El bloque de diputados del Frente de Todos esperó a que se selle definitivamente la renegociación de la deuda con los bonistas para presentar finalmente el proyecto de “contribución extraordinaria”, conocido como impuesto a la riqueza. Se trata apenas del taparrabos de una confiscación monumental sobre los trabajadores.

Tal como habían informado desde abril, deberán “aportar” aquellas personas -no las empresas- cuyo patrimonio supere los 200 millones de pesos, según declaraciones juradas al 31 de diciembre de 2019. Las alícuotas van del 2% hasta el 3,5% para quienes detenten una fortuna declarada superior a los 3.000 millones de pesos. El proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner además contempla que las alícuotas sean un 50% más altas para los patrimonios radicados en el extranjero, a menos que sean repatriados el 30% de esos valores -en cuyo caso se aplicarán los mismos gravámenes que a las fortunas dentro del país. En base a ello, calculan que serán alcanzadas 12.000 personas y la recaudación llegará, en el mejor de los casos, a los 300.000 millones de pesos.

Esto es presentado como un “aporte solidario” de los que más pueden para hacer frente a la crisis sanitaria y social que atraviesa el país, pero es un engaño. Ese monto es apenas superior a dos tercios de lo que el gobierno pagó a la banca privada en concepto de intereses por las Leliq en lo que va del año -un monto que además va en aumento mes a mes.

Además, la demagogia oficial acerca de que esto permitirá afrontar los gastos para hacer frente a la pandemia, porque el 20% de lo recaudado iría a gastos en equipamiento médico, debería dar vergüenza a los funcionarios. Es que la máxima de cajonear el proyecto hasta arreglar la reestructuración de la deuda hace que el tratamiento de la iniciativa recién empiece cuando los contagios diarios están arriba de los 10.000, el sistema sanitario está colapsando en diferentes puntos del país y los trabajadores de la salud atravesaron todos estos meses sin siquiera tener garantizados los elementos de protección personal (ni hablar de las dilaciones en el pago del bono salarial misérrimo). Si era para eso, el “impuesto a los ricos” nace tarde, por lo menos.

Pero el monto mayor se lo llevarían los pulpos gasíferos y petroleros, ya que el 25% de lo que ingresaría por este proyecto iría a subsidiar la producción de gas. Con esto volvemos al punto de partida, porque lo único que importa al gobierno de Alberto Fernández es que no se fuguen dólares por importación de gas en el próximo invierno, con las miras puestas en que ya empezarán a regir los vencimientos de la deuda renegociada. Este esquema de subsidios a la producción se complementa, recordemos, con la habilitación a las distribuidoras para descargar tarifazos sobre los consumidores.

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El destino asignado para el resto de los fondos no pasa de un gesto para la tribuna. Cubrir el ATP a pequeñas y medianas empresas, partidas para asentamientos y villas sin control alguno, o financiar el devaluado Progresar que hoy promedia becas de 2.500 pesos mensuales. Es decir, irán a emparchar las asignaciones presupuestarias que ya son responsabilidad del Estado. Nada ganan los trabajadores.

Pero, ¿se grava con esto a los que detentan la riqueza del país? El hecho de que no se toque a las empresas exime de por sí a todos los pulpos multinacionales que se quedan con la parte del león de la economía nacional. La “solidaridad” valdría solo para la burguesía criolla. Pero además los capitalistas son beneficiados por la moratoria impositiva, que les condonará gran parte de las deudas tributarias que se generaron porque no pagaron las cargas patronales o lo correspondiente al IVA, es decir que embolsarán el dinero que se quedaron de terceros, sea de sus trabajadores o de los consumidores. Además fueron exentos del impuesto a la renta financiera las colocaciones bancarias en pesos -como los plazos fijos, que crecieron exponencialmente porque pagan arriba del 33% anual.

Si agregamos a eso que el “plan pospandémico” incluye la reducción de las cargas sociales a las patronales y ciertas exenciones al pago del Impuesto a las Ganancias en rubros como la agroindustria, que se suman a la casi eliminación de las retenciones a la exportación petrolera, queda claro por qué los voceros oficiales se esfuerzan por aclarar que esta “contribución extraordinaria” no afectará a la producción. De todas maneras, habrá que seguir el tratamiento parlamentario, ya que otra de las consecuencias de dilatar la presentación del proyecto es que ahora entrará en la mesa de negociación del Presupuesto 2021, que debe ingresar al Congreso a mediados de septiembre. Es probable que, si se aprueba, sea mutilado.

El Frente de Izquierda presentó hace cuatro meses un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas y rentas capitalistas del país. Con él se podrían recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares -casi el quíntuple del proyecto oficial-, y los fondos serían puestos bajo control de los trabajadores (de la salud, de universidades, la Afip y el Instituto de la Vivienda) para garantizar que sean asignados al sistema sanitario, a un salario mínimo de cuarentena de 30.000 pesos y a la primera etapa de un plan de construcción de 100.000 viviendas por año; es decir que apunta a atacar efectivamente las causas sociales de la grave crisis sanitaria en curso.

En definitiva, un gobierno fondomonetarista no puede ir más allá de una demagogia precaria, como un taparrabos ante el crecimiento del hambre y la pobreza, mientras cocina una reforma tributaria más regresiva que el sistema actual. Redoblemos la campaña por la aprobación del proyecto del FIT, que reunió miles de adhesiones en el movimiento obrero y popular.

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