El voto negativo de Pablo López contra el frustrado golpe parlamentario que tuvo circunstancialmente a Julio De Vido como acusado, ha colocado nuevamente en debate el rol de nuestro partido en la lucha contra la corrupción en Salta. Mientras los medios oficialistas nos atacaban, un sector de la población valoró su voto, reconociéndonos la autoridad política ganada en la lucha contra las corruptelas de Romero y Urtubey a lo largo de los últimos 22 años.

 

Fue justamente el PO salteño quien enfrentó al régimen romerista por sus enormes negociados con la tierra en Salta; por la entrega del Banco Provincia al grupo Macro a precio vil; o por sus vínculos mafiosos con el narcotráfico en el caso del asesinato de Liliana Ledesma. Romero se fue de la gobernación con cinco denuncias penales de nuestro compañero Claudio Del Plá a cuestas, por malversación de tierras públicas en favor suyo y de varios de sus funcionarios. Por una de ellas, la Justicia pidió su desafuero al Senado de la Nación, y allí kirchneristas, massistas y macristas no vacilaron en encubrirlo, especialmente Rodolfo Urtubey, hermano del actual gobernador. Un fiscal provincial ha señalado que después del pacto Romero-Urtubey sellado a fines del año pasado, las causas contra el ex gobernador están paralizadas.

 

Urtubey ha perfeccionado los negocios capitalistas de la era romerista, especialmente en lo que refiere a la entrega de tierras fiscales de “Salta Forestal”. En este caso, Urtubey violó la Constitución para eximir a la familia Olmedo del pago de más de 260 millones de pesos adeudados al Estado provincial y entregarle una concesión leonina por los próximos 40 años. Sólo el PO lo ha denunciado públicamente y en la justicia. Lo mismo sucedió con las corruptelas en torno a las privatizaciones romeristas en favor de Aguas de Salta, Plumada, Santa Tecla y Aunor. Todas estas empresas tuvieron el salvataje de Urtubey y se fueron sin pagar miles de millones de pesos a la provincia. Así se salvaguardó toda la corruptela romerista.

 

El caso de Agrotécnica Fueguina es otro hito de las corruptelas que unen al gobierno de Romero y Urtubey. Esta empresa de recolección y tratamiento de residuos ha incumplido sistemáticamente su contrato, con la complicidad del ex intendente Miguel Isa primero y, ahora, con el la del intendente Gustavo Sáenz, ex massista devenido en macrista. Esta empresa le cuesta más de un millón de pesos por día al municipio y es responsable de un pasivo ambiental formidable en el vertedero San Javier, un verdadero basural a cielo abierto, que afecta a toda la zona sudeste de la ciudad, contaminando napas y el río Arenales. Uno de los mayores reconocimientos de la población de la actividad de nuestras bancas en el Concejo Deliberante capitalino ha sido la lucha sistemática contra esta corruptela, en la cual hemos presentado denuncias penales contra la empresa, Isa y Sáenz.

 

En cada uno de estos casos, nuestra acción política fue de la mano de la organización de los trabajadores contra la corruptela capitalista y de sus funcionarios. Nuestras denuncias políticas, parlamentarias y penales han sido una gran herramienta para desenmascarar el funcionamiento del Estado en su conjunto y evidenciar la corrupción como un aspecto orgánico de este régimen social. También para denunciar la tendencia capitalista a establecer un estado de excepción para sostener negociados y sus representantes políticos e imponer un ajuste histórico contra la clase obrera; elemento presente también en el caso de De Vido.

 

A la luz de la experiencia de lucha contra las corruptelas en Salta, es evidente que el resto de los diputados salteños –los urtubeystas Kosiner, Isa y David; los macristas Duran Cornejo y Nanni, y el fascista “outsider” Olmedo– votaron a favor de la expulsión de De Vido para encubrir las corruptelas propias o las de sus mandantes provinciales –Romero y Urtubey.

 

Por el contrario, nuestro voto y los fundamentos expuestos frente a la maniobra del caso De Vido son la continuidad de la batalla que venimos dando desde hace décadas para terminar con el régimen de la corrupción, propia de este capitalismo en descomposición.