En una reciente nota en La Nación se pone en evidencia con abundante información la magnitud extraordinaria del Pami y su absoluta falta de control por organismo regulador alguno, por un lado, y las carencias crecientes y muchas veces dramáticas en la atención que deben recibir los afiliados.

Pami es la obra social más grande de Latinoamérica con 4,8 millones de afiliados (jubilados y pensionados) y cuyo presupuesto el año pasado fue de $456.000 millones, que, comparado con el de 2020, creció un 119% ($212.000 millones). Este notable crecimiento en el presupuesto no tradujo sin embargo en mejores prestaciones o en aumentos proporcionales en los sueldos de sus empleados. Lo único que aumentó exponencialmente fue la partida en publicidad, 759% (!!) respecto del período anterior según la Dirección Nacional de Publicidad Oficial dependiente de Jefatura de Gobierno.

En el organismo figuran 14.000 empleados cuyos sueldos representan el 30% del presupuesto, aunque en el informe no se detalla la escala salarial de los mismos, ni la calidad de estos empleos. Según un informe de Ate-Pami-Rosario, el nivel de precarización es muy grande.

También figuran 8.000 médicos de cabecera, 17.000 prestadores y 14.000 farmacias y una extensión territorial que abarca todo el país con 600 agencias de atención y 38 Unidades de Gestión Local (UGL). El Pami es el único organismo del país de esta envergadura capitado con un valor por cada cápita de $1.300 que las asociaciones de clínicas y sanatorios contratados consideran escasos. Con todo esto, los reclamos por las carencias en la atención a los afiliados es muy grande: demoras de hasta 3 meses en los turnos, falta de médicos y sobre todo especialistas, falta de farmacias (particularmente en el interior), eliminación de las internaciones domiciliarias, severas dificultades en rehabilitación y atención de la salud mental, etc.

Sobre la gravedad de esta situación da cuenta un informe de Defensoría de la Tercera Edad que dice que de Pami hubo 1.348 trámites durante 2021 y más 2.500 consultas. Si consideramos que el 70% de los adultos mayores no maneja herramientas de internet, podemos inferir que solo muy parcialmente estas cifras dan cuenta de la gravedad del problema. Además, el inicio de los trámites continúa siendo virtual.

Medicamentos

El 30% del presupuesto del Pami se destina al gasto en medicamentos (aunque no hay información fehaciente del organismo). La gratuidad de un Vademecum de medicamentos para los afiliados es un caballito de batalla del gobierno, lo cierto es que sobre estos gastos no hay ningún control, las compras son centralizadas mientras que los proveedores son los pulpos farmaceúticos cartelizados que tienen en Pami a su mayor (y mejor) cliente. Lo que ninguna intervención del Pami ni gobierno ha querido encarar es la producción estatal de la mayoría de estos medicamentos que reduciría drásticamente dicho gasto. Tampoco habilitan la receta de los genéricos.

Muchos de los beneficios que otorga Pami, como por ejemplo el bolsón de alimentos para unos 700.000 jubilados que perciben el haber mínimo (ahora reemplazado por un bono), servicios turísticos y talleres de diversa índole, se canalizan a través de una red de aproximadamente 5.000 Centros de Jubilados que dependen del Pami.

Y es también una caja paralela de los gobiernos de turno y del actual claro, en el que se “colocan” bonos de deuda del Estado, se nombran familiares y allegados al signo político del gobierno en curso y específicamente en la actualidad a los adscriptos a La Cámpora.

Ha trascendido información de lo que cobra la actual interventora de la entidad, Luana Volnovich ($562.350 equivalente a 20 jubilaciones mínimas), y que su hermano y padre también figuran como empleados con altísimas remuneraciones.

La absoluta falta de controles sobre este presupuesto, denunciado por la Defensoría de la Tercera Edad, deja entrever un manejo discrecional del mismo al servicio de los aparatos políticos que lo usurpan, como en este caso La Cámpora.

Que Luana Volnovich siga atornillada a su cargo, ratificada por Fernández y Máximo Kirchner, refleja que les viene bien su gestión de la “Caja Pami”.

Para los jubilados y pensionados se plantea que la dirección y gestión del Pami debe estar a cargo de sus propios afiliados y trabajadores, electos y revocables.

¡Fuera la intervención del Pami!

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