Los estudiantes tienen sobradas razones para rebelarse. Es que el anteproyecto de ley de educación de la Ciudad, elaborado por De la Rúa, constituye una réplica agravada de la reforma educativa que se aplica en otras jurisdicciones.

Desguace

La ‘reforma educativa’ liquida la escuela secundaria con su sistema de ciclos y polimodales. Pero la Alianza va más lejos porque entre la primaria y los polimodales crea un ciclo intermedio denominado “Educación básica superior”, destinado a “adolescentes de doce a catorce años de tres años de duración” (es decir, abarca el actual 7º grado de la primaria y los dos primeros años de la educación media).

Este nuevo ciclo es “autónomo”, reviste rango de “unidad pedagógica especiífica” y puede dictarse en espacio físico e instituciones diferenciadas e independientes de los restantes estamentos educativos.

Sin embargo, esta flamante “educación general básica superior” no es más que una vulgar prolongación de la primaria, o sea una desjerarquización de los contenidos de la actual escuela secundaria. Esta ‘reforma’ afecta al “segmento educativo en donde se han concentrado altos índices de repitencia y desgranamiento…”.

Pero, como dice Clarín, 11/8, “Si el nuevo ciclo se convierte en un alargue de la primaria los estudiantes sentirán que pierden el tiempo”, lo cual agravará la deserción. La perspectiva es que la educación básica se reduzca de nueve a seis años, con el agravante de que el alumnado no recibirá título ni certificado alguno por sus estudios cursados.

Importa destacar que Mestre intentó imponer un esquema parecido en la provincia de Córdoba, lo que provocó el llamado “Cordobazo educativo”. A pesar de esto, Mestre ha encontrado quien esté dispuesto a emularlo.

Media y Técnica. Ingreso irrestricto

Contra la alharaca de que serviría para unir la educación con el mundo del trabajo, la polimodal no habilita para un oficio o profesión. El anteproyecto circunscribe la educación a la adquisición de “saberes”, “capacidades” y “conocimientos” en vistas a una ulterior “inserción laboral”. Lo que obtienen los egresados es, por lo tanto, un título basura.

Donde se observa con más claridad este hecho es en la educación técnica. El título de técnico y el certificado habilitante quedan reservados a la enseñanza superior terciaria de los “institutos especiales”. Los polimodales quedan reducidos al servicio de las “pasantías”.

El título de los polimodales tampoco habilita para ingresar a la Universidad. En este punto, la Alianza ha ido también más lejos que el menemismo. Su conocida “Carta a los Argentinos” ya planteaba “un último año no obligatorio, de enseñanza media, preparatorio para la educación superior y la inserción laboral”. Es decir: chau al ingreso irrestricto.

Privatización y oscurantismo

“La Ciudad respeta la libertad de enseñanza. Las personas privadas y públicas no estatales (?) … pueden crear y prestar servicios educativos”, dice el Anteproyecto. Se otorgan amplias facultades a los privados para elaborar proyectos institucionales, establecer sus reglamentos, y nombrar, remover y sancionar a su personal. El gobierno de la Ciudad les compromete su apoyo económico.

Al igual que en la Constitución porteña, el proyecto habla de “aportes” —en lugar de subsidios— y no precisamente por una cuestión literaria sino para reforzar su carácter de contribución obligatoria del Estado. Esto reviste una inusitada relevancia en momentos en que asistimos a un crisis muy aguda de la educación privada y religiosa y las mismas reclaman que el Estado salga en su auxilio.

Banco Mundial

El anteproyecto crea una “Comisión de Evaluación”, que “tendrá a su cargo el seguimiento del funcionamiento del sistema educativo”, o sea el juzgamiento y la estabilidad laboral de los docentes.

El organismo “evaluador” estará conformado por “especialistas” del área, o sea la llamada “tecnocracia” favorable a la ‘privatización’ de la educación y a la ‘autogestión’ de las escuelas.

Entre las fuentes de financiamiento que se enumeran figuran no por casualidad “los recursos provenientes de préstamos aprobados por la Legislatura de la Ciudad”, o sea, los créditos del Banco Mundial. A esa privatización se apunta en la mención de que “hasta el diez por ciento del presupuesto, que no se destine a la masa salarial ni a la infraestructura, será asignado al desarrollo de los proyectos educativos inter-institucionales comunales”.

Contra los docentes

El anteproyecto habla de garantizar una “remuneración digna”, es decir, no asume compromisos salariales. La “Carta a los Argentinos” condicionaba la recomposición salarial a “una mayor capacitación, mayor dedicación y perfeccionamiento continuo”, o sea a la flexibilidad laboral: salario por mérito, recortamiento de licencias, presentismo, incremento de la jornada e intensificación de los ritmos y exigencias de trabajo. Más explícita todavía fue Adriana Puiggrós, una de las principales inspiradoras de la Alianza al decir que: “Los intereses de un sindicato no coinciden con las respuestas de índole política: porque las respuestas que tiene dar la Alianza deben contemplar un conjunto de intereses (familia, alumnos, sociedad)” (La Nación, 16/8). El salario docente es sacrificado en el altar de los intereses de “índole política” (léase de los capitalistas, acreedores y banqueros).

La ley de educación de la Ciudad es un proyecto reaccionario, antieducativo y antidocente al servicio de los peores intereses de clase.