Ha salido a la luz, por una investigación periodística, que en mayo fueron robadas 67 pistolas Bersa, nuevas, del edificio central de la Policía de Córdoba. La noticia fue primero negada por De la Sota (la atribuyó a la “internilla” policial) y por el jefe de la policía, Julio Suárez, quien luego de desmentirla tuvo que reconocerla al día siguiente. Nuevamente la policía aparece en el centro de la crisis política provincial.

 

El fiscal anticorrupción (un hombre de De la Sota) decidió encarcelar a dos altos jefes policiales que tenían a su cargo el depósito de armas y la recepción de exposiciones por pérdida de armamento, pero éstos declaran haber hecho la denuncia correspondiente en el mes de junio cuando descubrieron el faltante y que, por lo tanto, el jefe de policía debía conocer el hecho. Suárez es considerado el jefe de la “policía de De la Sota”, es decir, de una facción dentro de la fuerza policial que responde directamente al gobernador. Suárez es parte del sector desplazado luego del “narcoescándalo” que llevó a la cárcel a la jefatura de la División Drogas Peligrosas, y del amotinamiento de diciembre de 2013. Suárez terminó haciendo una purga y desplazó a 500 efectivos, pero tuvo que sortear varias crisis.

 

Pudrición del Estado

 

Todas las crisis policiales pusieron de manifiesto la asociación de la policía con el delito organizado. Hace poco menos de un mes se conocieron escuchas que involucran a un ex jefe de la regional Río Cuarto con una red de narcotraficantes de la provincia de Buenos Aires. A mediados de año se conoció que el jefe de la división Robos y Hurtos mantenía una estrecha relación (700 llamadas cruzadas) con el principal reducidor de autos de la Capital.

 

El robo de armas es atribuido a una provisión directa a los delincuentes que actúan bajo el control y organización del propio aparato estatal.

 

La pelea de fondo

 

Todas las denuncias pegan en la “línea de flotación” de De la Sota, cuyo aparato se desgrana: una parte se ha ido con Scioli, y su base social (la burguesía del campo y la industria) ha migrado hacia Macri; además, el 10 de diciembre, Juan Schiaretti toma el control del gobierno y del PJ. En juego no sólo están los negocios ligados al delito, también lo están obras millonarias (gasoductos troncales) que involucran a actores mucho más poderosos y enfrentados entre sí. La crisis política recién comienza.

 

El pueblo debe saber

 

Hay un crecimiento exponencial de robos, asesinatos y narcotráfico; la inseguridad es el resultado de un Estado mafioso que organiza el delito. El otro aspecto es el aumento del abuso, la represión policial y el gatillo fácil que golpean fundamentalmente a la juventud y que se vale del Código de Faltas para dotar de impunidad e inmunidad a este aparato podrido.

 

Los bloques opositores han planteado una interpelación al ministro de Seguridad (un personaje desconocido) en la Unicameral. La misma debe extenderse al jefe de policía y al propio De la Sota que deben responder en forma pública para que el pueblo tome conocimiento de todas las implicancias y consecuencias de este aparato estatal en descomposición.