"No hay más”, fueron las palabras utilizadas por Martín Llaryora, intendente de la Ciudad de Córdoba, para avanzar en la reducción de la jornada laboral a las y los trabajadores municipales que implica un recorte del 15% al salario. Se trata de un nuevo golpe al bolsillo que ha sido largamente preparado por el ejecutivo municipal y que se proyecta para adelante. Rápidamente las cámaras patronales que operan en la ciudad salieron a apoyar públicamente el programa antiobrero del PJ.

Desde el inicio de su gestión en la ciudad, Llaryora viene desplegando una fuerte propaganda respecto al estado de las cuentas municipales. Este fue su caballito de batalla para aprobar a fines de diciembre en el Concejo Deliberante la “Emergencia Municipal” y asegurarse así los superpoderes necesarios para proceder de manera discrecional a un “reordenamiento” de los proveedores y una “racionalización” del gasto público. La medida fue acompañada con una campaña contra los “abultados” salarios de los trabajadores municipales, que supuestamente absorberían entre el 60% y el 70% del presupuesto. Con la llegada de la pandemia estos ataques se intensificaron. La reducción de la recaudación municipal fue el disparador de nuevos ataques. Es así que el recorte del 15% fue precedido por el recorte de prolongaciones de jornadas y horas extras, y la imposición de un estado de desocupación forzosa a cientos de docentes de ramos especiales.

La ordenanza fue rápidamente saludada por el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G-6), que reúne a la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara Argentina de la Construcción-Delegación Córdoba, la Federación Comercial y la Unión Industrial de Córdoba mediante la emisión de un comunicado oficial. En el mismo se adelantó que es hora de “una discusión responsable y las acciones necesarias para optimizar sus recursos”. Por su parte la Cámara de Comercio fue aún más a fondo al señalar, en boca de su presidente José Viale, que es hora “redoblar la apuesta y limitar la expansión del gasto público, mejorar la eficiencia y evitar aumentar la insostenible presión tributaria”.

Estas demandas anticipan que el desembarco del PJ cordobés en la Ciudad viene de la mano de un ataque aún más brutal contra las y los municipales, avanzando sobre su convenio colectivo. Pero ello es solo el inicio, pues están en la mira trabajadores de UTA y recolectores; y de esa forma imponer a toda la clase obrera las consecuencias de una crisis que es de los capitalistas.

Los beneficiarios de la quiebra municipal

Desde el oficialismo se adjudica la crisis de las finanzas municipales a los salarios de las y los trabajadores, pero ocultan deliberadamente los grandes negociados que se desarrollan en la municipalidad con propios y ajenos.

De los 29 mil millones que adeuda la ciudad, más de 13.000 millones de pesos corresponden a deudas financieras (capital e intereses de Letras y un bono por 150 millones de dólares), a los que se debe sumar los $2.000 millones producto de la emisión de bonos para afrontar pago a proveedores. 4.684 millones corresponden a pago de proveedores, y más de 1.000 millones están concentrados en las deudas de las empresas municipales (Esyop, Tamse, Crese).

Estos millones, sin embargo, no se ven reflejados en una ciudad que se encuentra al borde del colapso. Años de desguace mediante la tercerización de servicios y el desmantelamiento de áreas operativas enteras, han llevado a una situación crítica de los servicios municipales en general, y los servicios esenciales en particular como educación, salud, transporte e higiene urbana. Los mil millones de deuda contraídas por Esyop, Tamse y Crese vienen a financiar los negociados de un puñado de empresarios y funcionarios. El escándalo por las más de 15 imputaciones por lavado de activos, evasión y defraudación en la Crese, es apenas una muestra de ello. Mientras tanto, se procedió a contrataciones a privados para la recolección de residuos a precios exorbitantes por un servicio por más deficiente.

Los negociados con las arcas municipales no terminan puertas adentro. Los sectores inmobiliarios que operan en la ciudad han sido grande beneficiarios de diversos convenios con la municipalidad y la provincia. A la devolución de las ejecuciones por obras por parte de Epec y el “ajuste tarifario” de Ecogas, se suman convenios de exenciones impositivas municipales a cambio de obras públicas que nunca se concretan. Por caso, la Corporación América mantiene una deuda de 18 millones con la municipalidad por varios incumplimientos de obras, entre ellos aportes para las obras cloacales de Bajo Grande, fijados a cambio de habilitaciones de emprendimientos urbanísticos y tasaciones de terrenos a precios irrisorios, en una ciudad donde la especulación inmobiliaria mueve millones, mientras crece el déficit habitacional entre las familias obreras.

Por su parte, la cuarentena obligatoria ha disparado las ganancias de los centros comerciales de grandes superficies, que concentran y absorben la parálisis de los negocios más pequeños. Esos centros aplauden el ataque a las y los municipales y reclaman mayores beneficios impositivos.

Una salida para trabajadores y vecinos

El descalabro de las finanzas municipales es producto de años de negociados, malversación y beneficios a los grandes capitales, y por tanto deben ser estos sectores quienes dispongan de los recursos necesarios para subsanar la situación. En este sentido, planteamos un impuesto extraordinario a los centros comerciales de grandes superficies, a los especuladores inmobiliarios y las grandes multinacionales que operan en la ciudad.

El hachazo al salario municipal en medio de la pandemia no splo debe ser rechazado, sino que debe impulsar un proceso de organización de deliberación entre trabajadores y vecinos para colocar las finanzas municipales al servicio de resolver los problemas más acuciantes de las y los trabajadores y las mayorías populares, agravados en medio de la pandemia.