El ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, actual asesor de Alberto Fernández en la preparación del “pacto social” y candidato a retornar a la misma cartera en el próximo gobierno, desarrolló los lineamientos generales de la que sería la política sobre salarios, jubilaciones y convenios del gobierno PJ-K, donde muestra una continuidad en el plan de ataque a las condiciones de vida de trabajadores y jubilados.

El amigo de José Pedraza y hombre de la burocracia sindical, pese a reconocer que los salarios “perderán un 20% hasta fines de año”, planteó que no debe haber una reapertura de paritarias sino que “lo mejor sería aguantar hasta el 10 de diciembre con el bono extraordinario que negoció el gobierno con la CGT” (IProfesional, 16/9) y que no solo no compensa el desboque inflacionario sino que ni siquiera alcanza a todos los estatales y está en veremos su aplicación para los trabajadores del sector privado por la negativa de las patronales a abonarlo.

Tomada “es una de las figuras clave (del entorno de AF) que trabaja en un acuerdo social en tres tiempos: primero, una suba en jubilaciones y un bono salarial; después, la coordinación de precios y salarios y, por último, la apertura de paritarias para recuperar en forma parcial (sic) lo perdido en la gestión de Macri” (ídem). 

Pero no se trata solo de los seis meses de congelamiento de salarios que supone el “pacto” anunciado por Fernández, sino que, luego, según Tomada, se establecerán los aumentos salariales “en función de la inflación futura” un mecanismo clave para recortar los aumentos y que los ingresos de los trabajadores sigan perdiendo puntos en su capacidad de compra, cuando el retroceso de los salarios en los dos últimos años respecto de la inflación los ha triturado, con caídas que van del 20 al 30 por ciento. 

De allí que planteen que la recomposición salarial por las pérdidas será solo “parcial”, es decir que el programa de Fernández no incluye siquiera volver a los niveles salariales de hace tres años.

Uno de los integrantes del equipo de Tomada, Diego Schleser, clarificó aún más “el objetivo” que es “bajar la tasa de inflación y mejorar la productividad”, lo que “podría lograrse mediante decrecientes (sic) demandas de salarios a cambio de una baja en los precios y un ´reaseguro´ de que no habrá una pérdida de poder adquisitivo”. 

La única manera de que esto no suceda es con cláusula de actualización automática de los salarios, pero esto no está en el plan del futuro gobierno. Luego, según Tomada, se trata de armar un Consejo Social, como existe en España, aunque "no vamos a poder crearlo de un día para otro", sostuvo, por lo que sugirió avanzar "aunque sea en un acuerdo informal" y, luego, las políticas laborales podrían formar parte del Consejo del Salario”.

Ataque a los convenios…

En cuanto a los convenios, se manifestó por la revisión, porque “no están actualizados acabadamente”.  Y planteó que se modifiquen en el marco de una “negociación con representación de los trabajadores”, es decir de la burocracia sindical, la misma que entregó los convenios de los petroleros en Vaca Muerta, la industria láctea o la automotriz, estas dos últimas actualmente ubicadas en el riñón K. 

Es más, el propio Hugo Moyano dijo sin empacho hace pocos días que estaba dispuesto a firmar un convenio para Camioneros similar al de Vaca Muerta –que supuso, entre otras cosas, un retroceso en las condiciones laborales de seguridad que tuvieron como correlato la muerte de ocho trabajadores- si se le garantizaban los puestos de trabajo, obviando que en los yacimientos también siguieron los despidos pese a las entregas de la burocracia.

Esta intención de regimentar a la baja el salario y los convenios tiene detrás el temor, manifestado por Tomada, de que se produzca un "estallido por la deuda social” y el periodista que redacta la nota (IP, 16/9) destaca las movilizaciones encabezadas por el Polo Obrero y las resoluciones del Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, realizado el sábado último en el camping del Sutna así como el paro decretado por el sindicato del Neumático por la reapertura de las paritarias. 

Todos estos reclamos –dice- suponen un desafío para el ´diálogo social´ promovido por el Frente de Todos y la CGT y la idea de Tomada es canalizarlo en un ámbito que podría ser el Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad.

… y las jubilaciones

En cuanto a las prestaciones previsionales, los jubilados no pueden esperar una política diferente. Tomada plantea una pequeña mejora en los haberes y luego un nuevo cambio en el índice de movilidad. Claro que con la aclaración -que copia del macrismo- de que el objetivo es mejorar los haberes, pero teniendo en cuenta la "sustentabilidad" del sistema.

La “sustentabilidad” supone mantener los haberes en niveles de miseria, ya que se plantea mantener la reducción progresiva de aportes dispuesta por el macrismo, aunque morigerada, porque supondrá en un par de años una caída, según reconoce, del 40% en los ingresos al Anses. Pero no eliminarla, lo cual supone una quiebra a plazo del sistema jubilatorio.

Por supuesto que, mucho menos, prevé dar marcha atrás con la reducción decidida por Cavallo cuando era ministro de Economía y que todos los gobiernos posteriores –incluidos los 12 años de los K- mantuvieron inalterada.

Nosotros no dejamos las calles

Los trabajadores y los jubilados no pueden esperar un cambio en sus condiciones de vida y de trabajo con la llegada del gobierno PJ-K. El llamado a “dejar las calles” de Alberto Fernández y la política de entrega de la burocracia sindical de todos los pelajes frente a la catástrofe social que viven los sectores populares, son una muestra de que el próximo gobierno quiere que la crisis la paguen los trabajadores.

El sindicalismo combativo muestra una alternativa. Ganar las calles, asambleas en todos los sindicatos para organizar un paro activo de 36 horas, inicio de un plan de lucha hasta liquidar la política del macrismo, el FMI y los gobernadores.

En ese camino, está la aprobada gran jornada nacional de movilización, actos y cortes, el 24 de setiembre – pondrá en escena esta unidad de ocupados y desocupados, contra el pacto social y por todas las reivindicaciones impostergables.

La campaña electoral del PO y el FIT, en estas condiciones, está al servicio de impulsar las luchas en curso y es un instrumento para luchar contra todas las fuerzas patronales, y en especial para separar a las masas y a sus sectores más activos del nacionalismo burgués y agruparlos en un polo político independiente.