Ante la ficción de normalización del PAMI que el gobierno está montando (está previsto un acto en Parque Norte al estilo “matildista”), los jubilados y trabajadores del PAMI deben fijar un claro programa. Hay que salir al cruce de las ilusiones que despertará en los jubilados la propaganda del gobierno, con el apoyo de las burocracias sindicales. 1- Que el Estado garantice ingresos por 300 millones mensuales, para cubrir todas las prestaciones médicas y sociales necesarias. 2- Reintegro de los aportes patronales. 3- No al PMO. Que se reintegren las prestaciones eliminadas o suspendidas. 4- Desconocimiento e investigación de la deuda de todas las conducciones. Apertura e investigación de las cuentas. 5- Anulación de todos los contratos e investigación de los mismos. Sistema prestacional resuelto por los propios jubilados. 6- Ningún despido directo o encubierto. 7- Derogación del decreto 197/97 y de toda la legislación de desregulación y liquidación de la obra social (292, 492, etc.). 8- Ruptura con el plan del Banco Mundial. 9- Que el PAMI sea conducido por los jubilados y los trabajadores, mediante la elección de sus representantes. 10- Que esos representantes puedan ser destituidos en cualquier momento por sus bases y que no ganen más que la jubilación promedio.

En cambio, el programa de la Mesa Coordinadora de Jubilados, apoyado por el Partido Comunista (Propuesta n° 342) es totalmente opuesto. No plantea la ruptura con el Banco Mundial. No reclama el reintegro del presupuesto total de Instituto (3.000 millones anuales). Plantea que sea el Estado Nacional el que determine el monto y asuma la cancelación de las deudas, lo que equivale a ser voceros de las patronales médicas, farmacéuticas y prestadores en general que vienen negociando con el gobierno y chantajeando con la suspensión de los servicios. El Estado Nacional siempre fue el cómplice de las contrataciones con las empresas que se beneficiaron con las sobrefacturaciones y los malos servicios.

Propone la “separación del presupuesto nacional y recaudación directa por la obra social”, sin rechazar el decreto 197 y sin reclamar los 300 millones mensuales, lo que significa condenar a los jubilados al “autoajuste”, porque deberían adaptar las prestaciones al deteriorado presupuesto actual.

En cuanto a otro planteo, dejar sin efecto los convenios firmados con la provincia de Buenos Aires sin formular la necesidad de otro sistema prestacional, decidido por los afiliados, cae en la defensa de un sector de prestadores, los anteriores contratistas (FECLIBA), tan comerciantes de la salud como los actuales (fueron denunciados por sobrefacturaciones del 40%).

Finalmente, el “cumplimiento cabal de la ley 19032” no significa la democratización de la conducción del PAMI, porque dicha ley, pergeñada por Manrique bajo la dictadura de Onganía, es justamente la que establece un directorio integrado por una mayoría de representantes estatales y una minoría de jubilados y dirigentes sindicales, todos nombrados por el gobierno, en este caso Carlos Saúl Menem.