En la edición Nº 1.220 del periódico Hoy, el PCR hace una exaltada defensa de la Ley de Corresponsabilidad Gremial (26.377) propuesta por la burocracia de Uatre y aprobada un mes atrás con el patrocinio de la bancada oficialista. “Esta ley -dice el PCR-, permite terminar con todo el trabajo en negro en todo el país y en todas las especialidades del campo, por esta ley el comprador de cualquier producto agropecuario debe ser agente de retención al productor de un porcentaje que incluyen los aportes jubilatorios, de Pami, de obra social y cuota sindical, obligado a depositar estos aportes al Estado en el nivel que corresponda, si el primer comprador vende a otro y éste a un cuarto”.

¿Qué podemos decir de esto? Estamos ante un caso de idiotismo fatal, si no ante una infamia. En todo el país las patronales son agentes de retención de diversas contribuciones sociales y eso no impide que haya cuatro millones de trabajadores en negro. La desesperación del PCR por hacer constar la sanción de esta ley, pone de manifiesto un deseo también desesperado de blanquear, no a los obreros del campo, sino a la patronal, a la cual reivindica el PCR como no lo ha hecho nunca antes desde su apoyo a Isabelita en el ’75 y a Menem en 1989-91. El PCR reivindica una ley de ‘corresponsabilidad’ entre los peores latifundistas del campo y la peor burocracia sindical, para escamotear la vigencia de la ley del peón rural de la dictadura, cuya derogación nadie reclama, que establece la completa desprotección del trabajo rural y admite la explotación de los niños.

Cerca de un millón trescientas mil personas trabajan en el campo, de las cuales sólo una cuarta parte (325.000) están registradas. En 2006 el ingreso promedio de los trabajadores que están en blanco en el campo – excluidos los descuentos de jubilación y salud-  fue de 1.100 pesos (contra 1.904 pesos de los “urbanos”), pero el trabajador en negro gana mucho menos, hasta casi la mitad de esa cifra (el promedio de 1.100 pesos no dice nada porque con sueldos superiores a los 2.000 pesos sólo figuran registrados 26.000 trabajadores) (Ministerio de Trabajo, Informe abril 2008).

En cuanto al trabajo en blanco, las “entidades”, incluida la Federación Agraria, forman parte, junto a la burocracia de Uatre, de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario (CNTA), creada por la ley del “Proceso”, que establece una dictadura corporativa del Estado y las patronales sobre el peón rural. Las cuatro “entidades” han suscripto la vigencia de este régimen y, entre sus últimas “producciones” en el seno de la CNTA, se han pronunciado en contra de la jornada laboral y otras conquistas obreras.

Nada de esto es denunciado por el PCR, que pretende llevar su tarea de confusión hasta el final. “Peleamos junto a los chacareros, levantando las banderas de los trabajadores rurales”, dice Hoy. Pero “los chacareros” con los que “pelea” el PCR son los responsables del trabajo en negro, de las agencias de empleo y de la ley de la dictadura para el peón rural. Resulta desopilante que los proclamados maoístas llamen a “la lucha por identificar” a los “terratenientes, usureros y monopolios imperialistas que oprimen y explotan a obreros y campesinos”, y no mencionen una vez el papel de la SRA, CRA, FAA o Coninagro.

La ley

¿Qué dice la ley? ¡Que las patronales del campo pueden desconocer las obligaciones contributivas del resto de las patronales del país! Es así que plantea que las asociaciones de trabajadores rurales y entidades empresarias del agro pueden suscribir convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social que incluyan “la tarifa sustitutiva (!!!) de los aportes personales y contribuciones patronales y demás cotizaciones destinadas a financiar los beneficios y prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Régimen de Asignaciones Familiares, Obra Social, Riesgos de Trabajo, Seguro de Desempleo, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

Es decir, la ley permite, entre otras cosas, la reducción de los aportes previsionales que acuerden las patronales del agro y la burocracia sindical.

En el debate en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista, reconoció que “los convenios de corresponsabilidad gremial constituyen fundamentalmente un reclamo de los pequeños y medianos productores rurales del país”, y han sido un monumento al fraude laboral: “Este mecanismo existió hasta 1991 y su mal uso posibilitó que se cometieran diferentes fraudes en distintas circunstancias. Uno de los fraudes más frecuentes consistió en que la primera venta nunca existiera, o que se hiciera esa venta a una entidad inexistente. Entonces nadie terminaba de actuar como agente de retención, por lo que no se depositaban en el fisco ni en el sistema de seguridad social los aportes”.

La diputada Diez, de Salta, indicó que “este proyecto fue solicitado por muchos empresarios representativos de las economías regionales, en nuestro caso concreto por la Cámara del Tabaco de Salta”.

La diputada América González (bloque independiente) denunció que, como consecuencia de la ley, “nos queda un sistema público de reparto para los menesterosos, para los chicos, para los pobres. Y aquellos que ganan bien, que tienen la suerte de ganar bien, van a un sistema de AFJP” (todas las citas en http://parlamentario.com).

Un programa para el obrero rural

El debate en el Congreso muestra que la Ley de Corresponsabilidad Gremial ha dejado en pie las vigas maestras de la superexplotación del obrero rural.

La nueva ley sobre el trabajo en negro habilita el fraude y la rebaja de aportes que destruyen la jubilación del trabajador.

El régimen vigente para el peón rural dispone el desalojo compulsivo por la fuerza pública del trabajador de la vivienda aun cuando “el empleador no hubiere satisfecho los importes adeudados al trabajador”, e impide el derecho de huelga para el trabajador permanente (puede ser despedido aun por “injuria”) o el transitorio: “Los diferendos que se suscitaren no podrán dar lugar a la paralización del trabajo”. Esto no fue siquiera mencionado.

Para terminar con este régimen no hay otro camino que la organización masiva mediante la elección de delegados en las explotaciones y en las contratistas, que impulsen la derogación de la ley de la dictadura militar, la disolución de las agencias de empleo (nacidas de otra dictadura militar), la disolución de la CNTA y el restablecimiento de las paritarias libres, que deben fijar las condiciones del trabajo temporal, con garantía horaria e indemnización proporcional.