Resonantes casos de inseguridad con trágicas consecuencias, como la sucesión de crímenes narco en Rosario o el asesinato del chofer de colectivos Daniel Barrientos en La Matanza, han reinstalado el debate público acerca de cómo afrontar un flagelo que vivimos todos cotidianamente. Incluso, ha suscitado procesos de movilización de barriadas enteras y sectores obreros.

La existencia de zonas que son liberadas por la policía para el delito es conocida por todos. La complicidad de las fuerzas de seguridad en el crimen organizado tiene como víctimas principales a los laburantes, y especialmente a aquellos que viven en los populosos barrios, asentamientos y villas del sur de la capital y el conurbano bonaerense, el Gran Rosario y los grandes conglomerados urbanos. Aún quienes no vivimos en barrios o asentamientos no urbanizados, sufrimos igualmente robos y tomamos recaudos cotidianamente: evitamos circular por ciertas zonas en determinados horarios, avisamos cuando llegamos a un lugar, prestamos particular atención al andar en la calle de noche. Son prácticas que hemos naturalizado todos.

El Partido Obrero participa de las manifestaciones de hartazgo con esta situación, en las que se destaca la organización de los vecinos para derribar bunkers narco que operan en los barrios con complicidad policial, exponiéndose a las temibles mafias que manejan el delito. El Polo Obrero ha jugado un papel en la organización vecinal en varias barriadas. Allí la policía está ausente en tanto que fuerza para garantizar la seguridad, pero se hace presente para amedrentar a la juventud, cobrar coimas, hostigar a quienes se organizan, etc.

La denuncia de las zonas liberadas y la movilización para efrentarlo no puede ser un patrimonio exclusivo de los que promocionan como salida más mano dura. En realidad, el agravamiento de la inseguridad revela el fracaso de todo el reforzamiento represivo que los Berni y los Bullrich ensayaron estos años. Eso por el entrelazamiento entre el aparato estatal (policías, jueces, funcionarios políticos) con el delito.

La superposición de fuerzas provinciales y nacionales en Rosario es la expresión más palpable de ese fracaso, que ha tenido por resultado la podredumbre todo el narcoestado. Un artículo de la precandidata a jefa de gobierno porteño, Vanina Biasi, recoge testimonios de costureras de la Villa Soldati donde con toda claridad explican que, en otra paradigmática zona liberada, la policía aparece para exigir coimas a los talleres familiares actuando como aliada de los explotadores de los talleres clandestinos.

Los vecinos que en el barrio rosarino Los Pumitas expusieron su pellejo para destruir los centros de operación de los narcos dejaron de manifiesto la complicidad policial, y para colmo fueron reprimidos. Una movilización similar se dio en el barrio matancero de Villa Celina. Si la izquierda no ofrece ninguna alternativa para organizarse, lo único que hace entonces es contribuir a que la derecha tenga el camino allanado a interpelar a estos sectores brindando como única vía de salida la militarización con fuerzas federales o una mayor carta blanca al accionar de la policía. Desde el Partido Obrero participamos de la organización y movilización vecinal con un planteo opuesto, denunciando las zonas liberadas para colocar en primer lugar la responsabilidad estatal, y promover un programa de reivindicaciones elementales como la iluminación y urbanización de los barrios, que son otra manifestación del abandono por parte de quienes nos gobiernan.

 

La presencia del concejal del PO, Juan Romero, en el piquete de los choferes de La Matanza que repudió a Berni, es un ejemplo de dónde hay que estar: acompañando los reclamos obreros, que en este caso incluían la efectiva implementación de promesas incumplidas tanto por el ministro de Kicillof como antes por los macristas Ritondo y Vidal, que subsidiaron a las patronales del transporte a pesar de que ni siquiera instalaron cámaras de seguridad en las unidades, como estaba establecido por ley. Es un justo reclamo de trabajadores hartos de exponer hasta su vida durante la jornada laboral.

Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero levantamos consignas políticas que apuntan a la cabeza de la podredumbre policial, sosteniendo la necesidad de desmantelar a las cúpulas de las fuerzas de seguridad, abrir los libros de las comisarías al control de los vecinos, investigar la cadena de responsabilidades en el poder político y judicial. También recogemos la desesperación de los jóvenes (y sus familias) que son asediados por quienes buscan reclutarlos como mano de obra para robos o el narcomenudeo, lo cual se apoya por supuesto en la ausencia de perspectivas para la juventud. Por eso, mientras luchamos por trabajo genuino y la educación pública, exigimos centros de tratamiento de consumos problemáticos, asistencia psicológica y social, entre otros reclamos.

El progresismo pequeño burgués le da la espalda a este problema social descomunal, porque carece de todo planteo de lucha contra el Estado y por lo tanto no puede salir de la disyuntiva entre más o menos despliegue policial. De hecho, si hoy calan ciertos planteos derechistas es precisamente por el fiasco del progresismo y el kirchnerismo, que hablan de derechos humanos mientras hambrean a la población y perpetúan los negocios capitalistas en torno a la inseguridad -que luego se valen de los bancos, los puertos privados, el juego, para blanquear el dinero procedente del delito.