Luego de la presentación de un proyecto para la reducción de la jornada laboral a seis horas, por el oficialista Hugo Yasky y por una bancada ligada a Sergio Palazzo, no se hizo esperar el rechazo a la iniciativa por parte de integrantes del propio Frente de Todos. Andrés Rodríguez de UPCN  y el ministro Martín Kulfas tomaron como propios los argumentos de la UIA para descartarla de plano. Es el único destino que podía tener este proyecto, por su propia limitación y sus motivaciones.

El Ministro de Desarrollo Productivo, Martín Kulfas, se refirió a la reducción de la jornada laboral a 6 horas como “impensable”, haciéndose eco de los planteos patronales sobre el costo laboral. Debemos deducir que al funcionario le parece completamente sensato que al menos 2,3 millones de trabajadores argentinos se encuentren desocupados mientras que el 25,6% de los ocupados se ve obligado a trabajar más de 45 horas semanales para poder subsistir, debido a los bajos salarios.

Según Kulfas, es necesario llegar a niveles de productividad que permitan producir lo mismo que ahora pero con jornadas de seis horas, algo que supuestamente se obtendría en al menos 10 años. En realidad vamos en la dirección contraria. Muestra de esto es que, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Producción, la actividad manufacturera operó en julio un 3,9% por encima del mismo mes de 2019, y sin embargo de los 160.000 puestos de trabajo industriales que se perdieron entre mediados de 2018 y fines de 2019 solo se recuperaron 25.000 en el transcurso de 2020 y lo que va de 2021 (Infobae, 18/8).

La tendencia se agrava porque la “reactivación económica” pospandémica (luego de una caída de 10 puntos del PBI en 2020) se lleva adelante sobre la base de una mayor explotación obrera, extendiendo la jornada laboral o flexibilizando las condiciones de trabajo. Lo ejemplifica el caso de YPF, de mayoría estatal, que aumentó su producción utilizando menos personal que antes de la pandemia, liderando los récords de las petroleras en Vaca Muerta en cuanto a productividad de cada torre con menos dotación de trabajadores -y esto cuando reciben millonarios subsidios en el marco del Plan Gas.

Los capitalistas, cuando incorporan tecnología, no usan ese adelanto técnico para mejorar las condiciones de trabajo sino para intensificar los ritmos de explotación. Por eso deben alertarnos los dichos del ministro que instan a “no tomar esos proyectos como una reducción literal de las jornadas laborales, sino como una reconversión hacia el teletrabajo” (Diario AR, 17/8). Así las cosas, la “libre interpretación” de Kulfas transforma lo que debería ser una conquista de los trabajadores en un beneficio para los empresarios, a aplicar allí donde permita una reducción de costos, los cuales son trasladados al bolsillo de los empleados.

Por su parte, Andrés Rodríguez, dirigente de UPCN y miembro de la cúpula de la CGT, catalogó la propuesta de “prematura”, argumentando que no tendría lugar en momentos de crisis. Lo importante sería aumentar la producción para generar empleo, en lugar de repartir las horas de trabajo ya existentes. Se trata de un planteo abiertamente propatronal. Sin ir más lejos, el sindicato que dirige no movió un dedo para impedir que Kicillof extendiera la jornada laboral de los estatales bonaerense pasando de un régimen de 30 horas semanales a 40; un ataque al gremio que representa, no dirigido a incremento alguno de la producción sino al servicio del ajuste del gasto público para pagar la deuda. Lo que Andrés Rodríguez omite con esa formulación es que la declinación de la economía nacional es el fruto de la huelga de inversiones de los capitalistas y la fuga de capitales, y que la depresión del consumo es acicateada por el afán reducir el “costo laboral” pagando salarios de miseria.

Con todo, expresa la limitación de estos proyectos que se limitan a fijar una jornada laboral de seis horas. Distinto es, precisamente en momentos de crisis, el reclamo del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, como una medida urgente para combatir la desocupación y que todos los trabajadores puedan acceder a un puesto de trabajo genuino. No nos consta que esto sea inviable. La burocracia sindical acepta como válido el discurso de la UIA, pero sin reclamar la apertura de los libros de las empresas para comprobarlo. De este modo, permiten que sea la clase trabajadora la que pague la factura de la crisis, con hambre y desempleo. La apertura de los libros al control obrero demostraría que el problema no es el costo laboral sino el “costo empresario” .

Desde el Frente de Izquierda Unidad levantamos la consigna de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo como parte de un programa consecuente en defensa de los trabajadores. Son reivindicaciones que deben formar parte de un plan integral para reorganizar la producción sobre nuevas bases sociales, como una política al servicio de industrializar al país, avanzar en planes de vivienda y obra pública para generar empleo y reactivar la economía. Es una perspectiva que va en sentido contrario a la orientación de los que gobiernan y gobernaron de drenar los recursos del país en el pago de la deuda y la fuga de capitales.

Demagogia oficial

En definitiva, el horizonte del gobierno es el acuerdo con el FMI, y todo programa fondomonetarista incluye la reforma laboral. Es esto lo que intentan ocultar algunas alas de la coalición oficial reflotando proyectos en época electoral.

En ese sentido, la propuesta sobre las seis horas de dirigentes sindicales integrados al Frente de Todos, como Sergio Palazzo y Hugo Yasky, resulta una verdadera impostura. No solo por lo limitado e inconducente del planteo, sino porque ninguno de los dos defiende en los hechos su promesa de campaña. En La Bancaria, Palazzo fue el primero en firmar la paritaria en torno a la pauta salarial del gobierno, que fue superada en solo medio año. Yasky, como secretario general de la CTA de los Trabajadores y dirigente de CTERA, es responsable del deterioro salarial que sufren los docentes, quienes lejos de trabajar seis horas por día deben cumplir tres turnos diarios para poder llegar a fin de mes.

Por eso, sus proyectos de ley no van acompañados de una campaña para organizar a los trabajadores detrás del reclamo de las seis horas. Sus autores dejan que la iniciativa caiga en el “saco roto” de un parlamento dominado por la agenda de los capitalistas. Tanto es así que ni Palazzo ni Yasky dicen una sola palabra sobre prohibir los despidos y terminar con el trabajo informal, sin lo cual una legislación que estipule la reducción de la jornada laboral se convertiría en “letra muerta”, o en el pretexto para una ofensiva sobre los salarios y las condiciones de trabajo.

Lo nuevo se conquista

La pelea por la reducción de la jornada laboral solo puede ser concebida como la lucha por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario entre ocupados y desocupados, para combatir el desempleo. Depende por ello de la organización independiente de los trabajadores contra las fuerzas políticas del régimen que gobiernan para el FMI. Es un reclamo que deben ir acompañado de la prohibición de despidos, suspensiones y de rebajas salariales; el pase a planta y el trabajo bajo convenio para todos; un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y paritarias indexadas a la inflación; y la apertura de los libros al control obrero, como parte de un plan para invertir las riquezas del país en un desarrollo industrial y productivo.

Es que, justamente para dar curso a una política de industrialización, es indispensable una reorganización social sobre la base de nacionalizar bajo control obrero los sectores estratégicos como la banca y el comercio exterior. Solo así se puede avanzar en la generación de puestos de trabajo genuino, en contraposición a la tendencia a la pauperización que resulta de la presión del capital por recomponer la caída de su tasa de ganancia a fuerza de la superexplotación de la mano de obra.

Solo un programa de defensa integral de los intereses de las mayorías, como el que ofrecemos desde el Frente de Izquierda Unidad, puede promover una salida a la crisis en beneficio de los trabajadores.