En los últimos días se ha descargado un aluvión de ataques contra el PO por alentar la “violencia” e incluso participar de la acción de “bandas armadas” en el norte de Salta.

Se ha producido así una notable inversión de roles. Los que han violado las libertades públicas, convertido a Mosconi y Tartagal en campo de concentración, reprimido a balazos a los trabajadores desocupados y vecinos en lucha por puestos de trabajo genuinos y un salario mínimo de ¡2,50 pesos la hora!; los que han cerrado medios de difusión por no transmitir las “buenas noticias” de los gobiernos, estos personajes, ejecutores intelectuales y materiales de una masacre que lleva seis muertes obreras en el norte, dos en Corrientes, una en Neuquén, le exigen pruebas de buena conducta a las organizaciones populares.

La violencia estatal se autojustifica en el Estado de derecho y en las órdenes de los jueces. Tenemos en consecuencia una reaplicación del principio de la obediencia debida, donde los crímenes de la Gendarmería se amparan en una orden superior. Con orden del juez, se puede consumar todo tipo de atropellos contra los ciudadanos y los trabajadores en nombre del “Estado de derecho”.

Pero el juez también alega “órdenes”: las que emergen de las disposiciones del Código Penal.

El corte de ruta, sin embargo, responde a motivaciones sociales, no corresponde al Código Penal sino al derecho laboral y a los derechos de huelga de la Constitución. Por lo tanto, el juez viola arteramente las propias normas de las que se declara esclavo.

El PO no acepta, entonces, la presiones fascistas del Estado, que justifica su violencia sistemática imputándole violencia a los reprimidos. Al Estado burgués no le rendimos prueba de nada, ni de conducta buena o “mala”. Nuestra única fidelidad es con la defensa incondicional de los trabajadores contra la violencia del gobierno capitalista.

Quienes sí rinden cuentas al Estado represivo capitulan a la presión fascista del Estado.