La reciente sentencia que condena a Lázaro Báez a doce años de prisión ha desenvuelto una polémica acerca de la “existencia de justicia” en esa decisión judicial. Mientras que los K, como Parrilli, la condenan en razón de que Macri y sus amigos permanecen libres habiendo cometido ilícitos iguales o superiores al del santacruceño, los macristas festejan en virtud de que sus competidores en la puja por controlar los negocios capitalistas de los que son beneficiarios, esto es, los k, han sido duramente golpeados con el fallo de marras.

El PTS, a su turno, lejos de adoptar una postura independiente y de clase, se ha inclinado en esta disputa a favor de una de las facciones burguesas en pugna. En un artículo titulado sugestivamente: “Lucha contra la corrupción sí, casta judicial y persecución política no” señala: “Detrás del festejo de la derecha se esconde una operación política similar a la que se han visto muchas veces en América Latina, donde el poder judicial actúa como puntal de los ataques a las libertades democráticas que consiste en la persecución y eventual proscripción de las figuras políticas que no se subordinan a los intereses del gran capital” (negritas nuestras). ¡Toda una definición! ¿Debemos entender que Cristina no se subordina al gran capital? ¿Cómo calificaría el PTS el protagonismo directo de la actual vicepresidenta para hacer concesiones enormes a los fondos de inversión en pos de que se avengan a un arreglo sobre la deuda externa? ¿O el apoyo de ella directo a Guzmán, que se presenta en el país como un amigo dilecto de la titular del FMI? Aunque el franeleo del PTS con el kirchnerismo viene de larga data, lo que hace más grave esta posición es que ahora es quien comanda al Estado capitalista y por lo tanto es el garante máximo de aplicar la violencia organizada contra la clase obrera.

Los Báez son la expresión (posiblemente más obscena) del programa que el propio Néstor Kirchner proclamó cuando asumió: reconstruir a la burguesía nacional. Lo cual implicó una fuerte asistencia del Estado, es decir del uso de las finanzas públicas financiadas de modo directo por los impuestos extraídos a la población trabajadora. Esta mentada refundación no fue a costa del gran capital sino de los trabajadores. Lo prueba que Cristina en sus mandatos pagó 200.000 millones en concepto de deuda externa, mientras el pueblo se empobrecía de modo evidente.

Si hay algo que es absolutamente cierto es que Calcaterra (también con Báez en el soterramiento del Sarmiento), Rocca y otros grandes capitalistas cometieron tropelías, estafas y negociados de la misma especie y aun de mayor magnitud, pero esto no exime a Báez de su culpabilidad, lo cual pretende Izquierda Diario a partir del fallo dividido en la sentencia contra el lavador k. El fallo disidente así como las declaraciones de Parrilli nunca desmienten que hubo un delito. La plata que lavaba Báez no cayó del cielo, provino de su asociación con el gobierno K y del manejo discrecional de la caja del Estado, lo que Báez y todos los otros lavaban salía del presupuesto de salud, de educación, de vivienda, etc., es decir, de una confiscación a los trabajadores profundizando el derrumbe del país. ¿Se puede ocultar esto basándose en un fallo que difiere sobre cómo caratular el delito?

Ocurre que en el marco de esta crisis del capital en cuyo contexto se exacerban las disputas por los negocios, estos se trasladan al terreno judicial donde se expresan con especialísima virulencia. Pero comparar la destitución de Dilma Rousseff a partir del impeachment del que fue objeto por parte de la derecha es además de desproporcionado, una extrapolación histórica y política completamente inexacta. El PTS se basa para ello en que la resolución de este juicio afecta a Cristina y agrava más su situación judicial lo que confirmaría las denuncias de lawfare. El lawfare no es una declaración automática de inocencia y su denuncia debe ser impulsada en función de los intereses populares y no de la situación judicial de la vicepresidenta; lo contrario implica la consideración de que ella es la expresión de esos intereses. Esta extrapolación caprichosa no puede obedecer a otra razón que un seguidismo a los k por parte del PTS posiblemente con alguna especulación electoral para ganarse el voto de un sector kirchnerista desilusionado por la política general del gobierno.

A diferencia de lo que hace el PTS, un partido revolucionario, obrero y socialista tiene la obligación de reconocer la crisis intercapitalista que se expresa en esta puja judicial, y mostrar un camino político y organizativo que ponga al desnudo la necesidad de la independencia política del capital y mostrar la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Corresponde una delimitación estratégica con el nacionalismo burgués, mostrando que los que para algunos son “arrugues” en realidad son la expresión de los intereses de clase de la burguesía nacional, que ha gobernado también con el macrismo. En este caso concreto que analizamos, el fallo contra Báez no debe ser rechazado como un acto de persecución política, sino que debemos reclamar que toda la patria contratista que gobernó con el kirchnerismo y el macrismo comparezca en el banquillo de los acusados. Actuar como lo hace el PTS termina convalidando la corruptela K y lo que es peor, le regala un sector de las masas populares a la demagogia de la derecha. En cambio, reclamar que sean juzgados toda la patria contratista y sus funcionarios políticos coloca una denuncia sobre la totalidad del régimen político que gobernó en las últimas décadas –de ahí la consigna central aprobada por el XXVII Congreso del Partido Obrero.

Pero Izquierda Diario y el PTS se han inclinado por otra política y en este artículo de evidente coqueteo con el kirchnerismo, patean la pelota afuera: “El sistema judicial no es salida para nadie. La única garantía para ir a fondo contra la corrupción y hacer justicia sobre quienes se aprovechan de los recursos públicos para favorecer a los privados es pelear por la generalización de los juicios por jurados, la elección popular de jueces y fiscales, terminar con los privilegios, disolver todos los órganos de espionaje político y derogar la legislación reaccionaria utilizada para criminalizar al pueblo trabajador, etc.”.

Pero PTS: ¿Báez debe ir preso o no? ¿No ha sido él junto a Néstor, Cristina y Alicia causante del vaciamiento de Santa Cruz en desmedro de los docentes, trabajadores de la salud, docentes, cuyas jubilaciones y salarios llegaron a niveles de miseria como fruto de esta política? Esto es omitido puntillosamente por el PTS, que según se deduce de su planteo debiera plantear la libertad de Báez. La salida que ofrecen es una distorsión del programa que los socialistas enarbolamos para luchar contra el Estado capitalista y acabar con él, no para reformarlo. El PTS propone una salida parlamentaria, cuyos términos están atados a una reforma judicial. Cabe preguntarse si el juicio por jurados es una salida al problema de la corrupción capitalista, que es intrínseca a este régimen. Le recordamos al PTS y también a los lectores que el policía Chocobar, que asesinó por la espalda a un pibe que había cometido un asalto en el barrio de La Boca, pidió un juicio por jurado en el entendimiento que la demagogia punitivista que ha hecho mella en las masas lo puede favorecer. Se trata de una ilusión reformista respecto a un problema vinculado al régimen social, político y económico basado en las relaciones capitalistas de producción. Lo mismo ocurre con la elección de jueces y fiscales, cuyas ataduras al régimen no habrán de eliminarse simplemente por surgir de un comicio. En Estados Unidos el juicio por jurados no ha suprimido fallos racistas y maccartistas como la condena a la silla eléctrica del matrimonio Rosenberg en 1953. La supresión de la legislación reaccionaria y de los organismos de espionaje contra la clase obrera no será el resultado de una acción parlamentaria sino de la destrucción del Estado capitalista –ahora que estamos en el 150 aniversario de la Comuna de París, siempre es bueno recordarlo. Se trata de la lucha de clases y de cómo la clase obrera se yergue en una clase consciente de su papel histórico y lucha por suprimir la explotación de la fuerza de trabajo obrera, destruyendo el Estado capitalista y todas sus manifestaciones. Por eso frente a la disputa de las facciones capitalistas: independencia política de los trabajadores.

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