El Papa Francisco dirigió unas palabras en el acto de apertura de la Cumbre de la Organización Mundial del Trabajo, donde afirmó, entre otras cosas, que la propiedad privada es un “derecho secundario” y que los sindicatos están llamados a jugar un rol “profético” debido a las consecuencias sociales de la pandemia y a desarrollar una acción común junto con empresarios y dirigentes políticos. El discurso osciló entre la impostura, si reparamos en el exorbitante patrimonio inmobiliario de la Iglesia Católica, y el llamado a profundizar un “pacto social” que sea capaz de contener procesos de rebelión popular.

Mientras Bergoglio hace demagogia con el derecho a la vivienda, el Vaticano posee 2 billones de euros en inmuebles en todo el mundo, lo que equivale a un millón de propiedades -300 mil solo en Italia-, según el investigador Giovanni Vegezzi. Incluso, en 2015 salió a la luz cómo la curia católica destinaba dinero que debía dirigirse a caridad para la compra de departamentos y palacios de lujo donde habitaban miembros de la cúpula eclesiástica, como la adquisición por 200 millones de euros de una mansión en el mejor barrio de Londres.

En noviembre del 2020 ya se había referido al asunto en otra conferencia. En esa ocasión, el Papa sostuvo que “el derecho de propiedad es un derecho natural secundario derivado del derecho que tienen todos, nacido del destino universal de los bienes creados. No hay justicia social que pueda cimentarse en la inequidad, que supone la concentración de la riqueza”. Si hay una institución emblema de la concentración de la riqueza es la propia Iglesia Católica, con reservas en oro incalculables, tenedora de acciones de grandes multinacionales, dueña de gran parte del patrimonio histórico y obras de arte existentes, y que, a su vez, goza de beneficios impositivos y subsidios en varios países.

Sus dichos sobre la propiedad privada contrastan con el comunicado que emitió la Conferencia Episcopal Argentina luego de que se produjera el desalojo a las familias que reclamaban “tierra para vivir” en la emblemática lucha de Guernica. En esa oportunidad, los obispos se pronunciaron en contra de la “toma de tierras”, tomando partida por la represión hacia quienes no poseen un techo y avalando que ese predio fuera utilizado para desarrollar un negociado inmobiliario. La misma Iglesia que cuenta con innumerables terrenos cedidos por el Estado nacional a lo largo de la historia.

 

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Al referirse a los sindicatos, Bergoglio planteó que su función es desnudar a los “poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables” y que cuando se corrompen se “transforman en un estatus de pseudo patrones, también distanciados del pueblo”. Esta mención a la burocracia sindical estuvo completamente ausente, por ejemplo, cuando se selló un aumento miserable del salario mínimo a instancias del gobierno, las centrales obreras y representantes del Triunvirato Vaticano aliado a la Iglesia. En definitiva, los sindicalistas que en palabras del Papa “venderían al pobre por un par de chancletas” actúan en común con el clero para evitar que los sectores populares levanten cabeza contra las políticas de ajuste que aplican los gobiernos.

La Iglesia no solo ofrece sus servicios de “contención” administrando la asistencia social en las barriadas sino que, además, ha oficiado como “mediadora” en algunos conflictos obreros con el objetivo de desarticular la intervención de los trabajadores. Tal es el caso del papel que ha jugado la Pastoral Social en la lucha de los trabajadores del Astillero Río Santiago en 2018, interviniendo -con la anuencia de la burocracia de ATE- en la mesa de negociación integrada por el gobierno de Vidal, los trabajadores y el sindicato. Allí promovió la firma de un acta, que se tradujo en el levantamiento de la ocupación del Ministerio de Economía, sin que hubiera garantía alguna de que se iban a mantener los puestos de trabajo ni compromiso de pago de los sueldos adeudados.

Esta función es valorada por quienes gobiernan, y, por lo tanto, empoderan a las iglesias con recursos económicos y permitiéndoles una mayor injerencia en el andamiaje estatal, en el terreno de la salud y en la educación. Los sectores religiosos se valen de ese lugar de privilegio para difundir su prédica reaccionaria y bloquear derechos fundamentales para las mujeres y las diversidades como la aplicación de una educación sexual desprovista de prejuicios oscurantistas. El poder político envalentona al clero, generando consecuencias aberrantes en la vida social como el encubrimiento del abuso sexual eclesiástico y la promoción de un imaginario que pondera la institución familiar a cualquier costo, lo cual es una invitación a soslayar la violencia que existe en los vínculos interpersonales al interior del hogar.

La defensa de un pacto social que logre mitigar los estallidos sociales que se producen como resultado de las privaciones a las que los gobiernos someten a sus pueblos quedó en evidencia cuando el Papa Francisco instó a la acción común entre sindicatos, empresarios y dirigentes políticos. Algo que en los hechos está establecido en Argentina, donde los topes salariales, los despidos y la precarización laboral se llevan adelante por medio de la alianza que existe entre Alberto Fernández, las patronales y las burocracias sindicales.

La farsa de un Papa preocupado por el acceso a la vivienda y los derechos de los trabajadores debe ser combatida por una lucha a fondo del movimiento popular por la separación de las iglesias del Estado. Tenemos que pelear por sacarnos de encima el peso de una institución encargada de educar en la resignación y el sometimiento, de esta forma estaremos en mejores condiciones de avanzar en nuestras demandas.

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