Como era previsible, el juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. La acusación es que fue la jefa junto con Néstor Kirchner de una asociación ilícita destinada a recaudar fondos de manera ilegal. Junto con ella fueron procesados ex funcionarios de su gobierno y varios de los empresarios más importantes del país. En la lista están dos ex presidentes de la Cámara de la Construcción, un ex presidente de la UIA, empresarios de renombre como Roggio, Pescarmona y Eurnekian, y también el primo del presidente Angelo Calcaterra.

Aunque el juez rechazó la versión difundida por los empresarios de que hicieron aportes bajo presión, no dictó la prisión preventiva de ninguno de ellos. Estamos ante una contradicción flagrante. Sucede que se les otorga a los empresarios los beneficios que están reservados para los ‘arrepentidos’, mientras se descalifica sus propias declaraciones considerándolas falsas. Las arbitrariedades no se limitan a este ‘detalle’. Sin explicar los motivos, en algunos casos, el juez decidió procesar a los dueños de las empresas y, en otros, a sus gerentes. Es el caso del grupo Techint, donde su dueño Paolo Rocca no fue ni siquiera llamado a declarar, mientras el director de su empresa fue procesado. El grupo empresarial del actual presidente también recibió un beneficio llamativo. En el auto de procesamiento se considera que el mayor pagador de coimas fue el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, que habría entregado 13 millones de dólares. Sin embargo, al momento de comenzar el pago de las mismas, la empresa familiar estaba presidida por Franco Macri, que nunca fue llamado a declarar. El mismo manejo discrecional para dictar los procesamientos vale para los funcionarios kirchneristas. Abal Medina, por lo pronto, reconoció haber recibido bolsos con dinero cuando ocupaba la Jefatura de Gabinete, pero quedó al margen de los procesamientos.

El eje de la prueba reunida está basado en el mecanismo de los testigos arrepentidos. Se trata de un método muy cuestionado, pues el ‘arrepentido’ acusa a otra persona a cambio de un beneficio, que llevará a una reducción sustantiva de su condena. Así, el proceso judicial sustituye la materialidad de la prueba por acusaciones orales inducidas por los jueces. Este mecanismo es similar a la llamada “delación premiada” que se usó en el “Lava Jato” de Brasil, y que llevó a que Lula sea encarcelado y que se prohíba su candidatura presidencial.

Burguesía nacional

El kirchnerismo se vale de estas irregularidades y arbitrariedades para deducir que las acusaciones son falsas y que se reducen a una persecución política contra Cristina Kirchner, con el propósito de impedir su candidatura presidencial en 2019. Agregan que detrás de las denuncias está la mano del imperialismo yanqui, que busca acaparar resortes fundamentales de la economía, que hoy están en manos de sectores de la llamada burguesía nacional. Sin embargo, no debe confundirse la motivación de la denuncia con la denuncia misma. Dicho de otro modo: las razones por las que se denuncia un robo no desmienten que éste se haya cometido.

El entrelazamiento de la camarilla kirchnerista con la llamada burguesía nacional adquirió la dimensión de un sistema de gobierno y de poder. Los subsidios millonarios puestos por el Estado fueron utilizados como una ‘acumulación originaria’ para reconstruir una burguesía nacional quebrada por la bancarrota de 2001. De este festival participaron los contratistas de la obra pública del Estado, los concesionarios del transporte público y las empresas energéticas. Hay que sumarle también el sistema financiero, que es por donde se lavaron estos fondos que luego fueron reciclados por los blanqueos del kirchnerismo y del macrismo. Es la trama de intereses, que reunió también a la burocracia sindical, que estuvo detrás de la masacre de Once y del asesinato de Mariano Ferreyra. Esto fue denunciado por nuestro partido en tiempo real, mientras la burguesía ahora ‘arrepentida’, que se pasó al bando del macrismo, la levantaba en pala con el kirchnerismo.

Los kirchneristas denuncian como un avasallamiento de los derechos a la defensa que personas procesadas o condenadas en primera instancia o incluso con confirmación de Cámara sean detenidas, ya que tienen todavía instancias de apelación donde recurrir. Pasan por alto, claro, que bajo su gobierno la inmensa mayoría de las personas detenidas en las cárceles federales no tenían ninguna condena en su contra. Este hecho se agravó con las sucesivas modificaciones del Código Penal, llevadas adelante bajo la presión de la derecha. Tenemos así un doble discurso, que nos debe poner en alerta sobre un enfoque formal o meramente legalista de las prisiones preventivas. Los trabajadores y la juventud deben diferenciar los intereses que hay en juego detrás de los fallos judiciales. Fue lo que hicimos ante el asesinato de Mariano Ferreyra, cuando reclamamos la prisión inmediata para José Pedraza, que finalmente obtuvimos, gracias a una enorme movilización popular. Del mismo modo que hoy, en tiempo real, denunciamos la doble vara de una Justicia que no actúa en el caso Arribas, en el Panamá Papers, ante la estafa al Estado del Correo Argentino o que duerme frente a los aportantes truchos de Vidal y la ruta de ese lavado de dinero.

Régimen corrupto

Nuestra denuncia de las manipulaciones y arbitrariedades de Bonadio y del Poder Judicial no debe confundirse con un apoyo a la camarilla kirchnerista, que gobernó al servicio de una clase capitalista que se enriqueció con los fondos del Estado mediante mecanismos, tanto ‘legales’ como corruptos. Nos delimitamos de quienes se precipitan en defender a Cristina Kirchner contra una proscripción que no se ha dictado, ya que sigue con la protección que le otorgan los fueros, denunciando que detrás de argumentos democráticos formales esconden un seguidismo político al kirchnerismo. A las corruptelas de los gobiernos capitalistas pasados y presentes le oponemos una salida integral, que parta de terminar con la patria contratista mediante la nacionalización de todas las empresas involucradas en el sistema de coimas. Inscribimos esta salida en el marco de nuestra campaña para que se vaya Macri y el régimen corrompido de pejotistas, kirchneristas y macristas, y que el poder pase a una Asamblea Constituyente soberana.