Cuando el sábado 25 de febrero el congreso del Partido Justicialista se aprestaba a discutir el programa de la agrupación, el congresista Palarea hizo notar que ni él ni el resto de los delegados conocía siquiera el borrador de la plataforma. Como si fuese la cosa más natural del mundo el presidente del Congreso, el senador santiagueño, Carlos Juárez, le contestó que no se preocupara porque él tampoco sabía lo que se iba a tratar.

Si este ha sido el método con el que el PJ encaró la aprobación de su programa, ¿qué decir de la participación de los afiliados en su elaboración? Por cierto que ella fue nula. Nadie se tomó el trabajo de “consultar a las bases”. ¿A quién corresponde entonces la autoría del programa? Ni hace falta decir que corresponde a la cúpula del justicialismo, ligada por miles de vínculos a los empresarios y a los “grupos técnicos” de éstos, que tuvieron centenares de oportunidades de establecer el carácter del programa, por medio de “mesas redondas”, “intercambios de ideas” y “consultas recíprocas”. La absoluta falta de protagonismo del congreso del PJ en la elaboración del programa es una expresión inconfundible de que se trata de una cáscara burocrática de arribistas políticos al servicio de la clase patronal.

La deuda externa

En ausencia de un borrador de la plataforma, su contenido fue explicado a los congresales por Cafiero y luego trasvasado a los diarios, que publicaron sus “puntos salientes”.

Con relación a la deuda externa, el programa del PJ afirma que la experiencia ha demostrado el fracaso de dos políticas: la política de pagar y la política de no pagar. La única “tercera posición" que se conoce entre pagar y no pagar es endeudarse aún más.

De esta tesis original nace la propuesta del PJ de pactar una moratoria de la deuda externa con los banqueros. La propuesta no tiene nada de revolucionaria porque significaría aumentar la deuda externa, en los cinco años que tendría vigencia la moratoria, en cerca de 30.000 millones de dólares Esto la llevaría a un monto aproximado de los 100.000 millones de dólares, y al pago anual de sus intereses a más de 10.000 millones de dólares. La consecuencia de esto sería un mayor esclavizamiento económico de la nación y su total aislamiento del circuito económico internacional. Los acreedores, sin embargo, no ganarían nada con esto, que sólo serviría para aumentar la insolvencia del deudor, y Argentina todavía menos. Todo esto nos dice que la propuesta justicialista apunta en otra dirección.

Esa otra dirección la esclareció el diputado Toma en el programa de “interpelación” del lunes 27. El objetivo de la “moratoria concertada", dijo, es dejar de pagar los intereses en dólares y hacerlo en su lugar mediante la venta del patrimonio estatal o la autorización de otro tipo de inversiones. La revelación de Toma coincide punto por punto con lo planteado por el propio Menem en otras oportunidades, cuando dio su aprobación a esta “fórmula”, que fuera sugerida por el economista norteamericano Dornbush.

Este virtual remate económico del país no termina, sin embargo, con el endeudamiento, ya que sólo se limita a sustituir intereses de pago inmediato por colocaciones de capital, lo cual significa que Argentina se endeuda a largo plazo por el monto de ese capital y a corto plazo por los dividendos que ese capital deberá girar al exterior. La limitación que tiene esta propuesta para los bancos acreedores, es que la legislación norteamericana no autoriza la “capitalización de intereses", pero ésta es precisamente una situación que el gobierno norteamericano está discutiendo modificar.

La conclusión que se extrae de esta parte de la plataforma justicialista es que no existe una “tercera posición” entre pagar y no pagar, y que la propuesta por el justicialismo es la más gravosa de todas Asimismo es una propuesta inviable en la práctica, porque no existe la posibilidad de invertir tos cinco mil millones de dólares de esos intereses cada año en el país sin producir una sobreoferta descomunal de capitales y una consecuente reducción de sus beneficios. Sea como fuere, un gobierno justicialista dispuesto a pagar, deberá hacerlo en su mayor parte con dólares contantes y sonantes derivados del comercio de exportación y del menor consumo de los habitantes argentinos.

Repatriar capitales

El otro planteo significativo del programa del PJ es el que se refiere a crear condiciones para posibilitar la vuelta al país del capital que se ha fugado en los últimos 15 años. Esto retrata los intereses de clase del programa. Los capitales fugados totalizan 46.000 millones de dólares y sólo volverían en una mínima parte si se les concede ventajas excepcionales de explotación de los recursos del país, es decir, de los trabajadores. La repatriación de los capitales depositados en los bancos del exterior sólo es posible por medio de un acuerdo con los banqueros, lo cual significa que la “moratoria concertada" deberá ser un gran negocio para éstos si se quiere lograr alguna repatriación de capitales.

Para viabilizar esa “repatriación” el programa del PJ propone un tipo de cambio alto, es decir una mayor desvalorización del austral y del salario (que se paga en australes), para hacer más rentables las exportaciones. Propone también “simplificar” el sistema impositivo, expresión que ha venido a significar en el último tiempo la supresión completa de los impuesto a las ganancias y al capital y el incremento de los impuestos al consumo. “Garantías de inversión a los países exportadores de capitales”, lo cual significa que el Estado asegurará la tasa de beneficios de estos capitales, algo completamente colonialista, como antaño ocurriera con los ferrocarriles ingleses. Se confiesa con esto algo extraordinario: el capital nacional fugado regresaría al país con el status de capital extranjero, garantizando para sí la protección de dos Estados y hasta la de la Corte Internacional de Justicia.

Pero de todas las ventajas que reclama el gran capital en la situación actual, una de las mayores es la liquidación de la estabilidad laboral, algo que el menemismo postula bajo el nombre de la “flexibilización laboral”, y que el cafierismo admite implantar dentro de los convenios de trabajo. La “desregulación" que reclaman los capitalistas para todo, menos para la garantía de los beneficios, tiene por principal objetivo el “mercado de trabajo", es decir, la estabilidad laboral.

Uno de los puntos más seriamente entreguistas, vinculado con todo esto, es el planteo de un “pacto federal” que permita “la administración por las provincias de sus propios recursos naturales en base a criterios concertados”. Esto que suena como muy del interior no es otra cosa que autorizar lo que Angeloz, en Córdoba, y Menem, en La Rioja, ya están haciendo, es decir, acordar directamente convenios de explotación económica con el capital internacional en base a la exención impositiva y al incumplimiento de las leyes laborales en las provincias. Esto permitiría ampliar la base geográfica del endeudamiento del país con el exterior y por lo tanto la base de la especulación capitalista con ese endeudamiento. El “federalismo” se presenta así como un factor de disgregación nacional en beneficio del imperialismo.

La plataforma del PJ es uno de los planteamientos más entreguistas de la historia nacional, lo cual no le ha quitado el sueño a Alende, a Ramos o al “maoísta” PTP. Vale como un claro indicador de la tendencia de conjunto de la burguesía nacional, ya que estos planteos tienen lazos notorios de parentesco con el programa de Angeloz, de Alsogaray y hasta de Izquierda Unida (la cual plantea también, no la expropiación del capital, sino su repatriación, y, no el desconocimiento de la deuda externa, sino su no pago por un determinado tiempo, es decir la moratoria).

Reforma constitucional

Semejante programa económico exige naturalmente un violento reordenamiento del Estado, que en las actuales circunstancias debe realizarse constitucionalmente, ya que no están reunidas las condiciones de un golpe militar. De aquí nacen un conjunto de propuestas políticas, como la “reforma constitucional" y “el pacto social".

La plataforma tiene el enorme descaro de caracterizar que el régimen democrático ha desarrollado “el protagonismo y participación del pueblo” y el “respeto a la soberanía popular”, sin olvidarse del “ámbito de libertad protegido por el estado de derecho”. Así ve la dirigencia del PJ las traiciones de Semana Santa y Villa Martelli, las leyes de punto final y de obediencia debida, la impunidad completa del aparato represivo, las medidas inconsultas de saqueo económico del país, la vigencia de las leyes e instituciones de la dictadura, el reconocimiento de los compromisos de ésta como la deuda externa, la violación de las promesas de los políticos en las campañas electorales, la permanencia de un gobierno que es minoría en el voto popular, la masacre de La Tablada, la libertad de operaciones de los servicios, el gatillo fácil en las barriadas, las leyes sindicales que perpetúan a los burócratas, el Cosena o la ley antiterrorista.

Cuando un partido que ha colaborado en violar los derechos democráticos proclama en cambio su vigencia, ello es un seguro indicador que sus reformas políticas apuntan a restringir aún más las libertades públicas.

Con el argumento de limitar el período presidencial a cuatro años, la reforma constitucional del PJ la amplía a ocho porque permite la reelección.

Con el argumento de fortalecer el parlamento, propone, como ya ocurre en Salta, la posibilidad de que los decretos del Ejecutivo se transformen en leyes una vez pasado cierto tiempo sin ser tratados. Esta "reforma" la propone también el Consejo de la Democracia de Alfonsín.

Con el argumento de fortalecer el federalismo, propone ampliar a tres los senadores por provincia, aumentando el peso de las oligarquías de las provincias chicas contra el electorado obrero y popular organizado de las provincias mayores.

Con el argumento también de fortalecer al parlamento, propone un primer ministro o ministro coordinador que intervendría en el congreso en nombre del poder ejecutivo, con la atribución para éste de disolver las cámaras cuando lo entienda políticamente necesario.

Con el argumento de fortalecer a las “entidades intermedias”, propone un Consejo Económico y Social que integre al Estado a los sindicatos.

Por último, también hay en danza un proyecto que con el argumento de limitar las atribuciones del Ejecutivo para dictar el estado de sitio, autoriza a éste a declarar sin el concurso del parlamento “estados de emergencia'” que contemplan la movilización de tropas para la represión interior.

El proyecto del PJ plantea la firma de un “pacto social” entre patrones y sindicatos que luego deberá tener vigencia de ley de manera que su incumplimiento sería penado judicialmente. Esto significaría, ni más ni menos, que consagrar un Estado policial en las relaciones laborales.

El programa del PJ es reaccionario hasta los tuétanos.