El balance de YPF, difundido en los últimos días, muestra que la compañía perdió 85.000 millones de pesos en el segundo trimestre del año. La cifra equivale al triple de las pérdidas que registró en todo el año pasado. Con este trasfondo, los directores de la empresa presentan ante los inversores un plan de “optimización estructural” que consiste, esencialmente, en descargar un ajustazo contra los puestos de trabajo, los salarios y el convenio colectivo petrolero, con el objetivo de alcanzar una reducción del 30% en sus costos. Ese plan se complementa con un tarifazo.

La pandemia, con el desplome del consumo interno de combustibles por la cuarentena y la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, agravó una tendencia previa que se expresaba ya en balances operativos en rojo de la petrolera, y un desmesurado endeudamiento -en parte debido a que el Estado se financiaba a través de la compañía, que accedía a préstamos internacionales con menores tasas de interés. Así, actualmente la deuda triplica las ganancias netas anuales de la empresa (al tipo de cambio oficial), pero esa relación se agravaría de manera directa con una devaluación porque la hipoteca es en dólares y los ingresos mayormente en pesos. Se suma una deuda tributaria de 15.000 millones de pesos con la Afip, por la cual la petrolera busca adherirse a la moratoria.

Guillermo Nielsen, presidente de YPF, ya había adelantado este cuadro crítico en conferencias patronales y declaraciones mediáticas, con el objetivo de presionar por una suba del precio de los combustibles. Incluso, aprovechó el acuerdo colonial firmado con los bonistas para alertar que, a causa del “atraso muy significativo” de los precios en surtidor, la empresa no podría invertir y ello terminaría obligando al gobierno a importar combustibles, lo que llevaría a que se fuguen las divisas necesarias para garantizar el repago al FMI y los acreedores. El naftazo en ciernes del 7% será solamente el primer escalón de una escalera de tarifazos progresivos, como devela el flamante Plan Gas 4, que subsidiará a las gasíferas con precios por encima de los internacionales y garantizará a las distribuidoras el traslado de esos mayores costos a los consumidores.

La petrolera, de mayoría accionaria estatal, ya inició un plan de retiros voluntarios con el objetivo de recortar hasta un quinto de la planta de trabajadores y recortó los salarios de los empleados fuera de convenio. Ahora pretende imponerles una nueva confiscación salarial a ese sector y, como correlato del achicamiento del plantel, embiste contra el convenio colectivo petrolero “para mejorar la eficiencia y la productividad laboral”.

YPF paralizó por completo la inversión desde el arranque de la cuarentena, pero incluso en el trimestre anterior había achicado un 40% sus desembolsos en relación al año pasado. Ahora apuesta a reiniciar la extracción a partir de septiembre, previa flexibilización del convenio. Ya habrían avances para la firma de un acuerdo con los sindicatos de Santa Cruz y Mendoza, que constituye un verdadero modelo de reforma laboral.

El acuerdo establece que la empresa pagará al personal solo las horas de trabajo efectivamente realizadas. Todos los bonos y adicionales se abonarán ahora bajo un único “adicional objetivo” que se calculará en función de metas y objetivos fijados, será no remunerativo y no se tomará en cuenta para el pago de las horas extra. Además, busca “optimizar los rendimientos de los equipos de torre y evitar los tiempos no productivos”, a partir acelerar los ritmos de trabajo, habilitar la realización de tareas simultáneas, el trabajo de los equipos cuando falten integrantes y disponer la realización nocturna de las tareas de montaje, desmontaje, transporte y acondicionamiento de carga.

A su vez se establecerá un esquema de suspensiones, ya que los equipos de torre prestarán servicios 14 días corridos de trabajo, seguidos por 7 días de franco (como hasta ahora) y luego 7 días de suspensión sin percepción de haberes por falta de trabajo. Para colmo, apuntan a la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora que monitoree la implementación y disponga nuevas modificaciones para aumentar la optimización.

Este proceder generó chispazos con Guillermo Pereyra, el secretario general del sindicato petrolero de Neuquén y Río Negro, ya que se avanzó con negociaciones unilaterales con cada gremio. Pereyra hizo declaraciones manifestándose contra la reforma, pero es una pose para negociar, ya que él fue firmante de la anterior adenda que se cobró la vida de ocho obreros en dos años por la mayor precarización e intensificación de la explotación. Para limar asperezas y lubricar el acuerdo, el propio gobernador neuquino Omar Gutiérrez juntó al burócrata petrolero con el CEO de YPF, Sergio Affronti, el pasado 4 de agosto. Los trabajadores deben ponerse en alerta, ya que se expresa de manera innegable que la política del sindicato de dejar pasar las suspensiones y “retiros voluntarios” no prepara una reactivación beneficiosa sino que allana el camino para un ataque frontal contra los derechos laborales.

En definitiva, la que se pretendía convertir en nave insignia de un desarrollo nacional es hoy el puntal para un ataque a los trabajadores petroleros y para los tarifazos. El fracaso de la experiencia de YPF como sociedad anónima con mayoría estatal que cotiza en bolsa es otro testimonio de la incapacidad de la burguesía nacional por desarrollar el potencial productivo del país. Parte crucial de este fracaso es la asociación con los pulpos imperialistas, algo que se revela nuevamente ahora, cuando en medio de la revisión general de los contratos no se piensa rever el pacto leonino y secreto firmado con la yanqui Chevron. Para abrir paso a una nueva etapa es necesaria la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo control obrero.

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