Si la prensa reflejara aun en forma aproximada la descomposición política de Río Negro y el alcance y continuidad de sus movilizaciones, Massaccesi habría dejado de figurar en las encuestas.

La provincia está fundida y paralizada. El gobierno adeuda los salarios en todo o en parte a 30.000 trabajadores estatales y a 11.000 jubilados provinciales, más otros miles de municipales cuyas intendencias no han recibido los fondos que les corresponden. En Sierra Grande, los miles de trabajadores de la ex Hipasam no reciben su sueldo desde hace meses y el mismo gobierno provincial les va cortando la luz, el agua y todos los servicios.

Las movilizaciones, ocupaciones de lugares de trabajo, “retenciones de servicios” (paros internos), se suceden día a día y en cada localidad. Los hospitales están en “retención” de tareas permanente; los docentes vienen cumpliendo paros de 48 horas semanales; las intendencias de Regina y Bariloche están ocupadas por sus trabajadores; docentes y estatales de Roca se han movilizado por tres veces en los últimos diez días. Los paros docentes tienen la total solidaridad de los padres y la juventud secundaria ha comenzado a movilizarse en varias ciudades. En Bariloche la situación es pavorosa, por la masa de trabajadores a los que se adeuda el salario y la existencia de más de 5.000 trabajadores desocupados, en su mayoría albañiles y gastronómicos.

No por casualidad, el personal policial está casi al día en el pago de salarios, ha sido dotado de automóviles nuevos y el gobierno está lanzado a una tarea de intimidación: el ministro de gobierno declaró que “la policía rionegrina hace tareas de inteligencia en las marchas estatales” y está latente la intervención del grupo BORA, especializado en la represión. Todas las “instituciones” del Estado están funcionando “normalmente” … contra los trabajadores. El gobernador, de licencia por campaña electoral, sólo visita Río Negro para descansar algún fin de semana. La Legislatura, dominada por los radicales del “presidenciable”, no existe. El Superior Tribunal de Justicia -STJ- (la Suprema Corte de Justicia en Río Negro) acaba de rechazar los recursos de amparo presentados en conjunto por los gremios estatales y las organizaciones de jubilados por el no pago de salarios, argumentando que no ha habido “desvío de fondos” y que todo es producto de un “complejo conjunto de circunstancias… que hacen imposible el pago en tiempo y forma”. El mismo Tribunal de “justicia” puesto por Massaccesi ordenó el desalojo del Consejo Provincial de Educación y la Caja de Previsión, ocupados por trabajadores que no cobran su salario desde hace dos y tres meses.

Fuera Massaccesi y su camarilla

El ministro de gobierno de la provincia negó que en Río Negro pueda producirse una sublevación como la de Tierra del Fuego, porque no existe una desocupación como en la isla. En realidad, el inmenso polvorín social que es hoy Río Negro está contenido por la “red de seguridad” en torno al gobierno que nace en el PJ y el FREPASO y se extiende hasta las direcciones de los gremios estatales. En una provincia donde está planteada la expulsión del gobierno incapaz de dar una solución a los reclamos (y de sus ministros y de los “supremos” jueces corruptos), nadie impulsa una movilización política en esa dirección, ni existe un plan de lucha común. El Frente de Gremios Estatales no es tal, desde el momento que no tiene una política de centralización de los reclamos y las luchas y se limita a dejar correr las iniciativas de lucha “sectoriales”. El paro del 21 del CTA-MTA, oportunidad para una masiva huelga general, fracasó, si se considera que pararon sólo docentes, judiciales y hospitalarios, es decir, los que ya están parando.

En Bariloche, donde la crisis social y la movilización están al rojo vivo, los dirigentes de los gremios estatales han formado un “comité de crisis” con la intendenta y los legisladores del PJ y el Frepaso, para crear un “fondo alimentario” y “centralizar” todas las acciones frente a la crisis, un mecanismo de salvataje frente al derrumbe del gobierno.

Para imponer medidas mínimas como el pago de los salarios adeudados o el rescate de la salud y educación públicas, se deben adoptar medidas de fondo contra los chupasangres que vaciaron el Banco Provincia, abriendo sus libros y ejecutando sus deudas con el Estado, la elección de comités de trabajadores interventores en la Caja de Previsión y el Ipross, el desconocimiento del Pacto Fiscal y el cobro automático de la coparticipación en la provincia. Todo esto plantea que las direcciones del CTA y MTA rompan con la política de subordinación a las patronales opositoras y de preservación del gobierno fundido.