El kirchnerismo presentó un proyecto en el Senado para crear un “fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. El planteo expresado en un largo y detallado articulado está centrado en obtener un “aporte especial” sobre los bienes y divisas radicados en el exterior y no declarados, y destinarlo al pago de la deuda con el FMI.

De esta manera, según sus autores, se podría cumplir con el FMI sin apretar demasiado las clavijas sobre el presupuesto y sostener el déficit fiscal. Tampoco eliminando los múltiples mecanismos legales e ilegales de fuga de capitales. Por ejemplo: en 2021 desaparecieron literalmente 15.000 millones de dólares de superávit comercial, pero buena parte se fueron como giro de utilidades al exterior, por compras legales de dólares CCL, mediante devolución de autopréstamos de las filiales a sus casas matrices o bancos extranjeros asociados, mediante sobrefacturación de importaciones y un largo etcétera.

La pretensión, por un lado, es mostrar que el kirchnerismo no está dispuesto a desconocer la deuda con el FMI ni con ningún acreedor externo (buitres incluidos), ya que el proyecto no dice que solo va a pagar lo que se junte, si la recaudación resulta “pobre”. No por nada CFK se reunió en su despacho con el embajador yanqui y le habló del proyecto.

Por otro lado, el kirchnerismo quiere mostrar una alternativa supuestamente indolora que les permita aparecer empatizando con los sectores más golpeados por el ajuste. En el kirchnerismo (y no solo en él) hay una preocupación mayúscula: el crecimiento exponencial en las barriadas populares y sobre todo en el conurbano bonaerense (donde está su principal base electoral) de las organizaciones sociales independientes, nucleadas en la Unidad Piquetera, y la fuerte injerencia en este proceso de la izquierda independiente y en particular del Polo Obrero (“el trotskismo duro”, como suelen decir en los medios). El plan de lucha con los acampes invadiendo el país debe ahondar esa preocupación.

Bien mirado, el proyecto es una operatoria de blanqueo de capitales fugados similar a los que ya se hicieron en el país, y todas las cuales fracasaron en resolver el tema. Desde el retorno al régimen constitucional, casi todos los gobiernos apelaron a este mecanismo: Alfonsín, Menem, dos veces bajo el kirchnerismo y una con Macri, las experiencias kirchneristas fueron las más fallidas, recaudando 4.700 millones de dólares en 2009 y solo 2.600 millones entre 2013 y 2015. Bajo el gobierno de Macri se “sinceraron” unos 116.800 millones de dólares, incluidos recursos fugados por familiares de funcionarios (incluidos los del presidente), y con la opción de conservar los activos en el exterior. Una ganga que disminuyó ostensiblemente el impacto económico de la medida, la cual se dispersó en una nueva fuga y en el pago de la deuda externa.

¿Por qué habría de ser ahora distinto? Durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández se fugaron 25.342 millones de dólares, engrosando los 360.082 millones de dólares privados en activos en el exterior o afuera del sistema financiero local. Juliana Di Tulio habla de 417.000 millones de la misma moneda, más aún entonces.

La fuga de divisas nunca fue castigada, a pesar de que existe una biblioteca de normas, leyes, etcétera, con ese fin. En la fuga “legal”, la más importante, están involucrados los grupos capitalistas y sus funcionarios. Sin ir más lejos, en su libro Sinceramente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sinceró y detalló varias operaciones donde ella y también su marido, Néstor Kirchner, enviaron fondos propios al exterior para protegerlos de los “avatares de la economía argentina”. El más reciente fue a través de la operatoria de contado con liqui durante el gobierno de Macri. Otra fuga de Cristina fueron los cinco palos verdes en la caja de seguridad de Florencia.

Lo otro que habría que preguntarse es por qué razón quienes fugaron ahora estarían dispuestos a participar de ese blanqueo. Actualmente se ofrecen facilidades para repatriar fondos del exterior, con rebajas en el impuesto de Bienes Personales, buscando ingresar al menos una porción de los activos depositados en el extranjero. Si no se hace uso de las opciones de blanqueo en vigencia, por qué sí lo harían con esta. La propuesta del kirchnerismo es más que inconsistente.

El kirchnerismo da fe de su sometimiento al capital financiero internacional pretendiendo contemplar los intereses populares. Es un acto de hipocresía, la única intención es impedir una fuga por izquierda de su base electoral, que cuestione su papel de “contenedor” de la lucha social.

La propuesta K, así logre su aprobación legislativa -algo dudoso-, habrá legalizado la deuda con el FMI sin evitar el ajuste ni la continuidad de la fuga de dólares, porque para ello lo que hay que hacer es luchar por el desconocimiento de la deuda usuraria, el rechazo al acuerdo con el Fondo, por las reivindicaciones de los trabajadores, nacionalizar la banca y el comercio exterior y expropiar a los saqueadores, pero no para pagarle al FMI, sino para garantizar un plan económico y de desarrollo industrial bajo la dirección de la clase obrera.

A nada de eso están dispuestos, esa tarea queda para una perspectiva de poder de la organización de los trabajadores, que crece en las barriadas obreras y en los lugares de trabajo. A impulsarla.