13/12/2001 | 733

El Partido Obrero frente a la situación actual

La Argentina está alcanzando el punto más alto de descomposición de un régimen capitalista: la declaración formal de bancarrota. La tendencia a la disolución de las relaciones sociales se pone de manifiesto en la intervención del Estado para detener la quiebra del sistema bancario y en el atentado a la propiedad de millones de ahorristas, pequeños capitalistas y grandes capitalistas mediante el congelamiento de sus depósitos. Cavallo ha reconocido lo que Prensa Obrera había señalado antes que él: que la Argentina había entrado en convocatoria o concurso de acreedores. El Estado ha declarado una suspensión parcial de los contratos que regulan las relaciones de propiedad. La expresión más desarrollada de esta quiebra es la ruptura de la unidad monetaria, no solamente por los bonos que proliferan sin medida, sino también por los varios tipos de cambio que registra el peso en el mercado y por el bloqueo parcial de su uso. Donde el comentarista de turno ve problemas aislados unos de otros, como la «sobrevaluación del peso», o el «déficit fiscal», o «el peso de la deuda externa», o la «recesión», no hablemos ya de «las exigencias del FMI», todos contrapuestos entre sí, lo que existe es una realidad única, integrada por medio de contradicciones, de quiebra de una determinada forma de la organización social *el capitalismo.


El principal factor de contención de este proceso de disolución social, o sea, su límite más importante, está constituido por el poder de la economía mundial. A partir de los recursos del capital internacional se podrí a recomponer el cuadro capitalista interno, porque la crisis mundial no ha llegado todavía al extremo de la Argentina. En el corto plazo, sin embargo, el capital internacional es un acelerador de la descomposición nacional. El capital financiero reclama su derecho de acreedor privilegiado a la hora del pago de la deuda externa, para lo cual el gobierno ha reducido los salarios y las jubilaciones, los aportes a las provincias y a los sistemas de salud y educación, y ahora ha secuestrado los depósitos en dólares y las reservas encargadas de respaldar la moneda. Incluso cuando se declare formalmente el «default» y se establezca una quita sobre el total de la deuda externa, los acreedores internacionales reclamarán la prioridad de cobro sobre todo el resto de los acreedores del Estado. El papel disolvente del capital internacional se puede ver en la decisión del FMI de suspender el desembolso de los créditos otorgados a la Argentina, luego de que Cavallo estableciera la reglamentación estatal de la economía. En el cuadro actual, el capital internacional no puede venir en socorro de las relaciones capitalistas, porque corre el riesgo de perder los fondos que aporte para ello. No en vano Cavallo ha esgrimido la posibilidad de aplicar una quita (sea al capital o a los intereses) de los préstamos otorgados por los propios organismos internacionales *que suman unos 45.000 millones de dólares (y que hasta ahora habían sido excluidos de todas las propuestas de «canjes»). Rusia, luego de la crisis de 1998, logró una quita de los acreedores privados del orden del 35%, pero nada de los organismos internacionales. La crisis argentina, precisamente, tiene su origen inmediato en la crisis asiática de 1997, en la rusa del ‘98, en la crisis parcial norteamericana (quiebra del LTCM) y en la brasileña de principios del ‘99, que provocaron (aunque ya ellas habían sido víctimas) un gigantesco reflujo de capitales de los «mercados emergentes», dejando sin financiación el pago de la deuda externa argentina. Es decir que la crisis nacional que depende del socorro internacional, tuvo su detonante en la crisis capitalista internacional.


En la crisis presente, el Tesoro norteamericano ha impulsado el «default» de Argentina, para provocar una reestructuración de la deuda que perjudique a los bancos rivales de los norteamericanos y abra a éstos nuevas posibilidades de especulación. Se trata de una posición internacional que el Tesoro impulsa también para Japón y Europa. En el cuadro de una crisis mundial, el capital norteamericano exige la limpieza de sus rivales por medio de una lucha que involucra a los Estados.


El concurso o convocatoria de acreedores es cualquier cosa menos un procedimiento «ordenado»; para pagar la deuda Cavallo bajó, primero, salarios y gastos corrientes, y luego secuestró los depósitos, pero después tuvo que confiscar la plata de las AFJP para poder pagar los gastos de gobierno, y ahora amenaza con no pagar los aguinaldos para poder seguir con el pago de la deuda externa sin el socorro del FMI. Lo último que dijo es que dejará de pagar los servicios de la deuda para poder hacer frente a los salarios del Estado. En el proceso está liquidando las reservas monetarias; Broda acaba de revelar que una vez que se descuentan los títulos en poder del Banco Central y las reservas propias de los bancos, la reserva oficial no llega a los cinco mil millones de dólares, contra una circulación primaria de 13.000 millones de pesos. ¡El ajuste entre una y la otra requeriría un dólar a 2,60 pesos!


Naturalmente, están los que dicen que las crisis capitalistas son intervalos en el proceso de su incesante reestructuración. Hay que convenir, sin embargo, que esas crisis, al plantear la necesidad de una reestructuración de envergadura, colocan a las masas ante la posibilidad y el desafío de intervenir sobre su desenlace, es decir hacia una reestructuración socialista. Por otro lado, cada crisis es mayor que la presedente, y no sólo objetivamente sino también en el «imaginario» argentino, la actual es mucho más grave que la hiperinflación del ‘89-‘91.


El proceso político


En la izquierda hay quienes niegan la existencia de una crisis de poder, sin ver que ella es la expresión de mucho más que eso *una descomposición de las propias relaciones sociales capitalistas. Es del todo natural que en ausencia de una teoría de la tendencia del capitalismo hacia su autodestrucción, no exista una comprensión de la tendencia a la quiebra de los regímenes políticos existentes y del Estado, y de la capacidad para analizar sus distintas etapas.


El inusitado protagonismo político de Cavallo es una expresión muy clara de la anulación del conjunto de los poderes del Estado. A la hora de poner bajo secuestro al sistema bancario, el Parlamento, los gobernadores, el Poder Judicial y hasta De la Rúa y el gabinete funcionaron como un cero a la izquierda. Dentro de los límites del régimen constitucional, la crisis ha puesto a Cavallo como el único árbitro de la situación. Incluso su propio equipo de la Fundación Mediterránea se ha ido apartando del gabinete. De la Rúa teme que si despide a Cavallo, él mismo sería echado de la Presidencia. Pero fuera de la explotación del vacío que genera la impotencia de los políticos y de los otros poderes del Estado, el poder de Cavallo no está asentado en nada. La desusada proyección de Cavallo constituye la antesala de una completa disolución política.


El desusado protagonismo de los gobernadores es también una expresión del estadio anterior al derrumbe político, porque refleja la licuación del poder central. Pero los gobernadores fracasaron en su primera tentativa de dictar una salida política cuando renunciaron a la Marcha Federal que debía encarnar el rechazo de los acuerdos fiscales con las provincias; prefirieron el camino más cómodo de la «pataconización» de sus distritos. El resultado es que, en Chaco, el «quebracho» ya se está cotizando con un descuento del 45%. La capacidad real de los gobernadores es directamente proporcional a la cotización de las monedas provinciales.


La otra alternativa política, el Congreso, ha sido incapaz de autoconvocarse al término de las sesiones ordinarias, dejando la iniciativa de una salida parlamentaria en manos de De la Rúa y su clique. El justicialismo y el Frepaso, a instancias de la Iglesia, han repetido que defienden la terminación del mandato presidencial; en la misma posición están el ARI y el Polo Social. Se dice que incluso el FMI decidió recibir a Cavallo el fin de semana pasado por temor a que una negativa hiciera caer a De la Rúa. Pero aunque el Parlamento rehuya intervenir en la crisis, deberá hacerlo para considerar el presupuesto o para tolerar que salga por decreto.


Los vaivenes que han tenido las propuestas de «concertación» traducen muy bien la división de la clase capitalista. La crisis que los obliga a entenderse, imposibilita que se pongan de acuerdo. El resultado es que, bajo la presión de los acontecimientos, sólo podrían armar «pactos de urgencia». No se puede descartar un gobierno electo por los gobernadores o por el Congreso, pero lo que es seguro es que sólo podrá jugar el papel de paréntesis entre dos etapas.


Hay gente, incluso en las direcciones de izquierda, que «teme» que «vuelva» el peronismo. ¿Pero se han dado cuenta de que la «gloria» electoral de Duhalde duró un cuarto de hora; que De la Sota naufraga como consecuencia de la crisis en su propia provincia; y que el primer plano lo ocupan los Rodríguez Saa o Romero, que representan a provincias sin peso en el escenario nacional? En los últimos días han cerrado filas con la Iglesia en la preservación del dúo De la Rúa-Cavallo. El peronismo no es un factor independiente frente a la crisis; al contrario, está en su ojo. A medida que ella se desenvuelva, las tendencias centrífugas se harán más fuertes.


La crisis política también ha puesto por momentos en el primer plano la acelerada descomposición de los gobiernos y situaciones provinciales. La crisis en las provincias es calamitosa y el FMI todavía pretende salvar a la banca internacional ajustando a las provincias. En dos de ellas, sin embargo, la crisis política ha adquirido características especiales: Neuquén y Córdoba. Esto ha sido así como resultado de un declive económico impresionante (Córdoba) y de una gran irrupción popular. En Córdoba, donde De la Sota pretendía haber encontrado la fórmula de la salvación, la debacle bancaria y del Estado ha venido a completar un derrumbe industrial impresionante (Fiat Torino acaba de declarar un estado de pre-quiebra internacional y la decidido cerrar 18 filiales extranjeras, entre ellas Córdoba). Una parte de las masas ya está protagonizando movilizaciones cuya envergadura remite al Cordobazo. Neuquén, por su lado, va por el camino de una huelga general que, mediante la intervención de los obreros de Zanón y del sindicato ceramista, ha hecho pie en la industria. Hay una tendencia a la ocupación de fábricas y el reclamo de la estatización de las que cierren o despidan se va haciendo popular.


En estas condiciones, la rebelión popular y la crisis en las provincias se perfilan como los detonantes de una próxima etapa.


Las etapas de la crisis


La amenaza de paro de La Fraternidad, el miércoles 5, puso al desnudo un momento crucial de la crisis, porque obligó a Cavallo, ante el reclamo de que se libere el pago de sueldos, a aumentar a mil pesos la posibilidad de retiro de dinero. Por primera vez, el régimen se vio obligado a retroceder de apuro ante una presión directa de la clase obrera. Tomó una forma más definida, en consecuencia, la tendencia forzada del gobierno a arbitrar, no ya entre las distintas fracciones capitalistas, sino entre el capital y las masas. En el proceso de las grandes crisis, tales síntomas tipifican situaciones pre-revolucionarias.


Otro fenómeno importante es el movimiento popular que se sintió impulsado por la toma de Zanón, independientemente del papel fundamental que jugó en esto la lucha de los estatales y docentes de Neuquén. Es que un cuadro de despidos y cierres de empresas puede dar lugar a la tendencia a ocuparlas, como precisamente ocurrió con el edificio Costanera de Telecom o, poco después, con el de Azcuénaga al 200, de Telefónica. La importancia de las ocupaciones de empresas puede acrecentarse como resultado de la desorganización económica que acompañaría a una devaluación, quita, «default» o dolarización.


También hay que destacar las marchas cada vez más masivas en Córdoba, porque pueden señalar el comienzo de demostraciones políticas de masas. Esto ocurrirá inevitablemente si la agitación alcanza un carácter de conjunto y no solamente es impulsada por reivindicaciones sindicales. Para ello hay que involucrar a todas las clases sociales y mostrar que la salida pasa por confiscar a los confiscadores.


Como en toda gran crisis, el Estado busca asociar a la burocracia de los sindicatos, y esto quedó de manifiesto con el fracaso del ministerio Bullrich. La burocracia es ahora llamada a la «concertación». Pero es precisamente cuando se produce este llamado que la burocracia entra en conflicto, claro que parcial, con sus aliados patronales. Es lo que ocurre entre Moyano y la UIA, de un lado, y entre la CTA y los bancos del Frenapo, del otro. La UIA acepta una tregua a partir de las medidas que aceptan pagar impuestos y hasta deudas bancarias con títulos desvalorizados, algo que Cavallo anularía ahora al regresar de su reunión de urgencia con el FMI. Credicoop, por su lado, también se acercó a Cavallo cuando éste le frenó la salida de depósitos con el congelamiento. Pero ni la CGT ni la CTA han renunciado al «frente nacional» con la patronal devaluacionista, a la cual pinta de «capital productivo», cuando en realidad ha invertido todos sus beneficios industriales en la especulación financiera, en las privatizaciones y en la fuga de capitales. El mantenimiento de la «consulta popular», en medio de crecientes movilizaciones huelguísticas, y la alianza con Ibarra, Kirchner, etc., reafirma la función de la burocracia cristiana-centroizquierdista de la CTA como defensora del orden capitalista. No en vano se ha opuesto como fiera a la convocatoria de la Tercera Asamblea Piquetera. De cualquier manera, la burocracia de los sindicatos seguirá pegada a la patronal nativa devaluacionista hasta tanto la movilización obrera no la obligue a jugar un rol más independiente como último recurso de contención social. Pero el desarrollo de esa movilización exigirá que los paros aislados de contención de la burocracia, sean superados por la huelga indefinida, los comités de huelga, los piquetes, las ocupaciones de empresas y un Congreso de bases de la clase obrera y los desocupados.


De aquí en más la crisis puede llevar a distintas combinaciones gubernamentales (coalición); un gabinete pactado con las principales provincias; un gobierno transitorio elegido por el Congreso. La posibilidad de una seguidilla de gobiernos cada vez más débiles no puede descartarse, toda vez que su función es permitir que la crisis económica siga su curso y haga su trabajo de expropiación económica, preparando así la emergencia de un gobierno fuerte en el futuro. La Argentina vivió un período de estas características entre la caída de Frondizi (1962) y la asunción de Onganía (1966), y entre la caída de éste (1970) y el golpe de 1976. Así como la segunda experiencia fue inmensamente más convulsiva que la primera, la que pueda iniciar la crisis actual será aún más catastrófica.


El sujeto político


La perspectiva de una Asamblea Constituyente que se haga cargo del gobierno e inaugure un régimen deliberativo y ejecutivo, está condicionada, de un lado, al agotamiento de las tentativas «concertacionistas» o de gobierno parlamentario, y del otro lado al desarrollo de la lucha de las masas. Aunque un gobierno constituyente todavía significa un régimen de democracia formal, quiebra uno de los principales instrumentos de dominación de la burguesía: la división de poderes que paraliza la intervención popular, y la subordinación de la soberanía del pueblo a las prescripciones de la Constitución. Cuando todos los partidos patronales y el Congreso le escapan a la función de gobernar, porque temen las consecuencias de sacarle esa función a la clique de turno que seleccionan el Consejo Empresario, la UIA, ABA y la Sociedad Rural, la reivindicación de una Constituyente soberana da un impulso revolucionario a la crisis y orienta a las masas con referencia a la situación política concreta. La función de esta consigna es acercar a los explotados, a través de su propia experiencia (y por experiencia debe entenderse un proceso de comprensión del conjunto de la crisis y del papel de todas las clases y partidos), a la convicción de que es necesario un gobierno de trabajadores y a la conciencia de su organización.


La crisis plantea la cuestión por excelencia de la lucha de clases, o sea, la expropiación del proletariado (y en forma parcial de otras clases) por parte del gran capital. La solución a la crisis pasa siempre o por la reafirmación y agudización de la expropiación social en curso, o por la expropiación de los expropiadores. Ya se escuchan expresiones callejeras que se refieren a «quién paga la crisis». De esto se trata, y esto es lo que los socialistas debemos poner de manifiesto. El desconocimiento de la deuda externa; la nacionalización, sin indemnización, de la banca y las AFJP; la defensa de los pequeños ahorristas y la incautación de los grandes especuladores; el aumento del salario y el seguro al desocupado; la apertura de los libros de los capitalistas y el control obrero de la producción; estas medidas son el punto de partida para salir de la catástrofe. El punto de partida para, mediante la planificación orientada por un régimen de trabajadores, proceder a una reestructuración social sobre nuevas bases.


Por mínima que sea la atención que se le preste a la presente crisis tomada en su conjunto, es claro que no podría, no ya ser resuelta, sino siquiera encarada, sin un programa, sin estrategia y sin una organización militante y de lucha fundada en ese programa y estrategia. En una crisis de fondo, el apoliticismo, el apartidismo y el movimientismo tienden fatalmente a ser contrarrevolucionarios, porque marcan el camino, no de la organización sino de la desorganización, no el camino de una estrategia única sino del falso pluralismo, que es paralizante. Parece lógico que semejantes planteos acompañen a un proceso de disolución política del régimen burgués, porque este proceso da la impresión de cuestionar a la política y a los partidos en general o en abstracto. La exposición más tonta de la crisis es la que habla de una «crisis de representación». No en vano los que la sostienen nunca se postulan como representantes. El votoblanquismo es una expresión de movimientismo; no en vano sirvió en las últimas elecciones a la proliferación de los candidatos advenedizos, como Carrió, Farinello o Zamora, y varios otros…


La unidad de la izquierda puede ser un gran factor de avances parciales, tanto políticos como de lucha práctica, que no deben ser menospreciados para nada en una crisis de proporciones históricas. Los límites de esta unidad, sin embargo, los demuestra el Partido Comunista, que se encuentra aliado a la Alianza porteña y al peronismo de Kirchner, en el Frenapo, junto a toda la patronal devaluacionista, y en la maniobra distraccionista de la «consulta popular». Una unidad política en tales condiciones es un factor de confusionismo brutal.


La catástrofe en la que culmina la experiencia iniciada en el ‘89 desde el punto de vista capitalista, y la crisis política en la que desemboca la experiencia de gobierno del peronismo, del radicalismo y del frepasismo «progre», confirman todas las caracterizaciones y políticas del Partido Obrero, que precisamente ha progresado entre las masas más explotadas como consecuencia de estos planteos. El Partido Obrero se destaca hoy por su caracterización de conjunto de la presente crisis y por exponer una orientación política sistemática frente a la crisis de poder. El desarrollo teórico y práctico del Partido Obrero es también consecuencia del proceso de la crisis capitalista, como una manifestación conciente de su tendencia elemental a la disolución.