Alberto Fernández volvió a recibir en Olivos a Carlos Heller, el redactor del proyecto oficialista denominado como “impuesto a los ricos”, que establecería un gravamen por única vez a aquellas personas físicas cuyas fortunas superen los 200 millones de pesos. El diputado aclaró que las empresas no serían alcanzadas, y por supuesto –agreguemos- tampoco la banca y los tenedores de bonos y acciones (que es donde invierten su riqueza de los capitalistas).

Con la iniciativa, que tendría ahora aval presidencial, se apunta según las declaraciones a lograr una recaudación extraordinaria de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, con el objetivo de hacer frente a gastos sanitarios. De esta forma, el ala kirchnerista del Frente de Todos sale a mostrarse como la fracción progresista de un gobierno que acaba de dar un nuevo zarpazo a las jubilaciones mientras subsidia a los Techint y Clarín (y a sus CEOs). En este campo político hay que ubicar también las bravuconadas de Fernanda Vallejos sobre aumentar la participación del Estado en las empresas que están siendo asistidas con los fondos de la Ases.

La escenificación, de todas formas, es grotesca. El mismo día en que Alberto Fernández daba el visto bueno para que, después de varias semanas, el proyecto finalmente llegue al Congreso, la AFIP comunicaba que extendía por un mes y medio los plazos (previstos para mediados junio) para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los saldos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, el de Bienes Personales y el Impuesto Cedular. Son gravámenes que alcanzan a los propietarios de las fortunas en cuestión.

En efecto, parte de las objeciones de la oposición es la doble imposición que resultaría por esta situación. Para evitar el problema, es probable que una parte de la alícuota sea luego compensada del pago de Bienes Personales. Si consideramos además que, en caso de que sea aprobado, lo más probable es que en la Cámara de Diputados se reduzcan los montos del impuesto, la recaudación final será sustancialmente menor a lo que afirman hoy los legisladores K.

Que las empresas no sean afectadas por este presunto impuesto a la riqueza es lógico n el marco de la política oficial. Incluir a las patronales dentro del sector privilegiado que debe “hacer un esfuerzo solidario” aparece como incompatible con el relato imperante sobre la necesidad de rescatar a las empresas, incluidos los grandes pulpos, a costa de los trabajadores, pagando a libro cerrado el 50% de los sueldos de firmas que siguen facturando o tienen espalda financiera -con fondos previsionales, mientras suspenden los aportes patronales- y bendiciendo el pacto antisalarial UIA-CGT.

Para concluir vale señalar que, bajo el pretexto de buscar una recaudación extraordinaria para los gastos que implica la atención sanitaria en medio de la pandemia, en realidad se busca hacer caja para cubrir las prioridades presupuestarias del gobierno: el pago de la deuda, ya que mientras se pacta con los bonistas las condiciones de repago de las títulos externos se siguen acumulando los vencimientos en pesos. Finalmente, si el proyecto de ley en cuestión se aprobara tal como lo describe Heller la recaudación sería en el mejor de los casos menor a la emisión monetaria de solo un mes.

Lo dicho permite ver que la pose progresista del kirchnerismo no es más que una tapadera de una política de rescate al capital que, mal que les pese, es la que financia a los fugadores seriales que giran sus fortunas al exterior y corren hacia el dólar. Señalemos, de paso, que la camporista Fernanda Raverta asumió al frente de la Anses para ejecutar este desfalco en favor de las patronales.

Un verdadero impuesto a la riqueza debería gravar escalonadamente las grandes rentas y fortunas incluyendo las ganancias empresariales, bancarias y financieras, las propiedades terratenientes y de viviendas ociosas. Para que esos fondos recaudados sean destinados al abordaje de la crisis sanitaria y la asistencia a “los que menos tienen” deberían ser administrados por los propios trabajadores. Son los planteos del proyecto del Frente de Izquierda, que forma parte de una campaña política de rechazo al pago de la deuda y la ofensiva patronal contra los trabajadores.