A nadie escapa que el cerco sobre la ex Presidenta y los funcionarios del gobierno anterior, que a esta altura es lo más notorio de la acción de los jueces federales, le permite al gobierno de Cambiemos disimular el tembladeral político y económico en que está sumido. Los negociados de los K -la “herencia recibida”- actúan como coartada y pretexto para presentar al ajuste como inevitable. Macri explota de ese modo el destape sobre los “peajes”, las sobrefacturaciones y el lavado de dinero de la administración CFK.

 

El arbitraje de la Corte

 

Ahora bien, la Justicia, desde la Corte Suprema hacia abajo, está actuando con una autonomía política que rompe los moldes de su actuación anterior.

 

“Aunque la suspicacia argentina crea lo contrario, la administración Macri tiene menos que ver con esta situación que la propia dinámica de los jueces”, señala un editorialista de Clarín. Fue el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el que instruyó a los jueces a terminar con la “impunidad” y conminó al juez Sebastián Casanello, el magistrado que lleva la causa principal contra Lázaro Báez, a activarla luego de un prolongado letargo. Pero también fue la Corte la que planteó, en su momento, la devolución del 15% de los fondos coparticipables, reservados hasta ahora a la Anses, Córdoba, Santa Fe y San Luis, y abrió los reclamos del conjunto de los gobernadores que hasta el día de hoy reclaman la extensión de aquel fallo. La Corte acaba de adoptar un fallo estratégico a favor de la Barrick, que deja en manos de las provincias el manejo de los recursos naturales, como durante el menemato (ver nota en nuestro sitio web). Del otro lado del mostrador, la Justicia mantiene imputados a Macri; al intendente de Lanús, Néstor Grindetti (PRO), y al empresario macrista Nicolás Caputo por sus vínculos con las compañías offshore. En la investigación a Báez, está en la mira otro empresario: Ángelo Calcaterra, primo de Macri.

 

Este papel político de la Justicia, cuya lupa se posa también en el actual gobierno, podría explicar el ataque virulento de Elisa Carrió contra los jueces federales y la propia Corte, exigiendo conocer sus declaraciones juradas y denunciándolos por corruptos.

 

En este rol de arbitraje, los jueces se han asociado crecientemente al Vaticano.

Lorenzetti, junto a Casanello, Servini de Cubría y otros jueces federales han sido invitados a un congreso sobre justicia, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado que inaugurará el papa Francisco en Roma, en junio. Al congreso han sido invitados el fiscal Federico Delgado, quien tiene imputado a Macri por los Panamá Papers (y a los funcionarios macristas de ciudad por el desastre de Costa Salguero) y Carlos Vera Barros, juez federal de Rosario que actuó en su momento en sintonía con el kirchnerismo.

 

El Papa repetiría la invitación a un encuentro similar hacia fines de año “para revisar cuánto de lo que se dijo que se iba a hacer se hizo” -es decir un monitoreo constante. La injerencia de la Justicia y el Vaticano en el proceso político es una señal inconfundible del grado de disolución del régimen político y de sus partidos. El macrismo está lejos de haber reconstruído uno alternativo.

 

Jueces y gobernabilidad

 

La “gobernabilidad” se sostuvo, hasta ahora, primero en base al gobierno por decreto, luego mediante un sistema de acuerdos con protagonistas diferentes en cada caso, que apuntó al bloque de gobernadores e intendentes y que incluyó a la burocracia sindical. Este régimen político es el que está trastabillando, lo que explica las voces a favor de un acuerdo político de carácter “más permanente”. La injerencia de la Corte y del Vaticano en el proceso político es el producto de esta situación: tienden a reservarse para un papel de arbitraje frente al vacío político que puede llegar a producir el fracaso del gobierno oficialista y el desmoronamiento del peronismo.

 

La izquierda revolucionaria tiene un ancho campo para actuar y convertirse en protagonista de la crisis política.