En el mediodía del domingo 19, tres horas antes de que Alfonsín fuera a Campo de Mayo, se suscribió en la Casa Rosada el documento fundamental de toda la crisis político-militar. Este documento fue firmado por absolutamente todo el mundo, con la excepción del Mas (sobre esto ver otro artículo de esta edición) y del Partido Obrero, y de Madres y Familiares. Nos referimos al “acta democrática”.

Los términos del acta, en todos sus aspectos, vehiculizan lo que fue la política del imperialismo y de la burguesía durante la crisis, y lo que fue en definitiva el acuerdo de capitulación firmado por los golpistas. Cuando se convocó por primera vez a los partidos para discutir la situación, el sábado previo por la noche, el Partido Obrero formuló por medio de un volante lo que debían ser las bases de una acción en común: huelga general activa; requisa del transporte para que sirva a la movilización popular sobre los cuarteles; comité de partidos, sindicatos y gobierno para dirigir esta lucha; ocupación de fábricas, centros de comunicaciones y nudos ferroviarios, por parte de la CGT y de los sindicatos.

Pero ese sábado no salió nada. Lo que sí había salido durante el día era la información de la inminente firma de un “pacto social” con los monopolios capitalistas. Además, se sabía de las negociaciones con los sublevados. En esta situación, el Partido Obrero volvió a levantar su programa, pero con la introducción previa de una denuncia: nada de “pactos sociales” ni antidemocráticos para “rescatar” a las Fuerzas Armadas. A las ocho de la mañana del domingo el P.O. ya estaba llamando a no firmar el “acta democrática”. En esta decisiva tarea, la fundamental de toda la crisis, el Partido Obrero estuvo solo. No lo acompañaron ni quienes cuatro horas después irían a firmar, ni quienes se negarían a hacerlo.

El acta

El “acta democrática” tiene cuatro puntos. Cada uno de estos puntos es más reaccionario que el otro, y lo que omite es todavía más miserable que lo que contiene. Afirmar que era legítimo firmar una parte del texto es una impostura. Decir que había que firmarlo todo, haciendo salvedad pública sobre el punto 3, es un crimen y una traición política.

El primer punto reclama, además del consabido apoyo a la vigencia de la constitución, el “normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado". Es decir, el "normal desenvolvimiento" del ejecutivo, del legislativo, del judicial, de las Fuerzas Armadas y del clero —esto porque la iglesia es constitucionalmente una institución del Estado que la sostiene. En lugar del aplastamiento de la sedición, concepto que no figura ni indirectamente en ninguna parte del texto, se pide el desenvolvimiento “normal” de una institución que se ha sublevado contra una parte de las demás instituciones. El objetivo de este punto es, ni más ni menos, restablecer la “normalidad” del ejército, de ninguna manera someter a quienes se han levantado contra todas las disposiciones constitucionales y legales. De esta función de “normalización” se encargarán, como debe “normalmente” ocurrir, las otras instituciones: el ejecutivo, Alfonsín; el parlamento, que no está reunido; la justicia, que está de feriado y el clero, que está mediando. De esta manera, el primer punto deja en manos de Alfonsín y del clero una solución “negociada” de la crisis, toda vez que no se plantea el aplastamiento de la sublevación. Se inviste a Alfonsín de una autoridad que la sublevación ha cuestionado, con la finalidad de negociar con los sediciosos. Se le da un cheque en blanco. Y esto ocurre cuando los diarios de la mañana ya han informado que el teniente coronel Rico, acompañado de cuatro comandos, entró al edificio Libertador a negociar con Ríos Ereñú. Pero una cosa es defender por la vía de los hechos, aunque no políticamente, a un gobierno constitucional contra un golpe; otra cosa es darle a este gobierno constitucional, que es una agencia democratizante del imperialismo, el mandato político de superar la crisis, y para colmo con la finalidad de “normalizar” la situación y no de aplastar el golpe. Este punto constituye una capitulación ante el gobierno de la reforma del código militar, de las instrucciones, del “punto final” y de la “obediencia debida”.

El segundo punto es francamente ridículo en su primera parte y más aún en la última. En lugar de “condenar” a la subversión, condena la "subversión a los postulados” contenidos en el primer punto. Nuevamente no hay ningún planteo de luchar sino un intento de. enmascarar ante la opinión pública la política traidora que están siguiendo los redactores del “acta” en esos precisos momentos. Pero en la segunda parte dice “que ninguna presión o amenaza puede torcer nuestra inflexible decisión de cumplir la ley”. Todos sabemos lo que ocurrió con esta decisión “inflexible”. Pero hay que repetir que no se plantea acabar con la sublevación, lo que significa que todos los firmantes están violando la ley de reprimir la sedición en el preciso momento en que la invocan. De un solo golpe los “patrióticos” políticos que firmaron el “acta" hicieron añicos la “ley de defensa de la democracia”, todas las leyes que regulan la organización militar y hasta el principio constitucional que califica como “delito de sedición” a la acción de “toda fuerza armada” que se atribuya los derechos del pueblo”. En este preciso punto 2 se encubre la capitulación de todo el Estado burgués democratizante ante el complot, así como la violación por parte de sus partidos de todos los principios de la democracia política.

El punto 3 es el famoso punto de la “obediencia debida”; punto que el PI reivindica; que el PC pretendió “auto- excluir” del acta y cuya denuncia posterior prometió, pero no llevó a cabo; y que condujo al Mas a negarse a firmar el acta. Pero aquí hay que decir que este punto 3 fue exactamente el que planteó Alfonsín en el discurso al congreso, el jueves 16, y que no fue denunciado por nadie, con la natural excepción del Partido Obrero, quien lo definió ya entonces como el programa político de la capitulación.

El punto 4, que es quizás un monumento internacional a la canallada, plantea “movilizar a la opinión pública ciudadana... “¿pero para aplastar el golpe? ¡NO! Para “que exteriorice (que finura) su adhesión en paz a este Acta de compromiso histórico”.

Significado de fondo

Este documento tiene un papel decisivo en toda la crisis. Disciplina definitivamente a la burocracia sindical y a la izquierda a la política oficial del gobierno. En el documento se establece que bajo ninguna circunstancia la lucha contra el golpe debe romper la “cadena de mandos” que une al Estado con las Fuerzas Armadas, es decir, que no debe dar un golpe decisivo a la camarilla militar y romper así el basamento fundamental de la dominación capitalista. No es casual que, en cuatro largos días de crisis, la CGT no largara nunca la huelga general; que la largara recién para el lunes dejando pasar todo el fin de semana; y que la eventual huelga contemplara el funcionamiento de los servicios públicos, precisamente los que son vitales para paralizar al país y aun al golpe. En ningún momento la burocracia planteará que los trabajadores se hagan cargo del control del aparato estatal para luchar por “la democracia”.

Pero este documento, además, es la base del acuerdo con los sublevados, pues constituye la demostración de que hay mayoría parlamentaria y política para aprobar la “obediencia debida”. Sus melifluas palabras esconden un programa de acción, no de acción revolucionaria sino contrarrevolucionaria. Cuando se reúnen la “obediencia debida” con el cheque en blanco a Alfonsín, se obtiene el mecanismo político fundamental que hizo posible el acuerdo.

A todo esto hay que agregar, sin embargo, algo más: el “acta” no es un documento en sí ni tampoco autónomo; es apenas un capítulo, probablemente una parte de la introducción, de un libro más amplio: el “pacto social y democrático” que reafirmará la intangibilidad de la deuda externa, la política de superexplotación y de entrega del patrimonio estatal, y de penetración aún mayor del imperialismo, por la vía de todos los mecanismos aprobados en oportunidad de la reciente negociación de la deuda externa.

El PC ha protagonizado la enorme farsa de pretender que podía firmar el “acta” y hacer “salvedad pública” del punto 3. Se pretende participar a pleno de la comisión del delito político, tomando la prevención de no dejar huellas o testimonios comprometedores. Pero esto prueba, precisamente, no solamente que estamos ante un crimen político, sino que el PC sabía muy bien que era un crimen político, cuyas pruebas había que embrollar. Una vez cometido este crimen no valen las “explicaciones” posteriores, ni tampoco proseguir con las reivindicaciones previas a este hecho como si no hubiera pasado nada. Es que, en definitiva, ser revolucionario en tiempos “normales” es algo que muchos pueden fingir, pero es en los momentos de crisis, es decir, cuando se juegan las alternativas decisivas, que se pone en evidencia, de un lado la consistencia política de los que se reclaman de izquierda y de otro lado los verdaderos intereses de clase que dominan en su seno. La dirección del PC ha capitulado junto a Alfonsín y a Cafiero, como lo hubiera hecho Iscaro, y esta lápida no se la levanta nadie. Pero la firma de este “acta” no cae del aire, es una consecuencia natural de la política del PC y del Frepu —para decirlo más claramente—, son los 23 puntos en acción. Hasta la última crisis se disputaba la interpretación de los 23 puntos como si fuera una clave que encerrara muchos secretos. Ahora los 23 puntos tienen nombre y apellido: son el “acta democrática”. Es allí donde se hace la defensa de principios del régimen democratizante; es allí donde se. dice que se lo defenderá contra un golpe, pero no con un programa revolucionario sino dentro de su propio marco; es allí donde está establecido todo el embellecimiento de las formas constitucionales del régimen capitalista; es allí donde se escamotea su condición de dictadura del capital y vehículo de la dominación imperialista. Los hechos han demostrado que los democratizantes no son, en los momentos decisivos, antigolpistas consecuentes, como sí lo somos los socialistas del Partido Obrero.

Pero el que no se embarra por casualidad, tiene que seguir embarrándose inevitablemente. Ahora el Frepu (excluido el Mas) ha sacado una solicitada que demuestra que la firma del "acta” lo lleva a una política derechista. La solicitada realiza la verdadera proeza, al menos a esta altura del partido, de no denunciar la capitulación del gobierno y de todos los partidos patronales, incluido el PI, es decir de todos los aliados del PC en el “acta”. Tres días después del “acta” el PC no dice que ésta fue la base de la entrega, y esto lo consigue omitiendo completamente que hubiera habido entrega. Para la solicitada, el domingo no pasó nada; los golpistas no habrían escalado posiciones en las fuerzas armadas; los hechos no habrían demostrado que golpistas y leales tenían el mismo programa de “obediencia”; y esta “obediencia debida” no se estaría aplicando. Para la solicitada no habría habido capitulación, pero tampoco victoria popular; todo sigue igual. Sin embargo, toma como pretexto a la movilización popular traicionada, para reclamarle a los partidos firmantes del “acta” un "Frente para la liberación nacional y social". Dice textualmente “las fuerzas populares y revolucionarias... abrieron el camino de la unidad frente al enemigo común. La antigua ambición de unir fuerzas cobró cuerpo esta vez... Ahora es responsabilidad de las fuerzas políticas populares darle forma, organización, y continuidad en un Frente para la Liberación nacional”.

La solicitada convierte al enemigo común de la semana pasada, los Rico y cía. (enemigo táctico), en el único enemigo común estratégico; con esto, la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Asociación de Bancos y Alfonsín, Cafiero y Alsogaray, han dejado, de un soplete, de ser los "enemigos comunes” de los trabajadores argentinos. Precisamente los que gestaron y armaron el acta. Para el Frepu se trata, ahora, de convertirlos en miembros del FLNS, nueva denominación del “acta democrática”, y no es casual que ya no hable más de luchar contra el “bipartidismo”. Para este Frepu, la crisis ha borrado todas las fronteras, no comprendiendo para nada que fue en la lucha contra el “enemigo común” qué esas fronteras se pusieron más en evidencia que nunca, y no comprendiendo tampoco que, en el momento decisivo, la unidad popular solo podía ser salvada contra los “partidos populares” que precisamente traicionaban y desmovilizaban al pueblo.

Muerto sin sepultura

La crisis militar ha convertido al Frepu en un muerto sin sepultura; ha sido la victoria póstuma de Rubens Iscaro. Esto tendrá que llevar a una gran crisis en el PC y nosotros reclamamos abiertamente el debate público. La “renovación” del PC ha demostrado limitaciones insalvables para, no digamos dirigir o impulsar, sino simplemente permitir una evolución revolucionaria del PC. El Frepu fue el gran marco de contención utilizado, y esto no hubiera sido posible sin el concurso del Mas. Este se retiró del borde del abismo, pero esto dicho con mucha condescendencia, porque el Mas no firmó el "acta” nacional, pero sí las “actas” provinciales; no denunció su carácter de conjunto, sino limitadamente; y en toda la crisis, además, propuso medidas de diverso orden, pero nunca criticó ni desenmascaró a los partidos patronales, ni puso en evidencia el carácter de la política de éstos.