Darío Martinez, secretario de Energía de la Nación, encubre la huelga inversora de las empresas y su retaceo productivo en haras de mayores concesiones y subsidios de parte del Estado nacional, adjudicando el cuello de botella en la oferta de gas a los piquetes de las y los trabajadores de la Salud en huelga.

La campaña, de un profundo contenido antiobrero, es una falsedad de punta a punta. En realidad las productoras de gas, antes que existiera algún corte, ya manifestaban sus desacuerdos con ciertas condiciones del Plan GasAr, como el que establece la Resolución 144/2021, al punto que la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) envió una nota a la secretaría nacional de Energía a mediados de marzo, donde expresa acusa a dicha norma como “causal de daño a la competitividad de la cadena de Valor Agregado Nacional del sector hidrocarburífero a la importación de bienes usados” y de “afectar la libertad de contratar y el derecho de ejercer industria lícita”. Las empresas, con YPF a la cabeza, quieren poder importar cuasi chatarra de segunda mano para “invertir” en Vaca Muerta y subcontratar a aquellas proveedoras de servicios y bienes que coticen a menor precio.

Un analista de Invenómica, opinando sobre los límites objetivos de Vaca Muerta, dice que a pesar que “entre 2012 y 2020, el costo directo de extracción de petróleo no convencional medido en dólares por barril (“lifting cost”) se redujo un 67% y el costo de desarrollo (la inversión necesaria por barril) se contrajo un 85%” para concluir que “la mayor producción de no convencional no pudo compensar el declive del convencional la oferta total se redujo”, y agrega otros factores como “el altísimo riesgo país o la estrechez de la demanda mundial” (Econojournal, 7/4/2021).
Al lado de estos factores, es claro que la incidencia de los piquetes no altera ni limita ningún plan de inversión o producción a la escala de la acusación del secretario de Energía de la Nación.

Pero abre la puerta al patotero Pereyra

Montado sobre la provocación del gobierno nacional y las del gobierno provincial, el secretario general del sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, se ha despachado con amenazas muy graves contra las y los trabajadores de Salud y los piquetes. Esta oferta de tercerizacion “pedracista” de la represión no debe tomarse a la ligera, porque en las disputas por el encuadramiento sindical con otros gremios, han terminado a los balazos e incluso hubo muertos y heridos en el camino.

Claro que para escarmentar a los huelguistas, Guillermo Pereyra tiene dos grandes obstáculos. En primer lugar, el gran apoyo popular de las y los trabajadores de Salud, y en segundo lugar que debe dar explicaciones a sus propias bases de por qué habiendo entregado el Convenio, aceptado despidos y suspensiones de a miles y congelado la paritaria, todavía no ha conseguido un “gesto” de las patronales, que siguen sin cerrar la paritaria 2021, ya vencida.

Deuda y salarios

El gobierno hace circular una versión en los medios que enviará a la Legislatura una autorización de contraer deuda para hacer una oferta salarial al básico. Con esto coloca un chantaje acerca de una autorización de contraer una deuda que no tendrá ningún control sobre el destino de dichos fondos. Si el gobierno pensara pagar salarios con deuda, no debería ocultar que acaba de emitir letras del Tesoro en plena huelga de salud (a inicios de abril) por $2.700 millones, sin que eso haya implicado un solo centavo ni a salarios ni a mejorar el sistema de salud hospitalaria.

Además la provincia tiene comprometidos pagos en el presente año por más de $10.000 millones, más la deuda dolarizada que no reestructuró (crédito del banco Credit Suisse y otras). Sería más práctico que en la Legislatura se anularan todas las eximiciones de impuestos que goza el capital en la provincia y los subsidios a empresas de todo tipo, e incluso que hubieran aprobado un verdadero impuesto al gran capital como lo establece el proyecto de la diputada Patricia Jure y que rechazaron de conjunto oficialistas y opositores.

Por lo tanto, es una maniobra del gobierno impulsar que un nuevo endeudamiento sería para incrementar el básico de los salarios de unos 40.000 estatales. Ante esta situación llamamos a reforzar y apoyar la lucha de salud, y redoblar la organización ante las maniobras del gobierno.