El debate de la histórica sesión de Diputados donde se aprobó el pacto buitre, empezó con una polémica que anticipó la lucha política.

Héctor Recalde mocionó la convocatoria a consulta popular vinculante que plantea, por sí o por no, pagarle a los buitres en los términos de los canjes de 2005 y 2010. Lo mismo que plantearon luego los dictámenes de Kicillof y de Heller.

El PTS (La Izquierda Diario)  votó favorablemente esa moción luego de saber que nosotros nos abstendríamos, para no votarla y tampoco convalidar –como resultado del mayoritario voto negativo-  el trámite expres de pago a los buitres promovido por el macrismo.

 La moción K constituía una estafa. Sólo la formularon para encubrir su defensa de conjunto del sistema de la deuda, e incluso del propio pago a los buitres –sólo que por algo menos de lo que ofertaron los funcionarios de PRO.

Los diputados del Partido Obrero nos abstuvimos con la siguiente intervención:   “Después de 12 años quieren un proyecto para pagarle un poquito menos a los buitres. No tienen autoridad política ni moral para plantear esto”. Luego, ya en el debate de fondo,  los diputados del PO confrontamos con el pacto colonial de Macri y Prat Gay, colocando la crítica al FPV que votó en contra sólo para defender la política de “reestructuración” de la deuda que convirtió a la Argentina en “pagadora serial” (sic, CFK) y que culminó con el pago al Club de París, a Repsol, al Ciadi y de la ley Chevron.

El voto favorable del PTS a la consulta trucha de los K ha sido una monumental adaptación al kirchnerismo, que sin embargo no terminó allí. Myriam Bregman tampoco apoyó, ni en la sesión ni en los plenarios de comisiones previos, el dictamen en minoría del PO, que integra la Comisión de Presupuesto y que en ese carácter expuso el único dictamen que el FIT pudo presentar sobre esta cuestión. En él (publicamos abajo su texto) planteamos la suspensión del pago de la deuda pública –a excepción de tenencias que afecten a jubilados y pequeños ahorristas-, la formación de una Comisión Investigadora nombrada en un Congreso de Trabajadores electos, la investigación del total de la deuda pública y en función del no pago, volcar sus conclusiones a un Referendo Nacional.

La ruptura del PTS de toda posición común en el marco del FIT, en aras del seguidismo al  kirchnerismo, se ha producido esta vez en un debate crucial del país.

Detrás de la ruptura de los bloques parlamentarios conquistados por el Frente de Izquierda emerge ahora una oposición a la lucha política estratégica que encarna el FIT, que es la separación de la clase obrera del nacionalismo burgués.

 

DICTAMEN DE MINORIA DEL PARTIDO OBRERO

Artículo 1º – Desconocer la deuda con los fondos buitres o holdouts, o sea aquellos tenedores de bonos que voluntariamente quedaron afuera de los canjes I y II (leyes 26.017 y 26.547). Prohibir todo pago sobre estas acreencias para proceder a su investigación.

Desconocer cualquier compromiso de pago que se haya realizado sin aprobación del Congreso de la Nación, único facultado en materia de deuda pública.

 

Art. 2º – Proceder a la investigación del total de la deuda pública argentina originada desde la dictadura militar a la fecha, resultante de la estatización de deudas privadas mediante un seguro de cambio a los tenedores privados, luego incrementada a pesar del proceso de “capitalización” (Plan Brady) que entregó en canje las principales tenencias del patrimonio nacional, incrementada por el megacanje, el blindaje y más recientemente el canje de los llamados créditos garantizados, al igual que por los rendimientos extraordinarios de los llamados cupones PBI del canje de deuda en default realizado en 2005. Esta investigación

deberá incluir los compromisos por venta de “dólares a futuro” realizados en 2015 y convalidados por las autoridades actuales, como asimismo el crédito para capitalización de reservas del Banco Central de la República Argentina adoptado con un grupo de bancos

extranjeros.

 

Art. 3º – Formar una comisión investigadora que tendrá competencia sobre el total de la deuda pública nacional, formada en mayoría simple por profesionales y especialistas en la materia, de carácter independiente, donde quedan expresamente excluidos quienes han tenido responsabilidad en cualquiera de los tramos del endeudamiento nacional de los últimos 41 años, desde 1975 a la fecha. Al mismo tiempo, formarán parte de la comisión un miembro de cada bloque político del Congreso Nacional.

 

Art. 4º – La comisión investigadora será aprobada en sus componentes de carácter independiente por un congreso de trabajadores con representantes electos de todo el movimiento obrero argentino, de todas las centrales sindicales, con representantes de organizaciones de desocupados, de derechos humanos, de defensa ambiental, de los derechos de la mujer y del consumidor.

 

Art. 5º – Mientras se constituye e investiga la comisión investigadora, se suspenderá el pago de la deuda pública a excepción de aquellos títulos que afecten patrimonio de los jubilados, sean de la ANSES o de cualquier otro instituto provincial de jubilaciones, como asimismo de pequeños ahorristas. Estas excepciones serán aprobadas por la comisión investigadora.

 

Art. 6º – Se prohíbe por la presente ley la suscripción de títulos públicos en jurisdicción extranjera.

 

Art. 7º – Las conclusiones de la comisión investigadora serán informadas a la opinión pública y motivo de un debate nacional, durante no menos de 60 días, concesión de espacios en los medios masivos de comunicación para todos los partidos políticos y organizaciones obreras y populares y la convocatoria de audiencias públicas de esta Cámara, televisadas por cadena nacional, para debatir la actitud a adoptar frente al conjunto

de la deuda externa que es motivo de la presente crisis del presupuesto público. Convocar a un referéndum nacional para que sea el pueblo el que decida la actitud a adoptar frente al conjunto de una deuda ilegítima y usuraria, donde nuestra posición es el no pago.

Art. 8º – Desconocer los compromisos fraudulentos asumidos por el gobierno en ejercicio de la presidente Cristina Kirchner durante el año 2015 consistente en venta de dólares a futuro y convalidados por el gobierno del presidente Mauricio Macri, que asumió el 10

de diciembre, que resultan hasta la fecha de sanción de esta ley en un quebranto para la Nación de $ 68 mil millones.

 

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.