Un acuartelamiento de la policía durante una semana ha coloca­do nuevamente al régimen romeris­ta ante una crisis de conjunto.

Los integrantes de una de las policías más bravas del país, con 5 muertos en el Norte, con centena­res de casos de tortura y represión a movilizaciones populares, de­nuncian a sus jefes por corruptos y una situación de salarios y condi­ciones de “trabajo” intolerables.

Los barrios de la clase media or­ganizados en las juntas del agua pa­ra enfrentar la instalación de medi­dores y los tarifazos producidos en el marco de la renegociación del con­trato con Aguas de Salta; los médi­cos que hacen saltar el propósito privatista de Romero en la salud pú­blica con la instrumentación del lla­mado “seguro provincial de salud”; los remiseros y los trabajadores del transporte que ponen en evidencia el curro de la Sociedad Anónima del Transporte metropolitano; la lucha salarial de todos los estatales ante el anuncio de congelamiento sala­rial en el presupuesto 2005, que de­lata el propósito romerista de con­centrar en sus negocios el superávit de 400 millones que tiene la provin­cia, todas estas luchas desnudan al régimen de Romero y abren un abismo cada vez mayor con las grandes masas populares y con diversas cla­ses sociales.

La rebelión policial ha desnu­dado que el sueldo de los policías está compuesto en un 90% de adi­cionales, de tal suerte que para completar el sueldo la policía debe actuar obligadamente como una especie de guardia privada de los funcionarios, los grandes empresa­rios y el alto mando.

De entrada, Romero rechazó un aumento al básico, como forma de defender este sistema de coacción sobre la policía. Cualquier forma de mejora salarial debía ser en ne­gro, y debía cerrarse todo cuestionamiento a la dirección política de la Policía.

Con el auxilio de Kirchner

Romero ha convocado, en los térmi­nos de la Ley de Seguridad Interior (que opera con reuniones mensua­les de los secretarios de Seguridad provinciales e intervención de to­das las fuerzas armadas), a consti­tuir un comité de crisis para que la Gendarmería se haga cargo de la seguridad en la provincia. De este modo se amenazó con una interven­ción militar a la provincia y una semintervención política. A las órde­nes del Ministerio del Interior, la Gendarmería se declaró dispuesta a intervenir jugando esta presión para tratar de levantar el conflicto y recomponer la cadena de mandos, purga mediante. No es para menos, ya que el propio K, en avanzadas negociaciones para un acuerdo po­lítico con Romero, tuvo que suspen­der su viaje a Salta previsto para el miércoles 3, a fin de evitar ser reci­bido por una pueblada como la de Tucumán el 9 de julio…

Claro que, si efectivamente se concreta el envío de gendarmes, K se cuidará de decir que es “respe­tuoso de la autodeterminación de las provincias en un régimen federal”.

La crisis policial ha sido la opor­tunidad para que el Partido Obre­ro desarrolle a fondo una platafor­ma para ir hasta el final con una intervención popular en el conflic­to, que sume a las denuncias de los acuartelados el conjunto de las de­nuncias del pueblo de Salta contra los atropellos policiales. Que impul­se mecanismos de control directo de la población sobre la policía, para liquidar su carácter de guardia pri­vada de la camarilla dominante. Para eso defendimos el salario bá­sico inicial para todos los estatales en $750, y que se termine el siste­ma de coacción de los adicionales. (Ver propuestas de la declaración provincial del PO).