Se viene batiendo el parche sobre la falta de sustentabilidad del régimen de jubilaciones. El argumento es que la Anses financia con recursos propios apenas el 40 o 50% de las jubilaciones. Eso fue utilizado por los sucesivos gobiernos para justificar los magros haberes jubilatorios donde el 60% de los jubilados gana la mínima, de 14.000 pesos, y rechazar los pedidos de aumento y recomposición dirigidos a revertir este escenario. Esto no ha sido patrimonio sólo de los gobiernos neoliberales sino de los nacionales y populares.

Alberto Fernández no ha sido la excepción. La suspensión de la movilidad apunta a un nuevo recorte, que representaría, según algunas estimaciones, un 0,7% del PBI, unos 2.800 millones de dólares, parte del paquete de ajuste en el marco de la renegociación de la deuda.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Lejos de vivir los jubilados del Estado, el Estado capitalista ha vivido a costillas de éstos. El despojo abarca planos múltiples y variados: desde la rebajas de los aportes patronales y evasión previsional, de la mano del trabajo informal y la precarización, pasando por el quebranto que representó el negociado de la jubilación privada, hasta el vaciamiento de las cajas que fueron utilizadas para otros fines, preferentemente al pago de la deuda.

Si sumáramos todos los conceptos aquí adscriptos, nos llevaríamos la sorpresa que en los últimos 50 años los jubilados han sufrido una exacción de 200.000 millones de dólares y, a lo mejor, nos quedamos cortos. ¡Medio PBI robado a los jubilados! Solamente en los cuatro años de gestión macrista, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) perdió 45.000 millones de dólares.

Destrucción de la jubilación

Estamos en presencia de una enorme confiscación que comienza en la explotación en la fábrica o empresa, pero no termina allí. El trabajador sufre un despojo en su calidad de consumidor, a través de la inflación y el sistema impositivo, y también a través del salario indirecto. La jubilación es uno de sus componentes. El sistema original jubilatorio concibió la jubilación como un salario diferido, cuyo monto, por lo tanto, debería ser semejante o próximo al que el trabajador venía cobrando en actividad. No tenía nada de fantasioso, pues el aporte de 30 años unido a una capitalización de esos aportes, por más conservadora que fuera, permitían reunir holgadamente los recursos para otorgar el 82 por ciento móvil. Importa señalar que las cajas de jubilaciones, que comenzaron a multiplicarse y ampliarse en los años ’20, ’30 y ’40 del siglo pasado, fueron inicialmente superavitarias pues entrababan los ingresos por aportes, pero las primeras jubilaciones se fueron efectivizando recién décadas más tarde.

 

Lo que se omite decir es que las cajas previsionales fueron vaciadas por el Estado. Estos fondos tenían como propósito y destino financiar las jubilaciones; sin embargo, se fue haciendo costumbre desviarlos para otros destinos, para subsidiar al capital y, crecientemente, para el pago de la deuda.

En la actualidad hay 11 millones de aportantes en actividad y 8 millones de beneficiarios -o sea, una relación de 1,4 entre activos y pasivos. Quienes cuestionan el actual sistema, señalan que esa relación hace inviable su existencia, prescindiendo del saqueo que fueron sufriendo los recursos acumulados en las cajas de los jubilados. ¿Por qué tomar como fondos disponibles exclusivamente el flujo de recursos actual, prescindiendo de los del pasado y de los rendimientos que se iban obteniendo con la inversión de los mismos?

Rebaja de los aportes patronales

Incluso, esta ecuación no deja de ser una falacia, pues ese flujo de recursos viene siendo podado, empezando por la rebaja de los aportes patronales.

Bajo el menemismo, las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% (promedio) en 2000. Esto provocó un desfinanciamiento sensible del sistema jubilatorio y en general de las prestaciones sociales. A principios de los ’90, los aportes y contribuciones previsionales cubrían el 75% de las jubilaciones. En 2004, apenas el 30%. ¡Un derrumbe!

La experiencia de los noventa demostró que la reducción del costo laboral no reactivó la economía ni redundó en un incremento del empleo. De hecho, uno de los picos de la tasa de desocupación tuvo lugar en 1994, con un 19,4% de desempleados.

El antecedente de las medidas tomadas por Cavallo hay que buscarlo en la dictadura militar, que dispuso directamente en 1980 la supresión del total de las contribuciones patronales. Alfonsín restableció las cargas patronales pero nunca volvió a los niveles anteriores. Es decir, los gobiernos democráticos, sin distinción, mantuvieron una línea de disminución comparada con sus promedios históricos.

El propio kirchnerismo también apeló a recortes de las contribuciones patronales, aunque más acotadas, con reducciones del 50 y 25% para microempresas y pymes. El macrismo echó mano al mismo expediente, por lo que han dejado de entrar a las arcas públicas por lo menos a 2.000 millones de dólares. Alberto Fernández congeló el mínimo no imponible profundizando esta línea.

La otra cara del desfinanciamiento

Otra de las caras del desfinanciamiento es la desocupación. En 1990, aportaba el 50% de los empleados, mientras que diez años más tarde apenas llega al 40. Esto se potencia por el aumento del trabajo en negro y la informalidad que llegó a cerca del 40%, situación que no se revirtió hasta el día de hoy. Los más de dos millones de personas que no habían podido completar 30 años de aportes y que se jubilaron por medio de un régimen de moratorias no son los responsables del actual desequilibrio del sistema jubilatorio, como denuncian sus detractores, sino unas de sus víctimas.

No se puede sustraer del estado actual del sistema jubilatorio el descalabro provocado por la jubilación privada. Se llega a la paradoja de que el déficit estatal fue financiado con los propios recursos administrados por las AFJP. En promedio, entre 1995 y 2006, el 57,5% de esos fondos de las AFJP se utilizó para la compra de la deuda pública. De esta forma, el Estado en la necesidad de utilizar los recursos que había transferido hacia las administradoras privadas de 1994, tuvo que recurrir a ellos, pero los mismos volvían “desguazados” por las comisiones cobradas por las AFJP e implicaban un incremento de la deuda acrecentada por los intereses.

En un estudio realizado se señala que el déficit previsional en el año 2000, estimado en 3,3% del PBI, se origina el 50% en los aportes raspados a la jubilación privada y un 40% a la rebaja de los aportes patronales. Aquí tenemos un radiografía de las causas de la crisis previsional.

A esto hay que agregar el uso de esos recursos para el pago de la deuda. Ya señalamos que más de la mitad de los fondos administrados por las AFJP eran invertidos en títulos públicos. Eso no cambió bajo el kirchnerismo, que siguió con la misma práctica una vez consumada la estatización del sistema jubilatorio. Los fondos recuperados fueron destinados al pago de la deuda. El “desendeudamiento” con los privados tuvo como contrapartida el endeudamiento con los organismos públicos, incluida la Anses, que fue acumulando en sus activos títulos de deuda que se iban depreciando y candidatos a un default, como terminó de estallar finalmente bajo el macrismo. El gobierno saliente devastó la caja de respaldo de las jubilaciones. Recibió el FGS con activos por unos 67 mil millones de dólares y hoy apenas llegan a 22 mil millones. En casi cuatro años bajó 70 por ciento en dólares.

 

Conclusión

El 82 % móvil es perfectamente sustentable, para eso hay que poner fin a este verdadero robo y depredación capitalista. Es necesario restablecer las contribuciones patronales a su nivel original, previo a las rebajas de Cavallo en el ’90. Hay que devolver los fondos saqueados a la Anses, reconociendo los títulos hoy basura y al borde de default al 100% de su valor nominal y rescatarlos, entregando los fondos correspondientes al tipo de cambio vigente, de modo de reconstruir su patrimonio. Otro punto central es terminar con el trabajo en negro. La jubilación mínima debe superar la canasta básica, calculado en 40.000 pesos. Esto, obviamente, implica invertir la fórmula pues, en lugar de renegociar la deuda con los bonistas, la primacía debería tenerla la deuda social, entre ella, la deuda con los jubilados, a quienes deberían asignarles la categoría de “acreedores privilegiados”.

Un manejo responsable y racional de los recursos permitirá al mismo tiempo que crear un fondo de inversiones productivas, ir sacando de su rendimiento los recursos necesarios para atender la cobertura del 82% móvil.

Naturalmente, para este propósito la administración de la Anses debería quedar bajo el control de los propios jubilados y en esa medida, integrarse a una reorganización y transformación integral del país, sobre nuevas bases sociales dirigida por los trabajadores.