La Legislatura de la Ciudad acaba de aprobar una ley de “Emergencia económica” que le entrega poderes extraordinarios al gobierno de Ibarra, con graves consecuencias para los trabajadores y la población de la ciudad. La ley —aprobada por aliancistas, justicialistas, cavallistas y el Ari— habilita el pago en bonos de los salarios de los trabajadores. Esos pagos podrían realizarse en Lecops, y aun en un bono emitido por el propio gobierno porteño.

La “emergencia” también le deja a Ibarra las manos libres para recortar servicios esenciales en áreas como salud, vivienda, educación y cultura. El principal blanco de este ataque son los miles de compañeros contratados, pues se faculta al Ejecutivo “a disponer la revisión de … los contratos referentes a compras y contrataciones de bienes, servicios y suministros”. Pero en los contratos basura con que se emplea a miles de compañeros en la ciudad, los trabajadores asumen justamente la forma de “proveedores de servicios”. Del mismo modo, la ley habilita a modificar “la distribución de funciones” en el sector público. Pero en todo recibo de sueldo de un trabajador de la Ciudad, cada agente público está asociado a una “función”: el traslado o disponibilidad de ésta será, por lo tanto, la del agente.

Ibarra, los Lecops y el Banco Ciudad

Como parte de la “emergencia”, la Legislatura aprobó un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y el Banco Nación, para la emisión de los bonos Lecop por cuenta y orden del Estado de la Ciudad. El convenio asegura el mercado más grande del país para los Lecops ya emitidos a cuenta de todos los otros gobiernos provinciales, por la vía del pago de sueldos en bonos, por un lado, y de su aceptación, a su valor nominal, para el pago de impuestos. La “emergencia” es, así, el pretexto para montar un fantástico negociado; los grandes monopolios capitalistas —radicados fundamentalmente en la Capital— podrán adquirir Lecops desvalorizados en el interior del país… y pagar impuestos en la ciudad con bonos que serán reconocidos al 100%.

Es significativo que, apenas se firmara el convenio de los Lecops, la recaudación impositiva de la Ciudad registró una caída del 46% (datos de diciembre). Semejante derrumbe no puede obedecer simplemente a la recesión, sino a una verdadera “huelga fiscal” protagonizada por los contribuyentes más grandes. Altamira denunció esta labor premeditada de disgregación económica, contraponiéndola con la posibilidad de cobrar compulsivamente las deudas impositivas, directamente de las cuentas bancarias de las empresas deudoras. Pero la bancarrota porteña va más allá de la recaudación: como en otras provincias fundidas, el banco estatal —en este caso el Ciudad— está en bancarrota, como resultado de haber destinado el 30% de sus activos a títulos devaluados de la deuda pública y por las deudas impagas de grandes pulpos. Como los Romero, De la Sota o Ruckauf, Ibarra pretende cubrir este agujero gigantesco con Lecops. Claro que éstos no irán a pagar los contratos sobrefacturados de los proveedores del Estado, sino los salarios de los estatales de la Ciudad.

Ibarra y Duhalde

Luego de una negociación, la emergencia fue “consensuada” entre los aliancistas, justicialistas y el ARI. El PJ prestó quórum para sesionar, anunciando que se abstendría de la votación de la ley en general (a sabiendas, naturalmente, que nada de ello impediría la sanción de la emergencia) y que votaría en contra del artículo que habilita el pago a los estatales en bonos. Pero en el curso de la sesión, este acuerdo entró en crisis: bajo la presión de una movilización de estatales porteños sobre la Legislatura (ver recuadro), varios diputados proibarristas decidieron abstenerse o votar en contra de la claúsula del pago en bonos. En su intervención, Altamira puso de manifiesto esta crisis y reclamó a estos diputados el rechazo de la emergencia antiobrera en su totalidad. La situación ya no dejaba campo para la demagogia: si el PJ mantenía el rechazo al pago en bonos, la ley se venía abajo. Por eso, el PJ cerró filas con Ibarra y decidió una “abstención en general y en particular” (sin votar en contra de ningún artículo), lo que dejó en pie a la “emergencia” en todos sus términos.

A la misma hora que el justicialismo aceptaba la ley de Ibarra, éste se pronunciaba por un “gobierno fuerte” en el país hasta el 2003. A cambio de los superpoderes a Ibarra, el progre porteño apoyó el putsch que terminó con Rodríguez Saá.

A la movilización

La “emergencia” de Ibarra no contempla ninguno de los reclamos apremiantes de los sectores más necesitados de la ciudad. No hay previsto un subsidio a los desocupados ni tampoco un salario mínimo. El justicialismo, que había condicionado el apoyo a la emergencia a la aplicación de medidas “sociales” ultralimitadas, terminó arriando aun esas exigencias. Al final de la sesión, llegó el abucheo general de los delegados estatales presentes. Los diputados de izquierda, después de votar en contra, se retiraron, mientras los delegados estatales abucheaban a aliancistas y justicialistas. “Esto que acaba de ocurrir —señaló Altamira— no es ya el agotamiento, sino la sepultura de los dos partidos que dominan esta Legislatura.”

El Partido Obrero de Capital ha convocado a movilizarse para rechazar la emergencia de Ibarra, detrás de este programa: que la crisis la paguen los banqueros; que se incauten los depósitos de los grandes evasores; no al pago en bonos para los trabajadores; nacionalización de la banca y de los monopolios capitalistas. Ibarra y la Legislatura no sólo se han revelado impotentes para resolver los reclamos de los trabajadores porteños. Ahora, han construido un régimen conspirativo contra el pueblo. El “que se vayan” los abarcan también a ellos. Es necesaria una Asamblea Constituyente en la Capital, donde se discuta y resuelva la reorganización completa de la Ciudad sobre nuevas bases sociales.