Como detallamos en otras notas de Prensa Obrera, se han presentado varios proyectos de reducción de la jornada de trabajo (Recalde, Yasky, Ormachea). A simple vista progresivos respecto de la jornada semanal de 48 horas semanales en la Argentina, que data de 1929. Sin embargo la iniciativa nace en los países imperialistas europeos y aún en otros como Corea del Sur y Estados Unidos, y su contenido dista por completo de una herramienta para bajar la desocupación, sino más bien para adaptar de manera más plástica la capacidad de superexplotación de los trabajadores y aún la capacidad ociosa oscilante como resultado de la violenta crisis capitalista mundial, en particular desde 2008.

Efectivamente, la reducción de la jornada legal implementada durante los ‘90 en varios países de Europa se basó en la necesidad de conseguir el apoyo de las burocracias sindicales al ingreso a la unión monetaria, que resignaba la soberanía monetaria, requería metas de disciplina fiscal y auguraba reformas laborales flexibilizadoras enfocadas en revisar a la baja las conquistas sociales y sindicales. “La mayoría de las reformas de esa época se centraron en acortar la jornada diaria, en vez de disminuir los días laborales. Las reducciones de la jornada laboral estándar de fines de los ‘90 implementadas en parte de Europa no buscaron en todos los casos reducir las cifras de desempleo sino que representaban una medida de acercamiento a los sindicatos para apoyar la conformación de la UE, cuya entrada tenía pautas estrictas referidas a disciplina fiscal e inflación (OIT, 2019; Raposo & van Ours 2008).” “Varias centrales de trabajadores venían reclamando desde de los ‘80 la reducción de la jornada laboral. Los empleadores estaban dispuestos a acceder a esa reivindicación a cambio de avanzar en la flexibilización laboral requerida explícita o implícitamente para la consolidación de la UE (Campos Lima & Naumann, 2011).

He aquí el nudo de la cuestión. La burguesía apuntó a varias cuestiones a la vez: aumentar la productividad de los trabajadores mediante flexibilización en los convenios colectivos y regulaciones, aplicar una mayor explotación de los trabajadores aumentando la composición orgánica del capital por la vía de la incorporación de avances tecnológicos basados en la robotización y otros, y por otro lado mediante una jornada más reducida en cantidad de días u horas fijas de trabajo tener la capacidad de extender o no la jornada de acuerdo a los flujos productivos. Algo que desde 2008 en adelante, con la crisis capitalista que arrancó con la quiebra de Lehman Brothers, se hizo más necesario todavía.

Un estudio (Batut et al 2022) analiza los efectos sobre el empleo de reducciones en la jornada legal en cinco países de Europa que tuvieron lugar entre 1995 y 2007 (Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Eslovenia). Encuentra que las reformas disminuyeron las horas promedio trabajadas por ocupado y las horas totales trabajadas. Por eso no hay aumento del empleo. Tampoco se produjo impacto negativo sobre las ventas empresarias. En base a la evidencia europea, hay consenso en la literatura empírica en que no se produce un “reparto de horas” a partir de la reducción de la jornada laboral y la subsiguiente creación de nuevos puestos. Tampoco encuentran efectos negativos sobre el empleo (que podrían derivar de un mayor costo laboral horario), como se podría inferir de acuerdo a las tesis ortodoxas de oferta y demanda de trabajo.

En Francia los estudios realizados confirman que “el nulo impacto sobre el empleo de las denominadas leyes Aubry, la menor recaudación de la seguridad social originada en los estímulos del gobierno para su adopción y la presión de las empresas por flexibilizar aún más las condiciones de contratación se encuentran por detrás de la postura de anular de facto su vigencia por parte de Macron” (Universidad del Sur).

En “Colombia el grupo Hada (fabricante de productos de aseo) adoptó en enero de 2022 la semana de 4 días laborales para sus empleados y fue aceptada por 80% de la planta de personal. Las reducciones de la jornada laboral más recientes no apuntan en su mayoría a disminuir la jornada total, sino a acortar la semana laboral a cuatro días. Aún no hay evidencia sobre su impacto aunque el principal parece enfocarse en el menor ausentismo laboral. De esta revisión surgen dos conclusiones. Por un lado, el hecho de que la semana laboral acortada sea optativa o se haya implementado en algunas organizaciones específicas impide extender los resultados de estas experiencias a otras organizaciones o contextos. La escasa evidencia disponible parece indicar que los resultados se expresan en menor ausentismo” (ídem).

Este “modelo” de convenio por empresa es extendido en Corea del Sur. Donde la reducción de jornada es una norma general, pero en convenio de partes puede extenderse hasta 52 horas semanales y hasta 12 horas diarias. Allí se expresa cabalmente hasta dónde una reducción en los términos formales, en el marco capitalista actual y en el marco de la flexibilización de los convenios por empresa que pululan en la Argentina puede ser directamente funcional a la empresa capitalista y no a combatir la desocupación.

“Por otra parte, las recientes iniciativas de reducción de la jornada laboral legal ocurren en un contexto generalizado de caída de las horas trabajadas por ocupado. Desde 2008 especialmente, excepto China, India, Bangladesh y quizá, México, varios países registran un descenso paulatino de las horas trabajadas por persona. Mientras que en algunos países esto podría atribuirse a las modificaciones regulatorias, en otros, como Argentina, el descenso ocurre sin haber modificado los marcos legales” (ídem).

O sea que en la Argentina también hay margen capitalista para canjear la reducción por reforma laboral, algo que está en la mira de todos los sectores patronales. La burocracia sindical a través de Gerardo Martínez ha vuelto a fijar la máxima de Luis Barrionuevo: “la reforma laboral la hacemos nosotros, gremio por gremio”.

En este contexto, las propuestas de reducción de jornada que la burocracia meneó el primero de mayo último, forman parte de un canje para viabilizar, en formato peronista, la reforma laboral antiobrera, algo que las burocracias socialdemócratas y enoestalinistas viabilizaron y viabilizan en Europa. Y, agreguemos, que está en la agenda de toda la burguesía.

En nuestro país se conquistaron las 6 horas en el Subte por insalubridad. También en enfermería, que no se aplica en todas partes y que en numerosos casos es suplido mediante horas extras, atentando contra el sentido mismo de la reducción que no es repartir hora de trabajo sino proteger ante la insalubridad de la tarea.

Esto nos introduce en otro universo, en el de las horas extras y el doble empleo para completar un ingreso de supervivencia, cuando el promedio salarial ha caído por debajo de la línea de pobreza, hoy superior a los $200 mil. La reducción de jornada en el marco de la entrega salarial de la burocracia sindical que abandonó el Mínimo Vital y Móvil a línea de indigencia y que se adaptó a los topes de Massa y el FMI en el marco de la altísima inflación puede ser canjeada de inmediato por un mayor esfuerzo directo del trabajador y con él un aumento de la plusvalía de manera absoluta.

Por fin tenemos el trabajo en negro, la friolera del 40% de la mano de obra que no se rige por jornada alguna por carencia total de derechos. Dentro del 60% restante hay que excluir a los cuatro o cinco millones de monotributistas que son trabajadores y tampoco tienen jornada alguna, como los repartidores, por ejemplo, el sector de moda en la superexplotación del trabajo juvenil (y no tan juvenil). Lejos, la legislación abarcaría menos de la mitad de los trabajadores, para los que vale el análisis y los antecedentes que exponemos.

El reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario que levantamos desde el Partido Obrero, en sintonía con el Programa de Transición de León Trotsky que planteó la “escala móvil de horas de trabajo”, es completamente diferente y hasta antagónico con la leyes que hoy, demagógicamente, enarbolan desde La Cámpora y el sindicalismo kirchnerista. Se trata de una medida que supone una reorganización económica bajo el mando de los trabajadores que acabe al mismo tiempo con el trabajo en negro, con el doble empleo, con las extras, que establezca un salario mínimo equivalente a una verdadera canasta familiar y que rija el trabajo en la base estricta del convenio colectivo de actividad, lo que supone una planificación socialista. Por eso el reparto de las horas de trabajo es una consigna de lucha por el poder de los trabajadores para llevarla adelante.

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