05/12/2019 | 1575

El “Plan verano” de Alberto Fernández

El hecho de que hasta ahora siga sin conocerse el nombre del futuro ministro de Economía, restando pocos días de la asunción del nuevo gobierno, habla de las enormes contradicciones que enfrenta el mandatario entrante para pilotear la crisis.


Una de sus primeras definiciones es que no le pedirá más dinero al FMI. Por esta vía, según los comentarios, Alberto Fernández evitaría pactar nuevos acuerdos con metas de déficit fiscal, reformas estructurales y monitoreo desde Washington. Hay que tener presente que los compromisos de la deuda con el Fondo recién comienzan a vencer en el 2022, de modo tal que la medida no implicará ningún default.


Fernández ha reiterado una vez más que reconoce la deuda total con dicho organismo cuando el ministro saliente Hernán Lacunza, acaba de señalar que el 80 por ciento de la misma fue para pagar vieja deuda, es decir un mecanismo de rescate de una hipoteca que ya era impagable y que fue a parar a los fondos buitres bonistas y especuladores.


Lo que es presentado como un acto de “autonomía” por el nuevo elenco gobernante tiene como punto de partida el reconocimiento de una deuda fraudulenta, confiscatoria y parasitaria cuando constatamos que el mayor préstamo otorgado por el FMI en la historia coincide con un retroceso de la economía argentina.


El plan inicial que se estaría barajando empezaría con una renegociación con los acreedores privados. Esta deuda, que ascendería a la friolera de 60.000 millones de dólares en el 2020, tiene importantes vencimientos en los primeros meses. En este cuadro, el planteo de una reprogramación a la uruguaya, sin quitas y postergando los pagos hacia adelante, que anticipó Fernández, ha ido perdiendo terreno y empiezan a abrirse paso propuestas menos light, que plantean algún tipo de quita. Esto ha desatado una enorme disputa entre los fondos buitre, entre aquellos que están más expuestos en Argentina, para los cuales una quita sancionaría una pérdida importante en sus carteras, y aquellos que han entrado en el negocio más tarde comprando a precio de default y podrían hacer un negocio redondo.


Pero la “autonomía” que invoca el gobierno, surfeando al FMI, no pasa de una expresión de deseos. Cualquier negociación con los acreedores va a poner sobre el tapete la capacidad de repago de la deuda. Con más razón, si el nuevo mandatario prescinde del desembolso faltante del FMI. El gobierno va a tener que ofrecer garantías de cumplimiento de los compromisos. Hay que tener claro que si el Ejecutivo da largas al asunto, el país entraría en default. Esto plantearía una crisis internacional de mayor magnitud, que no está en la mira del gobierno entrante, excede su capacidad de arbitraje y podría terminar llevándoselo puesto.


Los lineamientos del plan


Los trascendidos hablan de un “Plan Verano” que incluiría un aumento para los montos mínimos de salarios, jubilaciones y asignaciones de un 30 por ciento. Pero esto sería el anzuelo para hacer pasar un cepo a los salarios y las jubilaciones.


Lo de contener la inflación es una impostura. El equipo económico que acompaña a Fernández señala que al no requerir nuevos desembolsos al Fondo, el Banco Central tendría libertad de emitir, abriendo el riesgo de una hiperinflación y una corrida hacia el dólar. El “plan verano” contempla ampliar el cepo cambiario, pero se habla de que esto iría unido a un desdoblamiento. Por lo pronto, aumentaría el dólar turista. Todo esto ya está trayendo una presión alcista en el mercado paralelo. En otras palabras, marchamos a un salto en la carestía y una nueva devaluación.


La crisis actual agudiza las disputas intercapitalistas. Alberto Fernández pretende arbitrar en estos choques, en los que se juega incluso la supervivencia de grupos económicos. La emisión monetaria está al servicio de una gran política de subsidios, pero eso choca obviamente con el FMI y los acreedores, que plantean reducir el déficit fiscal.


Una fuente de pelea son las tarifas. Insistir con los tarifazos sería echar nafta al fuego y una carga imposible para la población. El futuro gobierno estaría estudiando desdolarizarlas, lo cual debería compensar con subsidios a las empresas. Del mismo modo, habría compensaciones impositivas a las Pymes, permitiendo que las cargas patronales sean utilizadas para compensar el IVA, como existía ya en el pasado. El equipo económico de AF pretendería financiar parte de este subsidio a la burguesía industrial con un aumento de las retenciones. Pero esto ya ha abierto un frente de tensiones con las cerealeras y patronales del campo. 


El equilibrio y la conciliación de intereses entre las pretensiones del gran capital y los acreedores, por un lado, y los trabajadores, por el otro, no tienen base de sustento. La reciente experiencia de Bolivia, que podemos hacerla extensiva al conjunto de América Latina, es aleccionadora al respecto. La “luna de miel” de Alberto Fernández probablemente sea muy corta, como acaba de señalar un editorial del Financial Times.


 

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