La intención de movilizar militares a las fronteras para “la lucha contra el narcotráfico”, anunciada por el gobierno, puede tener cualquier propósito menos el que se anuncia: por ejemplo, los asesinos de Lucía vendían drogas en proximidades de colegios, a la vista de todos, protegidos por la policía y por el municipio de General Pueyrredón; el jefe de la policía bonaerense está denunciado por sus vínculos con narcotraficantes y las causas contra gendarmes por el mismo delito acumulan cerros de expedientes. Jueces, policías, funcionarios de todos los niveles, intendentes, punteros políticos y las fuerzas de seguridad están tomados por el narcotráfico e incluso lo están gobiernos enteros, como ocurre en Santa Fe. Por eso, ir a buscar narcotraficantes a la frontera es un absurdo, un bluff para ingenuos.

En cambio, como dice La Nación (17/10) la creación de un organismo coordinador entre Seguridad, Migraciones, Cancillería y Defensa “hará más poderosa a la ministra Patricia Bullrich”; es decir, a la autora del protocolo represivo contra cualquier movilización popular. Al mismo tiempo, subrepticiamente, se reinstala a las Fuerzas Armadas en funciones de represión interior, se quiere blanquear y dar fuerza de ley a lo que el kirchnerismo hizo clandestinamente mediante el aparato de inteligencia del genocida César Milani. Hay una continuidad casi lineal con el gobierno K, que ya les había dado a los militares un lugar en la política que no tenían desde 1983.

La idea de emplear militares en la represión interior ya había sido diseñada por el ministro de Defensa de Cristina Kirchner, Agustín Rossi, con Milani: fue el operativo Fortín II, por el cual tropas del Ejército marcharon a provincias también para “combatir al narcotráfico”. Fue una operación ilegal, prohibida por ley. Ahora, en cambio, se intenta que una nueva legalidad habilite jurídicamente aquella medida kirchnerista. Previamente (sorpresas te da la vida) el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, había replegado a los miles de soldados enviados a la frontera por el gobierno K.

La Doctrina de Seguridad Nacional

Ahora bien, el verdadero debate es el que empieza a instalar Carlos Pagni desde su columna en La Nación (17/10): “El decreto Kirchner/Garré (el 727, que prohíbe a los militares actuar en la represión interior) atrasa varios años. Sólo concibe que los militares luchen contra otros ejércitos estatales”.  Insinúa un retorno a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).

Se debe recordar también que aun desde el punto de vista de la legalidad burguesa, las Fuerzas Armadas no se preparan doctrinariamente para actuar de policía interior: su doctrina es la del aniquilamiento, la doctrina de la guerra, no la “corrección” de ciudadanos descarriados mediante el garrote policial. La militarización de la supuesta lucha contra el narcotráfico no es tal, porque al narcotráfico lo tienen adentro, el narcotráfico es el Estado. Toda militarización se desenvuelve contra el pueblo argentino.

Como se ve, la lucha por pan y trabajo, la lucha de los jóvenes y de las mujeres, deberá librar una fuerte batalla democrática contra esta reacción en toda la línea del Estado de los capitalistas.