Con el revalúo fiscal inmobiliario, el gobierno de Vidal ha dado una vuelta de tuerca más en el torniquete que está aplicando a los trabajadores.

En medio de una ola de despidos masivos en numerosas dependencias estatales y del anuncio de topes paritarios del 15% en cuotas, que se combinan con los tarifazos del transporte, el agua y la electricidad, comienza a regir la nueva valuación fiscal de los inmuebles en suelo urbano, con incrementos que alcanzan el 1000%.

Si bien desde el gobierno hacen énfasis en que la Ley Impositiva 2018 establece topes en el incremento del Impuesto Inmobiliario Urbano, no es cierto que ello redunde en que el promedio de los aumentos sea del 56%. Es que las escalas sobre las que se aplican los topes quedaron muy por detrás de las nuevas tasaciones, que al crecer por encima del 900% dejó a la mayoría de los inmuebles en las franjas más altas con subas desde el 60% y hasta del 75%.

El impacto del revalúo también se hará sentir en las tasas municipales, que se calculan sobre la valuación fiscal de los hogares, al igual que los servicios de agua y electricidad. A su vez, cualquier familia trabajadora con una vivienda propia en un centro urbano podrá ser fácilmente alcanzada por el Impuesto a los Bienes Personales, con superar el mínimo de $1.050.000.

Mientras se implementa este impuestazo, Vidal dejó exento del revalúo al Inmobiliario Rural. Los terratenientes de la provincia se benefician con el congelamiento del valor fiscal de sus terrenos cuando, en una de las zonas más productivas del mundo, aportan sólo el 2,75% de la recaudación provincial. Este regalo a los grandes capitales del campo se suma a los que establece el Pacto Fiscal aprobado en diciembre, que reduce progresivamente las alícuotas que paga la actividad agropecuaria por Ingresos Brutos hasta llevarlas a 0% en dos años, y eliminó el tributo de 2% a la producción rural en inmuebles alquilados (pooles de siembra). De conjunto, el esquema adoptado por dicho Pacto lleva a que dentro de cuatro años el gasto tributario (es decir, lo que no pagan las empresas) pase de 15.000 millones a 65.000 millones de pesos.

Todo esto sucede cuando el gobierno (que desestimó en el cálculo de recursos del Estado provincial los 40.000 millones de pesos más que recibirá este año por el Fondo del Conurbano) incrementó un 40% las exenciones impositivas a las empresas. El ajuste contra los trabajadores tiene como claro horizonte el alivio de la “presión tributaria” sobre los capitalistas.

En oposición a esta confiscación, defendemos la eliminación del impuesto a la vivienda única y un gravamen progresivo sobre las grandes fortunas (empezando por los terratenientes), como parte de una reorganización económica de la provincia y el país sobre nuevas bases sociales. Abajo el impuestazo.