14/06/2021

¿El “Registro de Inmuebles Baldíos” resuelve el problema de la vivienda?

A propósito de la ordenanza municipal impulsada por el Frente de Todos en Avellaneda.

El Concejo Deliberante del distrito bonaerense de Avellaneda, a instancias del Frente de Todos, aprobó la creación de un «Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruída o con Edificación Paralizada». Las propiedades allí incluidas comenzarán a pagar, a partir de los tres años, un gravamen del 50% sobre la tasa de servicios generales, y, al cabo de 8 años, el municipio quedará habilitado para declarar de utilidad pública el inmueble y expropiarlo, previo paso por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y el pago de una indemnización. La iniciativa es presentada como progresiva en materia de derecho a la vivienda, sin embargo, no lo garantiza.

La medida va en sintonía con las declaraciones que realizó Alberto Fernández en un acto en Mercedes, donde afirmó que “no tiene sentido tener improductivas cuando alguien está necesitando un terreno, y no tiene sentido guardarlo para el día que se muera lo herede”. A juzgar por los desalojos impulsados por el gobierno a las ocupaciones de tierras que tuvieron lugar el año pasado, como ocurrió en la emblemática toma de Guernica, tampoco tiene sentido para el presidente utilizar las «tierras improductivas» en la construcción de vivienda popular, sino destinarlas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.

La ordenanza aprobada en el territorio del actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, es pura demagogia. En primer lugar, no establece que el impuesto al inmueble ocioso vaya dirigido a políticas habitacionales, se sabe que engrosará las arcas municipales pero se desconoce para qué fin. A su vez, la demora de ocho años para recién evaluar la posibilidad de expropiar el terreno baldío o edificación abandonada deja en claro que es una maniobra dilatoria.

Por otro lado, la resolución municipal no hace ninguna distinción de si se trata de una propiedad cuyo dueño tenía la intención de construirse una casa y la dificultad económica de comprar materiales de construcción se lo impidió, o si el objetivo era la especulación inmobiliaria. Si corresponde al primer caso, los impuestazos y la posterior expropiación no consisten en medidas progresivas, sino todo lo contrario, alejan cada vez más al trabajador de la posibilidad de terminarse la casa propia. Además, la indemnización se realizará, no sobre los precios de mercado, sino sobre la valuación fiscal, la cual está desactualizada, destruyendo el patrimonio del trabajador.

Al no llevarse a cabo esta diferenciación, la indemnización para aquel que, por el contrario, posee un inmueble ocioso con la finalidad de especular se transforma en una especie de rescate. Es decir, sigue sin haber una condena por parte del Estado para este tipo de prácticas que colaboran con que aumente el valor del suelo y que la familias trabajadoras se vean obligadas a asentarse en lugares inundables, en condiciones de hacinamiento.

Tampoco existe garantía alguna de que estos terrenos declarados de utilidad pública vayan a utilizarse en la construcción de viviendas populares y no sean cedidos a los pulpos inmobiliarios para que realicen negociados.

La demostración palmaria de que la creación de este registro no significa un avance en erradicar el déficit habitacional es que no va acompañado de una partida presupuestaria asignada para la construcción de casas en esos lotes. En todo el país está prevista la construcción de tan solo 800 viviendas a través del Procrear, una cantidad sumamente insuficiente para garantizar el derecho a vivienda del conjunto de la población.

Además, tampoco está asegurado el acceso de los sectores populares a dichas viviendas. Para obtener un crédito del Procrear el ingreso familiar debe ser superior a dos salarios mínimos y el mismo contempla una tasa de interés del 25%. Como se ve, quienes perciben los salarios más bajos tienen vedada la posibilidad del techo propio.

Una verdadera política habitacional debe contemplar, en primer lugar, la creación de un banco de tierras fiscales y ociosas -cuyos propietarios las utilicen para la especulación inmobiliaria- donde se construyan las viviendas populares bajo control de los vecinos. La cantidad de casas a construir debe ser acorde a las necesidades y tiene que incluir la extensión del tendido de los servicios públicos. Para esto es necesario realizar un censo en todo el país que releve a aquellos que precisen una vivienda.

Las obras deben realizarse contratando mano de obra desocupada bajo convenio colectivo de trabajo. Es fundamental el acceso universal al crédito hipotecario, a tasa cero, sin requisitos excluyentes, cuyas cuotas mensuales no superen el 10% de los ingresos familiares. Romper con el FMI, repudiar la deuda externa y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital son pasos fundamentales para financiar este plan. Forma parte de un programa que defendemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad para que las mayorías gocen del derecho a la tierra y a la vivienda.