La decisión unánime de los miembros de la Corte Suprema de aceptar el per saltum que permitió suspender el traslado de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli ha provocado un cimbronazo político.

“Si la Corte dice que los traslados estuvieron bien hechos, pasaríamos a tener dos tipos de jueces: unos por dentro y otros por fuera de la Constitución” (La Nación, 30/9) declaró la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, una persona estrechamente ligada a Cristina Fernández de Kirchner. En declaraciones radiales varios de los referentes del kirchnerismo consideraron que se había instalado un “conflicto de poderes”.

Independientemente de cuál sea el fallo del máximo tribunal sobre la cuestión de fondo, si correspondía o no anular los traslados de los tres camaristas, lo concreto es que, al aceptar el per saltum reclamado por estos, la Corte Suprema de Justicia se colocó cuestionando (o por lo menos abriendo un interrogante) la resolución adoptada por el Consejo de la Magistratura y ratificada por el Senado, ambas instancias con pleno dominio K.

El per saltum no es una instancia que habitualmente acepte la Corte, implica saltar al resto de las instancias del proceso judicial y tomar en sus manos la resolución del conflicto; han sido escasas las veces que fue aceptado el pedido de abocarse inmediatamente a una causa por esta vía. Por ello la “lectura política” es la que debe prevalecer, sobre todo cuando la causa de los camaristas fue utilizada por el sector más duro de Juntos por el Cambio como un arma de agitación política contra el gobierno, con manifestaciones (raleadas) y vigilias frente al Palacio de Tribunales.

Hemos señalado en artículos anteriores que la “crisis judicial” era la punta del iceberg de una lucha por el control de la Justicia, ya que “en el marco del derrumbe de la economía y la decisión del gobierno, y del conjunto de la burguesía, de establecer un fuerte ajuste como parte de la renegociación de la deuda y de las exigencias de los bonistas y del FMI, los conflictos planteados son enormes y la Justicia tendrá una intervención decisiva para arbitrar en ellos, por lo tanto, quien la controle tendrá en sus manos una herramienta decisiva para intervenir en la crisis y saldar en favor de sus propios intereses”.

La aceptación del per saltum por la Corte revela no solo que esta lucha va a ser “sangrienta” sino que desde ahora los jueces se colocan como árbitros, en forma unánime le imponen una derrota al gobierno, en un marco en el  que la política oficial hace aguas en todos los terrenos: el acuerdo con los fondos buitre lejos de dar un respiro al gobierno hizo más manifiesta la crisis sin que aparezca un rumbo a adoptar que no llevé a una agravamiento del derrumbe económico; en el momento en que la política del gobierno frente a la pandemia muestra con claridad su fracaso, Argentina está aceleradamente ocupando el “top ten” de los países más afectados por contagios y muertes por coronavirus; en el que las políticas de contención muestran sus límites (como lo pone de manifiesto la toma de Guernica), y donde los rumores de cambios en el gabinete, de una inminente devaluación, etc. ganan las redes y medios de comunicación.

La Corte con su per saltum se ha colocado en el centro de la escena. La “judicialización” de la situación política es una ratificación de que la crisis se está agravando.