La intervención del AFSCA sancionada por Macri refuerza el método de gobierno por decreto, que ya ha sido utilizado para ejecutar varias medidas económicas favorables a la clase capitalista. Para justificar la medida, el gobierno argumentó que los organismos no se subordinaban al decretazo que dispuso la estructura de los ministerios. Para Macri, las leyes -en este caso la de Medios- deben adecuarse a sus decretos, y no los decretos a las leyes. Así, el Parlamento queda reducido a un papel residual.

 

El objetivo del DNU es suspender de hecho la vigencia de la ley de Medios, aunque Aguad haya dicho que sigue vigente “por ahora”. Ya el grupo Clarín anunció a sus accionistas en la Bolsa de Comercio que suspendía su plan de “desinversión” que había presentado oportunamente para adecuarse a la ley. Seguramente, otros grupos empresariales seguirán el mismo camino.

 

Existen fuertes versiones que están en marcha otros decretazos, uno que fusionaría el AFSCA con la AFTIC y otro que anularía los artículos 41 y 45 de la ley de Medios, que son justamente los que ponen un límite de licencias y audiencia para cada grupo empresarial. El objetivo de fondo es habilitar la entrada de las telefónicas en el negocio de los multimedios, pero también de éstos en la telefonía. Ya Clarín compró Nextel, y Telefónica sigue manejando Telefé, con el total consentimiento de Sabbatella, a pesar de que viola la ley vigente. Es decir que como lo marcó en todo momento el Partido Obrero, la ley de Medios no “democratizó la palabra” sino que estableció un nuevo escenario de lucha entre grupos capitalistas que se reparten el negocio de la comunicación.

 

Aunque el kirchnerismo denuncia el DNU de Macri, lo cierto es que la liquidación de la ley de Medios comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner. Por caso, la ley de “Argentina Digital” aprobada a fines del año pasado habilitó a las telefónicas a prestar el servicio de televisión por cable. Se llegaba así al objetivo inicial de Cristina Kirchner, que en la versión original de la ley de Medios habilitaba a las telefónicas a esas prerrogativas, pero que luego debió retirar para conseguir los votos necesarios en el Congreso. Este hecho muestra que la supuesta “resistencia” de Sabbatella es una impostura, que sólo apunta a defender ciertas posiciones en el aparato del Estado.

 

El Partido Obrero rechaza el decretazo de Macri y, al mismo tiempo, denuncia la impostura del kirchnerismo, que ha favorecido durante sus doce años a multimedios amigos mediante el uso de la pauta oficial. La verdadera lucha por la “pluralidad de voces” requiere una movilización independiente, que plantee la elección popular del directorio del AFSCA, de la TV Pública y radios públicas, el control democrático de la distribución de la pauta oficial y el reparto de los espacios y recursos técnicos de comunicación entre organizaciones políticas, sociales y culturales, con arreglo a su respectiva representación.

 

Advertimos sobre el plan de ajuste que está en marcha en muchos medios de comunicación, que apuntan a despidos masivos. Más que nunca es necesaria la acción común de los trabajadores de prensa y de las organizaciones de los medios alternativos en una lucha común.