la población y de sistemática demagogia desviacionista de la movilización popular, para salvar a las fuerzas armadas de la “anarquía” y al Estado en su conjunto. El apoyo del PC a esta "firmeza” lo ubica entre las fuerzas que se movilizaron en función de la defensa del Estado.

Una semana más tarde, hasta el stalinista más incondicional se ve obligado a reparar en la “obediencia debida”. ¿Qué dice entonces el semanario del PCU? “Pero más allá de estos temas (¡obediencia debida!) ... lo cierto es que... es una gran victoria de la democracia, con varios golpistas presos y enjuiciados, con la reiteración de Alfonsín de que no habrá una amnistía y que no existió un pacto con los sublevados.” (Ídem). “Más allá de la “obediencia debida”, Alfonsín prometió que “no habrá amnistía”. ¿Es posible una mayor impostura? ¿Es posible una claudicación mayor ante el gobierno burgués y su Estado, y un renunciamiento más completo a la defensa de las libertades democráticas y aun del estado de derecho?

Comprensiblemente, la cosa no acaba aquí, por la sencilla razón de que la propia crisis argentina siguió su curso. Un mes más tarde (“La Hora, 22.5), el N° 2 del PCU, Enrique Rodríguez, luego de comentar la discusión en diputados de la ley de obediencia debida, declara: “¿de qué amnistía habla este señor”? (refiriéndose a un columnista del diario sanguinettista El Día),“...la depuración (militar), por ahora, no será absoluta...” (entonces hay por lo menos una amnistía relativa!) “...son una cantidad de enemigos ahora encerrados y sancionados”. A la luz de la obediencia debida, el dirigente “comunista” responde como Jaroslavsky, ni siquiera como Federico Storani. El veterano dirigente stalinista ahora tendrá que justificar las modificaciones que el Senado Introdujo a la ley, y que Diputados habrá de convalidar. Se olvida de mencionar, y por lo tanto de justificar las afirmaciones del tándem Alfonsín-Jaroslavsky de que la amnistía total y absoluta vendrá cuando “la sociedad 'emita' las señales”, lo que probablemente ocurrirá con alguna salva de cañonazos. Conclusión: la dirección del PCU apoya en forma vergonzante nada menos que la ley de obediencia debida.

En la huella de estas posiciones se entiende que cinco días más tarde, en una nota especial de “La Hora”, se hable de las “nuevas pruebas de la dignidad del poder judicial argentino”, refiriéndose quizás a que sus miembros son los que rechazaron 5.000 habeas corpus como funcionarios de la dictadura militar, y a que suspendieron todas las citaciones judiciales recientes para que el “entendimiento” cívico-militar y la nueva ley de obediencia reencuadrarán la situación jurídica de los procesados.

El 25 de mayo, quizás por ser “fecha patria”, el PCU va más lejos aún. El editorial de “La Hora” comienza por declarar persona “grata” al huésped Alfonsín —una extraordinaria declaración política que supone la solidaridad en bloque con el mandatario del FMI, de la banca internacional, de la patria financiera, quien se ha autodeclarado, además contribuyente a la “seguridad regional” del cono sur. Luego de esto, el diario vuelve a su tema favorito, para decir que “no es ‘el perdón a los militares’ lo que estará en juego en el proyecto que debatirá el miércoles el Senado argentino (porque) están excluidos los delitos de sustitución de estado civil o sustracción y ocultación de menores, violación y usurpación de la propiedad”. Esta justificación miserable no la hace, convengamos, ni siquiera Jaroslavsky. A medida que el gobierno va, de cámara en cámara, tirando todo su lastre democratizante, el PCU lo va acompañando con justificaciones siempre nuevas y afines a la defensa abiertamente reaccionaría de la “razón de Estado" de los explotadores. Toda esta monstruosidad política ha sido común al conjunto del Frente Amplio.

Es cierto, estas no son las posiciones del PCA, el cual, con todo, firmó el “acta democrática” y sigue defendiendo esa firma. Es cierto que no son las posiciones del PCA, pero el PCA considera al FA su “modelo” político. Es cierto que no son las posiciones del PCA, pero el PCA no denunció en ningún momento al gobierno de Alfonsín sino hasta después del do-mingo de Pascua, y aun hoy sigue hablando del “triunfo” de una movilización popular que, precisamente, no triunfó porque estaba conducida por la burguesía democratizante. Es cierto que éstas no son las posiciones del PCA, pero es indudable que el PCU es un factor fundamental que está interviniendo para condicionar la evolución del PCA, cosa que está consiguiendo como lo demuestra el FADEL. Finalmente es cierto que éstas no son las posiciones del PCA, pero el PCA no se ha pronunciado sobre las posiciones del PCU, a pesar del mencionado papel que los Rodney Arismehdi juegan en la crisis del PCA. Finalmente, éstas no son las posiciones del PCA, pero corresponden exactamente a la estrategia política democratizante que es común al PCA, y que demuestra de este modo su carácter contrarrevolucionario.