El “Programa Provincial de Alivio” que lanzó el gobierno de Córdoba es una farsa

El gobierno de Córdoba anunció el “Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar”. En el escrito de la Ley se asegura que el objetivo es “mitigar el impacto económico y financiero que soportan las familias cordobesas como consecuencia de la situación macroeconómica del país”. El gobernador Martín Llaryora ahora hace referencia a “la macro”, luego de haber apoyado todas y cada una de las medidas económicas de Milei-Caputo.

Veremos qué dice el programa, que bien visto es una medida que forma parte de un marketing electoral con el que Llaryora pretende diferenciarse de Nación, en momentos en que la morosidad de las personas en la provincia creció en los últimos años, pasando del 13,4 al 26,9% (según datos de la Central de Deudores del Banco Central); es decir que prácticamente se duplicó, sin dudas que producto de la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, de la que el Ejecutivo provincial también tiene responsabilidad.

Bajo el discurso demagógico de "mitigar el impacto económico" y rescatar a las familias en situación de “vulnerabilidad crediticia”, la Ley estipula como uno de los mecanismos centrales del programa subsidiar a los bancos y a las emisoras de tarjetas de crédito, que ya no pueden seguir exprimiendo los ingresos populares.

Según lo normado en los artículos de la ley, las entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526 y las emisoras de tarjetas (Ley N° 25.065) que se adhieran para refinanciar deudas de préstamos personales y tarjetas de crédito de gastos básicos del hogar, recibirán un beneficio directo: tributarán una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto a los ingresos generados por los intereses y refinanciaciones.

Es decir, mientras los trabajadores y jubilados provinciales sufren salarios de miseria que los obligan a endeudarse para comer o pagar los servicios, el gobierno provincial decide condonar impuestos al capital financiero. No hay quita de intereses para los deudores ni congelamiento de deudas; hay exención fiscal para los usureros de siempre.

El articulado establece que el Ministerio de Economía de la Provincia actuará como Autoridad de Aplicación (Art. 9°), encargada de la instrumentación y los convenios con los bancos (Art. 8°). Todo esto dentro de una vigencia de tan solo tres meses calendario (Art. 10°), lo que confirma su carácter puramente cosmético e insignificante frente a la magnitud del colapso social y financiero de la población golpeada por las tarifas y la inflación.

El punto es que el programa queda supeditado a que la entidad bancaria adhiera, en caso de que no suceda queda en la nada.

El anuncio del programa de “Alivio” es de los creadores de la restitución del 82 % móvil para jubilados en Córdoba: un engaño publicitario con el que se busca encubrir la complicidad con el plan de ajuste, el desguace del salario y los beneficios del capital financiero.

A luchar por una salida de los trabajadores

Frente a la estafa del endeudamiento para subsistir y la complicidad estatal con la usura, es necesario impulsar la movilización independiente de los trabajadores, por la investigación y condonación de las deudas usurarias de las familias trabajadoras contraídas para gastos de subsistencia. Además, es oportuna la anulación de los tarifazos, cuando en Córdoba los servicios suben hasta 20% por encima de la inflación.

Lo señalado debe ser parte de un plan de lucha por el aumento general de salarios y jubilaciones ajustados por inflación, con un básico que cubra la canasta familiar, junto al cese de los despidos y suspensiones. Con esta perspectiva podemos superar a una burocracia sindical que es adicta al gobierno de Córdoba.

En ese sentido, el burócrata Roberto Cristalli declaró que la Ley de alivio fue “en respuesta a nuestras demandas para que se resuelva el sobreendeudamiento de las familias cordobesas, y asumiendo el compromiso de brindar herramientas que permitan afrontar el difícil momento económico que atraviesan, el gobernador anunció el envío a la Unicameral del proyecto de ley ‘Alivio Cordobés”. En lugar de reclamar aumento de salario, la burocracia acuerda con Llaryora, otra vez, para sorpresa de nadie.  

En este escenario la UEPC-Capital realizó una presentación por el desendeudamiento, con el planteo de un aumento salarial de emergencia. Además, el Frente de Izquierda y los sindicatos estatales se reúnen para enfrentar el endeudamiento de los trabajadores, el frente único de trabajadores en la ruta de la huelga general es el camino para derrotar a Llaryora que profundiza su apoyo a Milei en el Congreso, mientras hace propaganda apuntando a delimitarse del liberfacho.