El Consejo de Seguridad Interior, un organismo constituido por el Ejecutivo, los gobernadores y los jefes de las fuerzas de seguridad e inteligencia, acaba de conver-tir en ‘política de Estado’ para toda la nación el pacto de seguridad suscripto por el PJ y la Alianza en la provincia de Buenos Aires. El texto aprobado propone, en primer lu-gar, impulsar "los proyectos de reforma de leyes penales sustantivas y procesales" (Clarín, 29/2), lo que expresa el acuerdo de trasladar la reciente reforma al Código de Procedimiento Penal de la provincia a todo el país. Con esta reforma, la Bonaerense recuperó la facultad de interrogar al detenido - por lo tanto, de obtener la confesión que quiera a través del ‘apriete’ - , y la posibilidad de aportar elementos de prueba. Como al mismo tiempo el régimen de excarcelaciones fue virtualmente liquidado en detrimento del delincuente menor (imputados por robo con "palos, jeringas, cuchillos y navajas"), la "maldita policía" ha vuelto a tomar en sus manos la totalidad de la se-guridad ciudadana, desde la detención hasta el armado de la prueba, la confesión obtenida a golpes y la firma obediente del juez. Como expresión de esta política, que se aplica de hecho en la provincia de Buenos Aires desde el hundimiento de la re-forma duhaldista, más de doscientos civiles fueron muertos por la policía provincial durante 1999, casi el doble de los caídos por la misma razón el año anterior (CELS, The Economist, 5/2).

 

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Aunque esto solo supone un régimen represivo que excede a todo lo conocido desde el advenimiento de la democracia, el Consejo de Seguridad fue mucho más lejos. Resolvió "tender al establecimiento de un sistema único de información crimi-nal sobre delitos, capturas, causas, identificación de personas y reincidencias", es decir una reconstrucción a fondo de los ‘servicios’; la creación de "grupos de acción conjunta entre policías de provincias vecinas", concebidos para cubrir la deserción o la desmoralización de las fuerzas de seguridad del interior, y aun un sistema de hos-tigamiento a jueces que puedan tener actitudes de independencia, bajo la forma de "acuerdos para la evaluación del accionar de los magistrados de distinta jurisdicción" (ídem).

 

Loa cortes de ruta

Las reformas en la provincia de Buenos Aires fueron planteadas con delibe-rada ambigüedad, para incluir en la represión al movimiento de lucha de las masas (la negativa a excarcelar corre, por ejemplo, para aquellos que ejerzan "violencia so-bre las personas"). Pero si alguna duda quedaba sobre este punto, el Consejo de Seguridad Interior la ha disipado. Plantea la "coordinación operativa" de las policías Federal y provinciales, y la ‘evaluación’ de los jueces "en referencia a delitos como el narcotráfico, piratas del asfalto, cortes de ruta y contrabando". Cuando el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires planteó "nacionalizar" el Estado policial, por-que "al endurecer el régimen de excarcelaciones aquí la delincuencia puede actuar en otro lado, donde las leyes sean más benévolas", incluyó entre la "delincuencia" a los luchadores obreros y populares (La Nación, 25/2).

 

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Ruckauf acaba de anunciar que presentará un proyecto para prohibir a los jue-ces el otorgamiento de salidas temporarias a asesinos y violadores, a raíz del caso de un delincuente abatido que contaba con esa franquicia. Pero el presidente de la Cámara de Casación "denunció que el Servicio Penitenciario confeccionaba informes favorables (sobre los detenidos) a cambio de un pago para los presos que solicita-ban las salidas" (Clarín, 10/3). La respuesta del camarista fue aun más lejos: "lo más preocupante es que se pretende limitar al Poder Judicial. Prohibir a los jueces excar-celar es aproximarnos seriamente a los regímenes que fueron tumbados el 8 de mayo de 1945 en la ciudad francesa de Reims", es decir al nazismo. "Las cárceles pueden convertirse en un campo de (concentración)" (ídem).

 

La centralización de los ‘negocios’

En el proyecto de seguridad que Ruckauf enviará a la Legislatura en los próxi-mos días se restablece la figura del jefe de Policía, lo que entraña la disolución de las 18 jefaturas departamentales y el regreso a la ‘dictadura’ de los comisarios, el régimen de concentración de mando que existió hasta la reforma planteada por Duhalde. En esta ley se propondrá, además, volver a crear las divisiones de narcotrá-fico, lo que entraña el reingreso de la Bonaerense al enorme negocio de la droga, en colaboración con la Federal y la propia DEA, que ejerce su dominio a través del Consejo Federal. Hacia fines de 1998, la intervención a cargo de la Bonaerense eli-minó la Dirección de Narcotráfico y disolvió las brigadas que le respondían, caracteri-zando que "existen grupos que aprovechan su papel de ‘investigadores’ para dirigir las redes de comercio y distribución de drogas" (Clarín, 16/10/98).

La denuncia de la jueza de menores de La Plata, Irma Lima, empeñada en la lucha contra las redes de prostitución infantil, completó por estos días la radiografía de quienes han sido convertidos en pieza clave de la seguridad ciudadana por Ruckauf-De la Rúa. La magistrada denunció que en un procedimiento en un prostí-bulo en el centro de la ciudad "los dos policías que la acompañaban como asistentes fueron señalados por testigos y denunciados penalmente como los encargados de cobrar las coimas al lupanar, en representación de la ‘brigada’ y la comisaría". Agregó que los centros de corrupción de menores contabilizan su ‘cuota’ a la Bonaerense como cualquier otro gasto normal, el cual es requisito para su instala-ción (Crónica, 25/2).

 

El 24 ya tiene consignas

Es necesario volver a recordar que este régimen represivo tiene la autoría inte-lectual y práctica de los ‘progresistas’ de la UCR y el Frepaso, convertidos en alca-huetes de los servicios y la Bonaerense.

Está planteada una movilización que convoque a las organizaciones obreras, democráticas y de la juventud. La fecha es el 24 y sus consignas ya están escritas: derogación del pacto de seguridad, derogación de la reforma laboral, desprocesa-miento y libertad a todos los presos políticos y gremiales del campo popular, juicio y castigo a los asesinos de gatillo fácil, disolución de la policía privada (45.000 efecti-vos en la provincia de Buenos Aires), desmantelamiento de la Bonaerense, piquetes de vecinos y jóvenes en las barriadas para defender vida y propiedad de los trabaja-dores.