La Mella acaba de jugar un papel lamentable en relación la crisis de Time Warp y la situación de los boliches bailables en la Ciudad. Importa indagar en el asunto, en primer lugar para desagraviar a la Federación Universitaria de Buenos Aires frente a una nueva usurpación por parte de esta corriente (y van…), pero además para analizar las consecuencias de un método político contrario a la movilización independiente y transformadora de la juventud.

La Mella evitó traer el tema a debate a las reuniones de la Fuba, donde podríamos haber resuelto los términos de una campaña para movilizar a los estudiantes frente a este nuevo Cromañón contra la juventud, en este caso, perpetrado por narcocapitalistas de la noche en complicidad con las fuerzas de seguridad y funcionarios del Estado porteño. En lugar de ello, La Mella hizo abuso del sello de la Federación para pedirle a la justicia una medida cautelar, junto a una ONG anti-drogas y la federación de cartoneros, ambas ligadas al papa Bergoglio.

En vez de apelar a la lucha de la juventud, La Mella recurrió al Estado para encontrar una respuesta. La salida la dictó el viernes pasado el juez Gallardo, cuando hizo lugar a la cautelar en cuestión y prohibió la totalidad de las fiestas en la Ciudad. El fallo del juez hace un diagnóstico lapidario sobre la impunidad con la cual actúan los narcoempresarios, a causa de la complicidad del gobierno y sus “órganos de control”. Pero establece una salida prohibicionista. No vale hacerse aquí el desprevenido, porque el Estado –convocado a actuar- naturalmente iba a abordar la situación con los métodos que le son propios. Pero la cosa no quedó ahí. Acto seguido, otro juez, Lisandro Fastman, decidió intervenir, dejando sin efecto la cautelar pedida por La Mella. Fastman convocó entonces a una audiencia de la que participaron los amparistas junto a la fiscalía, el gobierno porteño y la Cámara Empresaria de Discotecas de Buenos Aires. De acuerdo a los medios de comunicación, la audiencia finalizó cuando el juez “constató el común acuerdo de las partes” en relación a una serie de informes y controles a realizar. Lo que empezó con una cautelar promovida en yunta con agrupaciones cercanas al Vaticano, terminó con un acuerdo entre los mismos empresarios y funcionarios que llevaron a las muertes de Time Warp. En las vísperas de Cromañón, el sistema de control a boliches por parte del gobierno de Ibarra también funcionaba en base a “consensos” –el final ya lo conocemos.

La crisis abierta a partir de la muerte por intoxicación de cinco jóvenes exigía una actitud completamente diferente. Fue la adoptada por el legislador Marcelo Ramal, cuando rechazó votar un “pedido de informes” inocuo redactado por Cambiemos y exigió el juicio político a Rodríguez Larreta –es decir, la cabeza del gobierno cuya orientación social y política condujo a las cinco muertes. La UJS se encuentra empeñada en una campaña para esclarecer los intereses sociales y las responsabilidades políticas que emergen de Time Warp, y convocar a la lucha independiente de la juventud en su propia defensa. Promovemos el pronunciamiento por el juicio político a Larreta en todos los centros de estudiantes y consejos directivos de las facultades. Vamos por el enjuiciamiento del Estado responsable, y no por su rescate a través de maniobras judiciales que

empeñan a las organizaciones de lucha de los estudiantes en medidas prohibicionistas o acuerdos con los verdugos de la juventud.