Cuando Joan Manuel Serrat esté cantando “Para la libertad” en la Esma, varias comisiones del Senado terminarán de aprobar el proyecto de ley que “delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras o la salida de fuerzas nacionales sin autorización del Congreso en cuatro casos excepcionales”. El texto “no hace mención alguna de las inmunidades que se podrán otorgar a los efectivos de las fuerzas armadas de otros países”, en lo que constituye un “vacío legal” que se convierte en un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo (La Nación, 23/3). “EE.UU. insiste en la inmunidad de las tropas”, había sido el reclamo del jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, Richard Myers, hace una semana (Río Negro, 13/3). Cumplido, mi general.

A la misma hora del acto, la Cámara de Diputados habrá votado, con la mayoría impuesta por el PJ y el gobierno, una “declaración política” que le pide a los jueces que declaren la inconstitucionalidad de los indultos, porque ellos, los legisladores, no quieren hacerlo.

Envío de tropas argentinas a Haití, inmunidad para las tropas imperialistas, indultos a cargo de los jueces, persecución penal a los piqueteros: el Museo de la Memoria es una fachada. La casta militar mantiene ocultos los archivos de la represión, se convierte en tropa de auxilio de las misiones imperialistas, y se asegura un horizonte económico promisorio y un pacto para enterrar definitivamente el juicio y castigo. Ahora surge que el Museo no será habilitado hasta dentro de un año, supuestamente para preservar el ciclo lectivo, pero en realidad porque “el presidente lo imagina como el emblema de una posible reconciliación” (Clarín, 21/3).

Finalmente, en Puerto Belgrano, la base naval mas importante del país, frente a 900 oficiales y tres mil suboficiales, el almirante Godoy ha explicado que la “autocrítica” tendrá sus propias compensaciones: “proyectos productivos”, predios y edificios que “superarán” con creces la pérdida de la Esma (La Nueva Provincia, 23/3). En ese mismo discurso, el jefe de la Armada planteó como estrategia la “lucha contra el terrorismo”, no contra la guerra imperialista, que procede también en Colombia y Haití, y se prepara la región andina.

Inmovilismo político

Del acto-estafa en la Esma no participarán los gobernadores, pero esa ausencia “será así un gesto de apoyo a Kirchner” (La Nación, 23/3), que de esta manera puede seguir adelante con el operativo “Museo de la Memoria”. De todos modos, revela las contradicciones políticas del gobierno. Esto se expresa en su inmovilismo frente a las crisis en San Luis y Santiago del Estero. La Comisión de Acción Política del PJ nominó a Eduardo Fellner, propuesto por Kirchner y Duhalde, pero “los principales jefes partidarios se sintieron desairados…” por el “proyecto de transversalidad” con el centroizquierdismo (Clarín, 21/3).

Es cierto que “con el guiño de la Casa Rosada, el kirchnerismo porteño redobló su ofensiva para quedarse con el control del partido”, enfrentando a la conducción oficial, ligada a Eduardo Duhalde. Pero ha sido la respuesta a una conspiración del propio duhaldismo, que respalda a Macri en la Capital y que le propone “un acuerdo estratégico que tiene a la provincia de Buenos Aires como primera escala” (Página/12, 15/3). En todo caso, el Encuentro de Parque Norte (al que el PJ le dio la espalda) no arrojó resultado alguno.

El gobierno también acaba de perder la puja por la conducción de una CGT unificada. Moyano acaba de anunciar su regreso al sindicato camionero.

Cuando el gobierno viene de capitular ante el FMI; cuando aumentan la luz, la carne, los cigarrillos; cuando el boicot del crédito y de la inversión continúan; cuando el grueso de los nuevos empleos son en negro y flexibles; cuando ocurre todo esto, la ausencia de iniciativa no se puede cubrir con maniobras de distracción política.

¿”Señales de debilidad”?

Para un editorialista de Clarín, “la protesta piquetera de la semana desnudó, paradójicamente y como nunca antes, su progresiva pérdida de poder. Cortaron calles y acamparon en las plazas, pero ninguno de sus reclamos logró respuesta positiva. Ni los clásicos, que pedían aumentar el reparto de planes sociales, ni los abiertamente políticos, que pretendían intervenir en peleas internas gremiales o decisiones sobre empresas privatizadas”. El periodista adjudica esta situación a que el gobierno ha formado una burocracia oficialista (FTV-CCC) y ha fragmentado y cansado al resto “sin enfrentarlos en la calle pero ahogándoles el espacio social y político” (Clarín, 19/3).

Casi al unísono, el Ministerio de Desarrollo Humano (Cafiero) acuñó la misma tesis, planteando que los grupos piqueteros pasaron de 14 a 62 en el último año y han perdido capacidad de movilización. Es posible que este “informe” haya sido el origen de la “reflexión” de Clarín sobre el retroceso del movimiento piquetero.

Casi exactamente un mes atrás, las movilizaciones piqueteras habían sido caracterizadas, no por el PO, sino por el Centro de Estudios de Nueva Mayoría (dirigido por Rosendo Fraga, no precisamente un amigo del movimiento), como las más significativas de los últimos ocho años. En cuanto a la obtención o retención de conquistas, el periodista debería detenerse en una declaración de Solá a los intendentes: “Sé que hay unos 16.000 planes que no se reempadronaron. Que el intendente me acerque el listado y lo vamos a ver. Todos tienen derecho a tener el plan Barrios” (El Día, 5/3).

El movimiento piquetero es desde hace mucho un referente político, aun cruzado por corrientes políticas diversas, incluso asistencialistas y apolíticas. Ha sido la única fuerza que se ha convertido en fiscal del proceso capitalista en curso y que ha señalado sus limitaciones insalvables, en un país donde la delimitación clasista del peronismo fue el “hecho maldito” de la clase obrera. Esta delimitación enloquece a los medios oficiales y a los “analistas”. Naturalmente, la emergencia de un gobierno nacionalista burgués pone a prueba la solidez política de agrupamientos de masas educados en este campo, y produce un debate y una maduración que podría conducir al fenómeno contrario que analiza el periodista, es decir, al fortalecimiento de las organizaciones que “han pasado la prueba”.

Salario

La lucha concentra la posibilidad de una iniciativa política de los trabajadores. Una lucha que plantea la nulidad de los convenios flexibilizadores y a la baja firmados en nombre de la Ley Banelco, la convocatoria a congresos de delegados de base de las fábricas y las organizaciones piqueteras y la constitución de coordinadoras de lucha. (“En el norte de Santa Cruz, animada por la lucha petrolera, la huelga docente ha dado un salto”, dice un informe.)

La pelea por el salario, las jubilaciones y los planes es una lucha política: choca frontalmente con los intereses de la base social del gobierno, que necesita del congelamiento del salario y del “gasto” social y aún de la demolición de éstos para hacer frente a los acuerdos con el FMI y sostener la “recuperación” económica