Mediante el decreto 92/2020 el gobierno de Alberto Fernández restablece la paritaria nacional docente, en los términos del artículo 10 de la ley de Financiamiento Educativo, o sea, como Convenio Marco “que establezca pautas generales sobre condiciones laborales, carrera, salario mínimo de las trabajadoras y trabajadores docentes, calendario educativo, entre otros aspectos” (Boletín Oficial, 20/1).

Durante el gobierno de Macri, la paritaria se convocó sólo una vez. Una vez obtenida la firma de los sindicatos nacionales en una cláusula que establecía que el salario mínimo docente se calculaba un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil, el macrismo eliminó el debate salarial de la mesa de discusión. Utilizó la ambigüedad de la propia ley para congelar el Fondo Nacional de Incentivo Docente durante 3 años en 1.210 pesos por cargo, y eliminar gradualmente el Fondo Compensador, mediante el cual el Estado nacional “ayuda” a las provincias más pobres a llegar al piso del mínimo garantizado. Todas cifras convenientemente en negro y que achatan el escalafón docente, la escala salarial, y no son cobrados por los jubilados. Siempre es bueno recordar que esas reuniones de Ctera y los otros 4 gremios con el entonces ministro Esteban Bullrich, a finales del 2015 y principios de 2016, fueron saludadas calurosamente por las direcciones sindicales luego de varios años de paritarias cerradas por decreto durante el gobierno K. También es bueno recordar que la firma de ese acuerdo –que luego se revelaría como una enorme trampa-, le regaló al macrismo el inicio de clases sin conflicto en 2016 a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Sólo la oposición multicolor convocó a un no inicio frente a Vidal, mientras la “resistencia con aguante” no pasaba de un slogan archivado. 

El restablecimiento de la paritaria nacional plantea nuevamente cuál debe ser su función y el programa de reclamos que llevan las entidades gremiales.

De cara a la convocatoria planteada para el próximo 27 de enero, el actual ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, anticipó que condicionan el debate salarial a una suma fija, probablemente por la vía del aumento del Incentivo Docente. El salario docente mínimo actual para el maestro de grado es de 20.250 pesos, cuando la canasta de pobreza ya supera los 39.000. El mínimo es lo que cobran los docentes en casi todas las provincias del norte del país, pero hay cargos que están debajo de eso, dado que el salario garantizado es sólo para el cargo de maestro de grado, sin tener incidencia directa sobre todos los cargos del escalafón. 

Del mismo modo, al no discutirse la composición interna del salario, los básicos pueden permanecer sin modificaciones, lo que coloca a los docentes con varios años de antigüedad en el mismo sueldo que el que recién se inicia dado que no superan el “mínimo”. El achatamiento del escalafón es lo que ha llevado en todas las provincias a que la diferencia salarial entre el docente que recién se inicia y el que tiene el máximo de antigüedad sea del 30% en promedio y no del 100 al 125% de diferencia que es lo que se percibe por antigüedad, pero sólo sobre los básicos. 

La dirección de Ctera, Suteba y Cta dejó trascender que aceptaría un planteo de este tipo, que reedita las distorsiones salariales al extremo. Por supuesto sin mandato alguno de la docencia. 

El planteo elemental que debería llevarse a la paritaria nacional es el de un salario básico unificado nacional, que debería acercarse a la canasta básica para el cargo testigo, actualizado mensual y automáticamente por inflación y desde allí trasladarse al conjunto de la escala salarial. 

Además, es perentoria la necesidad de la nacionalización del sistema educativo. La agudización del sometimiento al endeudamiento externo y de los sucesivos ajustes en los presupuestos provinciales, reedita el vaciamiento de los sistemas educativos provinciales, que sucesivamente cesan de funcionar: Chubut sin clases por 4 meses, Chaco y Salta otro tanto, solamente durante 2019. La lucha docente no es la que obstaculiza el funcionamiento del sistema educativo. Son los gobiernos los que agudizan su vaciamiento. 

Es por ello por lo que el sistema educativo debe estar garantizado por el presupuesto nacional, para que estudiantes y docentes realmente “gocen” de los mismos derechos en cualquier rincón del país. En camino a la nacionalización es necesario defender los derechos laborales de la docencia y el Estatuto del Docente. Un planteo de arranque de la paritaria debería ser la exigencia de eliminar todas las cláusulas de presentismo que existen en el país, como el ignominioso ítem aula de Mendoza o la cláusula antihuelga de Santa Cruz, donde el docente que tiene asistencia perfecta obtiene un puntaje extraordinario en los listados para el acceso a cargos. 

También la eliminación de las resoluciones que modifican la condición laboral estableciendo topes arbitrarios y despidos de cientos de docentes como en Santiago del Estero, o los cierres masivos de cursos y carreras, especialmente terciarios, en Jujuy. 

Sin dudas, dos temas ineludibles son, por un lado, el cumplimiento de los acuerdos salariales firmados por los gobiernos provinciales, y que están siendo burlados tanto en Tucumán y Santa Fe como en Caba. Por otro, el pase a los derechos y estabilidad del estatuto de los docentes precarizados, sean de programas socioeducativos, planes fines, contexto de encierro, y cualquier otro en esa condición.

Nada de esto aparece en el planteo de la burocracia. 

Al contrario, serán los temas de las asambleas y plenarios que impulsaremos en los sindicatos combativos desde el mes de febrero y que reclamaremos sean convocadas en todos los gremios, junto a plenarios de delegados con mandato.

Y serán los temas que debatiremos a fondo, y sobre las que tomaremos resoluciones, junto a las medidas de acción para impulsar en los sindicatos, que constituirán el eje de funcionamiento de XII° Congreso Nacional de Tribuna Docente, que sesionará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA los próximos 15 y 16 de febrero. Manos a la obra para convertir este ámbito de deliberación de la docencia combativa en un punto de referencia para la docencia y los estudiantes terciarios de todo el país.