Como parte de los cambios en el gabinete que siguen a la derrota electoral y la crisis entre el albertismo y el kirchnerismo, Aníbal Fernández ocupará el ministerio de seguridad, en reemplazo de Sabina Frederic. Esto augura una profundización de la represión y una mayor sintonía de la cartera nacional con la del bonaerense Sergio Berni, el desalojador de las familias sin techo de Guernica, que estaba enfrentado a la ministra saliente.

Fernández, un crónico del poder, ha estado en los episodios más nefastos de los últimos gobiernos justicialistas. Tras la masacre del Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002, cuando Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por la policía en una jornada de lucha piquetera, el ahora máximo responsable de la cartera de seguridad fungía como secretario general de la presidencia. Sostuvo entonces la tesis de un “enfrentamiento entre piqueteros”, y también afirmó que las organizaciones de desocupados preparaban la “lucha armada” (revista Mercado, 27/6/02), como un modo de justificar el despliegue represivo de aquellos días contra el pueblo movilizado.

Las calumnias e infamias contra los luchadores han sido una de sus especialidades. En 2008, siendo ministro de justicia de Cristina Fernández de Kirchner, montó una conferencia de prensa para acusar falsamente al Partido Obrero y a José María Escobar, entonces militante de la organización, por el incendio de algunas formaciones del Ferrocarril Sarmiento, que había sido llevado a cabo en realidad por pasajeros indignados, tras el descarrilamiento de una unidad en Castelar. Por aquella imputación, el PO demandó a Fernández, quien fue condenado por la justicia. La opereta de Aníbal buscaba encubrir el vaciamiento ferroviario, del que su gobierno era responsable.

Más tarde, en ocasión del crimen de Mariano Ferreyra por parte de una patota de la Unión Ferroviaria, el 20 de octubre de 2010, Fernández defendió el accionar de la Policía Federal (que estaba a su cargo), la que había dejado una “zona liberada” para que se ejecutara la agresión. “La policía hizo lo que tenía que hacer”, señaló. Era jefe de gabinete de ministros.

Hoy que se cumplen 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el represor de la dictadura Miguel Etchecolatz, vale recordar también que el entonces ministro de justicia de Cristina Fernández de Kirchner indicó -banalizando la situación- que el albañil podía estar “en la casa de su tía”.

Recapitulando: Fernández fue funcionario de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ocupando variadas posiciones. Previamente, había sido intendente de Quilmes (1991-1995) y funcionario de las administraciones provinciales de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf. Un hombre del aparato del PJ y del riñón del poder.

Antes de volver a ser ministro, se desempeñaba como interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). Su gestión comenzó con 400 despidos.

No puede decirse que su designación en seguridad esté fundada en motivos de popularidad; fue uno de los mariscales de la derrota electoral del kirchnerismo en 2015, cuando quedó debajo de María Eugenia Vidal en la puja por la gobernación bonaerense. Fernández viene a aplicar “mano dura” y a reforzar el perfil derechista y conservador del nuevo gabinete.

La vicepresidenta dijo que había que hacer cambios… y volvió Aníbal.

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